Derivación de Responsabilidad Tributaria: Proteja su Patrimonio Personal ante la AEAT

La derivación de responsabilidad tributaria es el procedimiento mediante el cual la AEAT exige a un tercero —administrador, socio u otro responsable— el pago de deudas tributarias de la sociedad deudora principal, regulado en los arts. 41-43 de la Ley 58/2003 General Tributaria (LGT). La responsabilidad subsidiaria del art. 43.1 a) LGT afecta a los administradores de hecho o de derecho de sociedades que han cometido infracciones tributarias graves cuando el administrador no ha puesto la diligencia necesaria para evitarlas. La STS 594/2025 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha precisado los presupuestos que la AEAT debe acreditar, fijando criterios que acotan el alcance de la responsabilidad y que deben invocarse desde el primer trámite de audiencia del procedimiento.

Por qué la derivación de responsabilidad tributaria es el mayor riesgo fiscal personal de un administrador

El cargo de administrador de una sociedad implica una responsabilidad tributaria personal potencial que muchos administradores desconocen hasta que reciben la notificación de inicio del procedimiento de derivación. La AEAT ha incrementado significativamente en los últimos años el número de procedimientos de derivación de responsabilidad como instrumento de cobro cuando las sociedades deudoras son insolventes: la deuda tributaria que la empresa no puede pagar puede exigirse personalmente al administrador que tenía capacidad de decisión durante el período en que se generó.

Los arts. 41-43 LGT regulan tres grandes categorías de responsabilidad: la solidaria (art. 42), que puede exigirse simultáneamente al deudor principal y al responsable; la subsidiaria (art. 43), que solo puede exigirse al responsable una vez declarado fallido el deudor principal; y la específica de administradores en caso de sucesión de empresas (art. 42.1 c). En la práctica, el supuesto más frecuente es la responsabilidad subsidiaria del administrador de una sociedad que no ha ingresado retenciones o el Impuesto de Sociedades a causa de infracciones tributarias (art. 43.1 a) LGT) o en el marco de la disolución o liquidación irregular de la sociedad (art. 43.1 b) LGT).

La STS 594/2025 y la jurisprudencia acumulada del Tribunal Supremo han matizado significativamente el alcance de esta responsabilidad. El Tribunal Supremo ha insistido en que la responsabilidad del administrador no es objetiva ni automática: requiere la acreditación de un nexo causal entre la conducta u omisión del administrador y la infracción tributaria cometida por la sociedad. Un administrador que adoptó las medidas de control interno adecuadas, que supervisó el cumplimiento tributario de la empresa con la diligencia de un ordenado empresario y que no tenía conocimiento de las irregularidades no puede ser declarado responsable, aunque la sociedad haya cometido infracciones.

Nuestro proceso de defensa frente a la derivación de responsabilidad tributaria

El procedimiento de derivación de responsabilidad tiene una estructura procedimental específica con etapas en las que la defensa puede ser determinante. La notificación de inicio del procedimiento es seguida por un trámite de audiencia (art. 174.3 LGT) en el que el presunto responsable puede formular alegaciones y aportar documentación antes de que se dicte el acuerdo de derivación. Este trámite es la primera y más importante oportunidad de defensa: lo que se alegue aquí determina el expediente sobre el que resolverá el TEAR si se impugna el acuerdo posterior.

Nuestras alegaciones en el trámite de audiencia se estructuran en torno a tres líneas de defensa que deben analizarse en cada caso. La primera es la inexistencia de los presupuestos legales de la responsabilidad: si la infracción de la sociedad fue leve (no grave), si el administrador no tenía capacidad de decisión sobre las obligaciones tributarias incumplidas, si el cargo de administrador no estaba vigente durante los ejercicios relevantes o si la sociedad no es insolvente (para la responsabilidad subsidiaria). La segunda es la diligencia del administrador: acreditar que el administrador adoptó las medidas razonables para prevenir las infracciones, supervisó el cumplimiento tributario con la diligencia exigible y no tenía conocimiento de las irregularidades. La tercera es la prescripción o los defectos procedimentales: verificar si el derecho a derivar ha prescrito y si el procedimiento se ha tramitado con las garantías del art. 174 LGT.

Cuando se dicta el acuerdo de derivación de responsabilidad, lo impugnamos ante el TEAR mediante reclamación económico-administrativa con argumentación coordinada con la posición sostenida en el trámite de audiencia e incorporando la doctrina del TEAC y la jurisprudencia del Tribunal Supremo —incluyendo la STS 594/2025— sobre los límites de la responsabilidad tributaria de administradores. Si la resolución del TEAR es desfavorable, continuamos la defensa ante el TSJ mediante recurso contencioso-administrativo tributario.

Marco normativo: arts. 41-43 LGT y STS 594/2025

Los arts. 41 a 43 de la Ley 58/2003 General Tributaria forman el núcleo del régimen de responsabilidad tributaria. El art. 41 define los caracteres generales de la responsabilidad. El art. 42 regula la responsabilidad solidaria, incluyendo los supuestos de participación en infracciones (art. 42.1 a) LGT), sucesión en la actividad empresarial (art. 42.1 c) LGT) y transmisión de bienes para dificultar la acción de cobro (art. 42.2 LGT). El art. 43 regula la responsabilidad subsidiaria, con especial relevancia para los administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas (art. 43.1 a) y b) LGT), los representantes de personas físicas no residentes (art. 43.1 d) LGT) y otros supuestos específicos.

El procedimiento de derivación está regulado en el art. 174 LGT: el procedimiento puede iniciarse en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación al deudor principal, debe tramitarse con audiencia al presunto responsable y concluye con un acuerdo que precisa los presupuestos de hecho que determinan la responsabilidad y la cuantía de la deuda derivada. La STS 594/2025 ha consolidado la doctrina de que la responsabilidad del administrador requiere nexo causal probado entre su conducta y la infracción, sin que la mera condición de administrador sea suficiente para generar responsabilidad.

El art. 67.2 LGT regula el cómputo del plazo de prescripción de la acción de derivación: cuatro años desde la finalización del período voluntario de pago de la deuda del deudor principal, con la matización de que las actuaciones con el deudor principal interrumpen la prescripción frente al responsable.

Resultados reales: defensa de administradores frente a la AEAT con jurisprudencia actualizada

• Exclusión de la declaración de responsabilidad mediante acreditación de la diligencia del administrador en el trámite de audiencia previo, evitando la emisión del acuerdo de derivación.
• Anulación de acuerdos de derivación de responsabilidad ante el TEAR mediante la invocación de la STS 594/2025 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los presupuestos de la responsabilidad subsidiaria.
• Reducción de la cuantía derivada mediante la impugnación de las sanciones incluidas en la deuda derivada, que requieren un nivel adicional de acreditación de la participación del administrador.
• Identificación y activación de prescripciones que determinan la improcedencia del procedimiento de derivación cuando el plazo legal de cuatro años ha vencido.
• Coordinación con la defensa de la sociedad en el procedimiento inspector para garantizar la consistencia argumental entre la defensa de la persona jurídica y la del administrador.

La creciente utilización de los procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria por parte de la AEAT como instrumento de cobro ha convertido esta área en una de las de mayor exposición personal para los administradores de empresas con deudas tributarias. La AEAT cuenta con criterios internos de selección de candidatos a la derivación que se activan automáticamente cuando una sociedad deudora es declarada fallida: el administrador que estaba al frente de la empresa en los ejercicios con deudas tributarias impagadas es el primer candidato a recibir la notificación de inicio del procedimiento.

La defensa más eficaz es la preventiva: el compliance fiscal en las empresas con riesgo de insolvencia debe incluir un análisis permanente de la posición fiscal y la adopción proactiva de medidas que acrediten la diligencia del administrador —minutas del consejo, delegaciones de facultades documentadas, supervisión periódica del cumplimiento tributario— antes de que la AEAT inicie el procedimiento. Cuando la empresa ya está en situación de dificultad financiera, la planificación fiscal debe incorporar la dimensión de la responsabilidad personal del administrador como componente de la estrategia de gestión de la crisis empresarial.

En el contexto del concurso de acreedores, la coordinación entre la defensa en el procedimiento concursal y la defensa frente a la eventual derivación de responsabilidad tributaria es imprescindible. Las posiciones adoptadas ante el administrador concursal y ante el juez mercantil tienen trascendencia para los argumentos disponibles en el procedimiento de derivación. Nuestro equipo trabaja en coordinación con los profesionales del ámbito concursal para gestionar estas situaciones complejas de forma integrada.

Errores más frecuentes ante un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria

La experiencia en la defensa de administradores ante procedimientos de derivación de la AEAT nos permite identificar los errores que con mayor frecuencia agravan la posición del responsable o hacen perder oportunidades de defensa que son difícilmente recuperables.

1. No actuar en el trámite de audiencia previo al acuerdo de derivación. El Art. 174.3 LGT exige la audiencia del presunto responsable antes de dictar el acuerdo de derivación. Este trámite es la primera y más importante oportunidad de defensa: las alegaciones formuladas aquí delimitan el expediente sobre el que resolverá el TEAR. Ignorar el trámite de audiencia o formular alegaciones genéricas sin soporte documental es el error más costoso que puede cometerse, pues una vez dictado el acuerdo el margen para introducir nuevos argumentos se reduce significativamente.

2. No verificar si la deuda del sujeto principal ha prescrito o si el procedimiento de derivación ha caducado. El Art. 67.2 LGT regula el cómputo del plazo de prescripción de la acción de derivación: cuatro años desde la finalización del período voluntario de pago de la deuda del deudor principal, con interrupción por actuaciones frente al deudor principal. Si la AEAT no ha actuado frente al responsable dentro de ese plazo, la acción está prescrita. Esta comprobación debe ser siempre el primer paso del análisis de defensa.

3. Confundir responsabilidad solidaria con responsabilidad subsidiaria y no impugnar la declaración de insolvencia del deudor principal. La responsabilidad subsidiaria (administradores, art. 43 LGT) solo puede exigirse cuando el deudor principal es declarado insolvente. La declaración de insolvencia puede impugnarse si el presunto responsable tiene información de que el deudor principal tiene bienes o derechos no considerados por la AEAT. Este cauce de defensa se agota rápidamente si no se actúa en los primeros momentos del procedimiento.

4. No acreditar la diligencia del administrador con documentación societaria. La STS 594/2025 ha consolidado que la responsabilidad del administrador no es objetiva: requiere nexo causal probado. Acreditar este nexo negativo —demostrar que el administrador actuó con diligencia— exige aportar minutas de órganos de administración, informes internos de cumplimiento tributario, delegaciones de facultades formalizadas y cualquier otro documento que pruebe que el administrador adoptó las medidas razonables para prevenir las infracciones.

5. No coordinar la defensa del administrador con la defensa de la sociedad en el procedimiento inspector de origen. La posición sostenida por la sociedad ante la AEAT durante la inspección que generó la deuda determinante de la derivación es relevante para la defensa del administrador. Si la sociedad reconoció la infracción sin contestarla, este reconocimiento puede ser invocado por la AEAT frente al administrador. La coordinación argumental desde el inicio del procedimiento inspector es imprescindible cuando existe riesgo de derivación posterior.

Plazos y etapas del procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria

Caso práctico: anulación de derivación de responsabilidad de 380.000 euros frente a administrador

Un administrador único de una sociedad de distribución alimentaria recibe una notificación de inicio de procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria por una deuda tributaria de la sociedad (IVA e IS de 2021-2022) que asciende a 380.000 euros más intereses y sanciones. La sociedad ha sido declarada fallida en el procedimiento de apremio y el administrador es el único candidato identificado por la AEAT.

Análisis de BMC: El expediente revela que el administrador accedió al cargo en noviembre de 2021, cuando las deudas tributarias de 2021 (tres primeros trimestres) ya se habían devengado bajo la administración anterior. Las deudas de 2022 sí corresponden a su mandato. El supuesto de responsabilidad invocado por la AEAT es el art. 43.1.b) LGT (infracciones de la sociedad durante su mandato por no haber realizado los actos necesarios para su cumplimiento). BMC acredita que el administrador implementó un sistema de supervisión fiscal desde su incorporación, con minutas del consejo que documentan las discusiones sobre el cumplimiento tributario y el encargo de un asesor externo para la gestión fiscal.

Resultado: En el trámite de audiencia, BMC presenta alegaciones que logran que la AEAT excluya del acuerdo de derivación las deudas de 2021 (administración anterior). Respecto a las deudas de 2022, BMC invoca la doctrina de la STS 594/2025 y el requisito de nexo causal entre la conducta del administrador y las infracciones: dado que el incumplimiento fue consecuencia de una crisis de liquidez sobrevenida (pérdida de un cliente que representaba el 40% de la facturación) y no de conducta negligente del administrador, el TEAR anula el acuerdo de derivación respecto a las sanciones (que exigen dolo o culpa grave del administrador) y reduce la deuda derivada al importe de cuotas e intereses, excluyendo las sanciones. Ahorro: 145.000 euros en sanciones excluidas más la anulación total de las deudas de 2021.

Tipos de responsabilidad tributaria: solidaria y subsidiaria en detalle

Responsabilidad solidaria (Art. 42 LGT). El responsable solidario responde directamente junto al deudor principal, sin necesidad de que la AEAT haya intentado cobrar primero al deudor principal. Los supuestos más relevantes son:

• Causantes o colaboradores activos en infracciones tributarias (art. 42.1 a) LGT): empresas que colaboran en el diseño o ejecución de esquemas de fraude fiscal asumen responsabilidad solidaria por la deuda resultante.
• Sucesores en la actividad empresarial (art. 42.1 c) LGT): quien continúa una actividad empresarial o profesional responde solidariamente de las deudas tributarias derivadas de esa actividad, contraídas por el anterior titular. Este supuesto es especialmente relevante en compraventas de negocios o transmisiones de unidades productivas.
• Transmitentes de bienes para dificultar el cobro (art. 42.2 LGT): quien transmite bienes o derechos al deudor o recibe bienes del deudor en operaciones diseñadas para frustrar el cobro de la deuda tributaria responde solidariamente.

Responsabilidad subsidiaria (Art. 43 LGT). El responsable subsidiario solo responde después de que la AEAT haya agotado infructuosamente la posibilidad de cobrar al deudor principal (declaración de fallido). Los supuestos más relevantes son:

• Administradores de personas jurídicas que han cometido infracciones tributarias cuando el administrador no realizó los actos necesarios para su cumplimiento, adoptó acuerdos que hicieron posible las infracciones o consintió el incumplimiento (art. 43.1 a) LGT, infracciones graves); o cuando el administrador no hizo lo necesario para el cumplimiento en infracciones no graves (art. 43.1 b) LGT).
• Administradores de sociedades que han cesado en su actividad, por las obligaciones pendientes de cumplir cuando el cese se produjo (art. 43.1 b) LGT in fine).
• Personas o entidades que controlan de hecho la toma de decisiones en la sociedad deudora («administradores de hecho»), aunque no ostenten formalmente el cargo.

Sectores con mayor exposición a derivaciones de responsabilidad tributaria

La frecuencia de los procedimientos de derivación es mayor en sectores con alta siniestralidad de insolvencia empresarial y deudas tributarias recurrentes:

Construcción y promoción inmobiliaria. Las empresas promotoras con deudas de IVA asociadas a obras que no han podido completarse o comercializarse son uno de los principales focos de derivaciones hacia administradores, especialmente cuando la promotora ha sido declarada en concurso y posteriormente fallida.

Hostelería y restauración. La alta rotación de administradores y la frecuente situación de deudas tributarias acumuladas en IVA e IRPF de retenciones hace que este sector concentre un número significativo de procedimientos de derivación de responsabilidad subsidiaria.

Transporte. Las empresas de transporte con deudas de IVA y Seguridad Social acumuladas durante períodos de crisis sectorial son candidatos frecuentes a la derivación cuando entran en concurso o son declaradas fallidas.

Grupos empresariales con operaciones intragrupo. Las operaciones de vaciamiento patrimonial entre entidades del grupo (transmisiones de activos, pagos de deudas intercompany) pueden activar la responsabilidad solidaria del art. 42.2 LGT si la AEAT las califica como diseñadas para dificultar el cobro de deudas tributarias del grupo.

Prevención: el compliance fiscal como escudo frente a la derivación de responsabilidad

La mejor defensa frente a una eventual derivación de responsabilidad tributaria es la construcción anticipada de una posición defensiva sólida durante el ejercicio del cargo de administrador. Esta posición preventiva incluye:

Documentación periódica de las supervisiones del cumplimiento tributario (minutas de consejo, informes del responsable fiscal externo, correos con el asesor fiscal). Delegación formal y documentada de las funciones tributarias a empleados o asesores específicos, con prueba de que el administrador supervisó efectivamente esa delegación. Identificación y cuantificación proactiva de las contingencias tributarias de la sociedad y evaluación regular de las medidas adoptadas para mitigarlas. En situaciones de dificultad financiera, análisis conjunto con el asesor jurídico de las obligaciones del administrador conforme al Art. 363 de la Ley de Sociedades de Capital (obligación de convocar junta si las pérdidas reducen el patrimonio neto a menos de la mitad del capital) y sus implicaciones en términos de responsabilidad tributaria futura. BMC integra esta dimensión preventiva en el servicio de compliance fiscal para todos sus clientes con perfil de riesgo elevado, garantizando que los administradores cuenten con la documentación y los protocolos necesarios para acreditar su diligencia en cualquier momento del ejercicio de su cargo, con independencia de la situación financiera de la sociedad en cada instante. La prevención activa es siempre más económica que la defensa reactiva ante un procedimiento de derivación ya iniciado, y el coste de construir esa posición defensiva es una fracción del importe que puede quedar derivado si el procedimiento prospera.

Fuentes y Marco Normativo

• BOE - Ley General Tributaria, arts. 41-43 y 174
• Tribunal Supremo, Sala Tercera — STS 594/2025
• Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)
• Agencia Tributaria (AEAT)
• Ministerio de Hacienda