Competencia Desleal: Proteja su Mercado y Evite Sanciones de la CNMC

El derecho de la competencia en España comprende dos ramas principales: la Ley de Competencia Desleal (LCD, Ley 3/1991), que regula y sanciona actos desleales entre empresas como la imitación sistemática, la denigración, la publicidad engañosa y la apropiación de secretos industriales; y la Ley de Defensa de la Competencia (LDC, Ley 15/2007), que prohíbe los acuerdos colusorios (art. 1), los abusos de posición dominante (art. 2) y las concentraciones que obstaculizan la competencia efectiva. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo supervisor que investiga y sanciona las infracciones de la LDC, con capacidad para imponer multas de hasta el 10% de la facturación total del grupo empresarial, mientras que las acciones por competencia desleal se ventilan ante los Juzgados de lo Mercantil.

El derecho de la competencia es uno de los campos legales con mayor impacto económico directo y con menor cultura de cumplimiento preventivo en la empresa española mediana. Las sanciones de la CNMC pueden alcanzar el 10% de la facturación total del grupo. Las demandas de private enforcement pueden superar en coste a la propia sanción administrativa. Y el daño reputacional de ser investigado, aunque no sancionado, puede ser irreversible. Por otro lado, las empresas que no reaccionan ante prácticas desleales de sus competidores ven erosionada su posición de mercado de forma silenciosa y progresiva.

La Ley de Competencia Desleal: qué protege y qué prohíbe

La Ley 3/1991 de Competencia Desleal (LCD) es la norma que regula las relaciones entre competidores en el mercado y protege el correcto funcionamiento de la competencia, los intereses de los consumidores y los del mercado en general. No es una norma de derecho administrativo sancionador (ese papel lo desempeña la Ley 15/2007): es derecho civil, y se ejercita ante los juzgados mercantiles mediante acciones de cesación, rectificación, remoción de efectos e indemnización de daños.

Los actos más frecuentes en la práctica contenciosa son los actos de confusión (crear riesgo de asociación con la empresa, productos o actividad de un competidor), los actos de imitación (cuando la imitación es sistemática y persigue entorpecer al competidor), los actos de denigración (afirmaciones falsas o innecesariamente vejatorias sobre el competidor), el aprovechamiento de la reputación ajena (usar la marca o el renombre del competidor para promocionar los propios productos), y la violación de secretos empresariales (apropiación y uso de know-how confidencial). La cláusula general del artículo 4 LCD funciona como red de seguridad para conductas atípicas que resulten contrarias a la buena fe objetiva en el mercado.

La Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia: infracciones y sanciones

La Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) son las normas que prohíben las conductas anticompetitivas: acuerdos colusorios entre competidores (cárteles de precios, reparto de mercados, coordinación en licitaciones) y abuso de posición dominante (precios predatorios, negativa de suministro, discriminación de precios, prácticas de vinculación).

La CNMC es el organismo encargado de investigar y sancionar estas infracciones en España. Sus investigaciones pueden iniciarse de oficio (a partir de indicios propios), por denuncia de un tercero afectado, o a raíz de una solicitud de clemencia de uno de los partícipes en el acuerdo colusorio. El procedimiento sancionador de la CNMC puede durar entre dieciocho meses y cuatro años, con impacto reputacional y operativo significativo durante todo el proceso.

Las sanciones son proporcionales a la gravedad y duración de la infracción, con límites del 1% (infracciones leves), 5% (infracciones graves) y 10% (infracciones muy graves) de la facturación total del grupo, no solo de la empresa infractora. Para cárteles internacionales, la multa se coordina con las sanciones de la Comisión Europea, que aplica los mismos límites.

El private enforcement: la responsabilidad civil después de la sanción

La Directiva 2014/104/UE de daños por infracciones del derecho de la competencia (transpuesta en España por el Real Decreto-ley 9/2017) estableció el marco legal para que los afectados por infracciones de competencia puedan reclamar daños y perjuicios ante los tribunales civiles. La resolución firme de la CNMC o la Comisión Europea que declara la infracción es vinculante para el juez civil en cuanto a la existencia y naturaleza de la infracción, lo que simplifica enormemente la carga probatoria del demandante. Los presuntos perjudicados (compradores directos o indirectos a precios sobrecargados por el cártel, competidores afectados por el abuso) pueden reclamar la reparación íntegra del daño, incluyendo el lucro cesante y los intereses. La prescripción de cinco años se computa desde que cesó la infracción y el demandante tuvo conocimiento suficiente.

El asesoramiento en competencia desleal y derecho de la competencia se coordina con el equipo de litigios y arbitraje para la representación procesal en los juzgados mercantiles, con el de derecho mercantil para la revisión de contratos de distribución y agencia, y con el de compliance penal cuando las infracciones de competencia tienen trascendencia penal (por ejemplo, la manipulación de licitaciones del sector público puede constituir delito de corrupción entre particulares).