Cerramos 2024 con un panorama fiscal que cambia a velocidad sostenida. El año 2025 se perfila como un ejercicio de consolidación de reformas ya iniciadas —tipo mínimo global, nuevas obligaciones informativas, factura electrónica— y de gestación de cambios que afectarán a los ejercicios 2026 y siguientes. Para los responsables financieros y fiscales, anticiparse a esta agenda es la diferencia entre gestionar el cumplimiento de forma ordenada o afrontar adaptaciones de último momento costosas y arriesgadas.
La factura electrónica B2B: el gran reto operativo de 2025
Si hay una sola medida que definirá la agenda fiscal-operativa de 2025 para la mayoría de empresas, es la generalización de la factura electrónica obligatoria entre empresas. El reglamento de desarrollo de la Ley Crea y Crece establece el calendario definitivo, y 2025 será el año en que la obligación se extienda al tejido empresarial general.
Las empresas que aún no han iniciado la adaptación de sus sistemas ERP o de gestión deben tener en cuenta que el proceso implica: selección del formato técnico (FacturaE u otro formato estructurado reconocido), integración con la plataforma de la AEAT, posible contratación de un PSC (Proveedor de Servicios de Confianza), y formación de los equipos de facturación y contabilidad. El tiempo mínimo para una implementación correcta es de tres a seis meses.
Reformas en el IRPF: lo que el Gobierno ha anunciado
El Gobierno ha incluido en su agenda para 2025 varias modificaciones del IRPF orientadas a reducir la carga fiscal de las rentas medias y bajas. Las medidas más relevantes que se debaten son:
- Elevación del mínimo exento: Se prevé aumentar el umbral de obligación de declarar desde los 22.000 euros actuales (para un solo pagador) hasta 22.500-23.000 euros, aliviando la presión sobre trabajadores con salarios bajos.
- Nuevo tramo para rentas altas: Se debate la creación de un tramo adicional del IRPF para rentas superiores a 300.000 euros con un tipo marginal del 50%, lo que situaría a España entre los países europeos con mayor presión fiscal sobre el trabajo de alta remuneración.
- Reducción del rendimiento de capital mobiliario para pequeños ahorradores: Se estudia elevar el umbral de exención de los primeros 1.500 euros de dividendos y la aplicación de tipos reducidos a los primeros tramos de base del ahorro.
Impuesto sobre Sociedades: controles y nuevas deducciones en el horizonte
La AEAT ha anunciado para 2025 una campaña específica de control sobre la correcta aplicación de la deducción por I+D+i, el régimen de entidades de reducida dimensión (ERD) y el aprovechamiento de bonificaciones autonómicas en el IS. Las empresas que aplican estas deducciones deben asegurarse de contar con la documentación técnica y económica suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos.
Paralelamente, se anticipa la introducción de nuevas deducciones ligadas a la transición digital y verde, en línea con los objetivos de financiación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Aunque la normativa específica se aprobará a lo largo de 2025, las empresas que anticipen inversiones en estas áreas pueden posicionarse para aprovecharlas desde el primer momento.
Fiscalidad de la economía digital: la OCDE y la UE aprietan
El Pilar Uno de la OCDE, que redistribuye derechos de gravamen sobre los beneficios de grandes empresas digitales hacia los países de mercado donde operan, avanza aunque con retrasos. Para 2025, se espera que el convenio multilateral que lo instrumenta entre en la fase final de negociación internacional, aunque su implementación efectiva probablemente no se producirá antes de 2026.
En el plano europeo, la Directiva sobre impuesto de servicios digitales (DST) sigue siendo objeto de debate, con algunos Estados Miembros presionando por una solución coordinada que evite la proliferación de tasas digitales nacionales. España mantiene su Tasa Google (Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales) con un tipo del 3% sobre ingresos de publicidad digital, intermediación y transmisión de datos para grupos con ingresos globales superiores a 750 millones de euros y en España superiores a 3 millones.
El refuerzo de los controles de precios de transferencia
La AEAT ha comunicado que 2025 será un año de intensificación de las inspecciones en materia de precios de transferencia, especialmente en grupos con filiales en jurisdicciones de baja tributación y en operaciones de cesión de intangibles (marcas, patentes, know-how) entre empresas del mismo grupo. La documentación obligatoria —masterfile y local file— debe estar preparada y actualizada antes del cierre del ejercicio.
Los grupos que tengan acuerdos de precios anticipados (APAs, Advance Pricing Agreements) vigentes deben verificar que sus condiciones de transacción reales se mantienen dentro de los márgenes acordados, dado que cualquier desviación puede dar lugar a propuestas de ajuste por parte de la inspección.
Perspectiva para el inversor internacional: España mantiene su atractivo
Desde la perspectiva del inversor internacional, España sigue siendo un destino atractivo para la inversión empresarial directa. El régimen de exención de dividendos y plusvalías del artículo 21 del IS, el acceso a la amplia red de convenios de doble imposición (más de 100 convenios en vigor), y las ventajas específicas de la Ley de Startups para nuevas empresas tecnológicas configuran un entorno competitivo a nivel europeo.
El régimen SICAV y otros vehículos de inversión colectiva han reducido su atractivo tras las últimas reformas, pero las SOCIMI (equivalente español de los REIT) mantienen su régimen favorable para la inversión inmobiliaria institucional.
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