Programa de compliance penal para grupo constructor con 450 empleados

El Reto

Un grupo constructor con 450 empleados y presencia en tres provincias se encontro en una posicion de alto riesgo juridico cuando una investigacion judicial por fraude en contratos publicos de obra civil apunto hacia un subcontratista habitual de la empresa. Aunque el grupo no era el sujeto principal de la investigacion, la instruccion del caso puso de manifiesto que sus responsables habian mantenido relaciones comerciales continuadas con la empresa investigada sin haber aplicado procedimientos de debida diligencia sobre terceros.

La reforma del Codigo Penal de 2015 introdujo de forma definitiva la responsabilidad penal de las personas juridicas en España. El articulo 31 bis establece que una empresa puede ser condenada penalmente por delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, pero tambien abre la puerta a la exencion de responsabilidad si la entidad contaba en el momento de los hechos con un modelo de organizacion y gestion suficiente para prevenir delitos de esa naturaleza. Sin ese modelo, la empresa carecia de escudo juridico alguno.

La situacion presentaba tres vectores de riesgo acumulados. Primero, la inexistencia de un mapa de riesgos penales especifico para el sector constructor, que incluye exposicion particular a delitos de corrupcion en contratacion publica, blanqueo de capitales, fraude fiscal y delitos contra la seguridad de los trabajadores. Segundo, la ausencia de un organo de cumplimiento independiente con capacidad real de supervision. Tercero, la falta de un canal de denuncias interno que hubiera permitido detectar la conducta del subcontratista antes de que trascendiera a la via judicial.

Nuestro Enfoque

El proyecto se estructuro en tres fases solapadas con el objetivo de alcanzar un programa certificable en seis meses, plazo que la direccion juridica del grupo habia identificado como umbral critico para poder aportarlo como prueba en el procedimiento penal en curso.

Mapa de riesgos penales sectoriales. La primera fase consistio en un analisis exhaustivo de los procesos de negocio del grupo frente al catalogo de delitos del art. 31 bis. Para el sector constructor, los riesgos prioritarios identificados fueron: corrupcion entre particulares y cohecho en la obtencion de contratos y licencias, fraude en subvenciones y contratos publicos, blanqueo de capitales por operaciones con socios o clientes sin diligencia debida, delitos fiscales en operaciones de tesoreria, y delitos contra los derechos de los trabajadores y la seguridad laboral. Cada riesgo fue evaluado segun su probabilidad e impacto y asignado a un proceso de negocio y a un responsable funcional.

Modelo de organizacion y gestion. A partir del mapa de riesgos, redactamos el conjunto documental exigido por la norma: el Codigo Etico corporativo, el Manual de Compliance Penal con los controles especificos por proceso, los protocolos de debida diligencia sobre terceros (proveedores, subcontratistas, intermediarios), y los procedimientos de autorizacion para operaciones sensibles. Diseñamos la estructura del Organo de Cumplimiento con funciones, acceso a la informacion, periodicidad de reporte al consejo de administracion e independencia funcional garantizada.

Canal de denuncias conforme a la Directiva Whistleblowing. Implantamos un canal de denuncias interno que cumplia simultaneamente con las exigencias del compliance penal español y con la Directiva (UE) 2019/1937, transpuesta en España por la Ley 2/2023. El canal se configuro con anonimato garantizado, gestion por un tercero independiente para los casos que implicaran a la propia direccion, plazos de respuesta reglamentarios y registro de actuaciones. La formacion al personal sobre el uso del canal y la prohibicion de represalias se realizo en cascada por niveles jerarquicos.

Certificacion AENOR. La fase final consistio en someter el programa a auditoria externa de certificacion conforme a la norma UNE 19601. La auditoria AENOR evaluo el diseño del modelo, la efectividad de los controles implantados, la adecuacion del organo de cumplimiento y la evidencia documental de formacion e implantacion real. El programa obtuvo la certificacion sin observaciones mayores.

Resultados

El programa de compliance penal quedo plenamente operativo en seis meses desde el inicio del proyecto. La certificacion AENOR fue aportada por la defensa del grupo en el procedimiento judicial como prueba de la existencia de controles suficientes previos a los hechos investigados, elemento clave para sostener la exencion de responsabilidad penal contemplada en el art. 31 bis.4 CP.

Durante el primer año de funcionamiento, el canal de denuncias recibio siete comunicaciones. Tres correspondian a irregularidades administrativas menores que fueron corregidas internamente. Dos alertaron sobre practicas de un subcontratista diferente que no cumplia con los criterios de debida diligencia establecidos, lo que permitio rescindir el contrato preventivamente antes de que se materializara ningun riesgo. Las dos restantes resultaron ser consultas mal clasificadas.

El grupo dispone hoy de una estructura de gobierno corporativo con un nivel de madurez en compliance penal que, segun la auditoria AENOR, supera la media del sector en España.