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Impulsando la transición energética con Asesoramiento de primer nivel

Asesoramos a empresas del sector energético y de infraestructuras en España en la estructuracion de proyectos, financiacion, cumplimiento regulatorio y planificación fiscal, con especial enfoque en energías renovables y transición energética.

10.729
empresas activas en España
40.492
trabajadores afiliados (SS)
136.9B€
facturación anual (INE)
19,8%
margen bruto del sector
5,8%
cuota empresarial en la UE

Fuente: cifex · Seguridad Social · INE EEE

50+
proyectos de energía renovable asesorados
2GW+
en capacidad instalada gestionada
18+
años en el sector energético español

El sector energético español es uno de los más intensivos en capital de la economía. Con algo más de 10.700 empresas activas y cerca de 40.500 trabajadores en la Seguridad Social, genera una facturación agregada de 136.900 millones de euros —la más elevada por empresa de todos los sectores analizados— con un margen bruto medio del 19,8%. Esta estructura de mercado, dominada por grandes utilities y complementada por una red creciente de promotores de renovables independientes, refleja la naturaleza del negocio energético: activos masivos, contratos a largo plazo y una cadena de valor que concentra valor en pocas manos. España es lider mundial en generacion solar fotovoltaica y eolica, y su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija el objetivo del 74% de generacion renovable en 2030.

La volatilidad regulatoria histórica del sector —con cambios retroactivos en el régimen retributivo que desencadenaron un intenso arbitraje internacional— ha ensenado a los inversores que la gestión del riesgo regulatorio no es optativa. Las decisiones de inversión en activos energéticos en España requieren una due diligence jurídica y fiscal rigurosa, una estructuracion cuidadosa del vehículo de inversión y un seguimiento continuo de la normativa sectorial. El contexto actual, con el impulso de los fondos europeos NextGenerationEU y la presion de la agenda de descarbonizacion, genera un flujo extraordinario de oportunidades que exigen asesores capaces de moverse con igual agilidad en el ámbito fiscal, legal y financiero.

En BMC asesoramos a promotores de proyectos renovables, utilities, fondos de infraestructuras y operadores de redes en la estructuracion fiscal y legal de sus inversiones en España. Nuestros servicios abarcan la due diligence de activos energéticos, la estructuracion de SPVs y financiacion de proyectos (project finance), la negociación de contratos PPA, el cumplimiento del marco regulatorio de la CNMC y la planificación fiscal de proyectos a lo largo de su ciclo de vida. También gestionamos la obtención de ayudas europeas y nacionales para proyectos de hidrogeno verde, almacenamiento energético y eficiencia energética.

La agenda ESG es cada vez más relevante para el sector. Apoyamos a nuestros clientes en el diseño de estrategias de sostenibilidad, la emisión de bonos verdes y prestamos sostenibles vinculados a KPIs, el reporte bajo estandares CSRD/GRI y la integración de criterios de taxonomia europea en la toma de decisiones de inversión. Nuestro enfoque integral —que combina asesoramiento financiero, fiscal y legal con conocimiento sectorial profundo— permite acompanar a los clientes desde la identificación de oportunidades hasta la desinversion de activos maduros.

Glosario

Términos Clave del Sector

Acción Social de Responsabilidad

La acción social de responsabilidad es el mecanismo previsto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) que permite a la sociedad, a los socios que representen al menos el 5% del capital social o a los acreedores, ejercer acción judicial contra los administradores para exigirles el resarcimiento del daño causado a la sociedad por incumplimiento de sus obligaciones. Es la herramienta principal de responsabilidad civil interna de los administradores en el derecho societario español.

Administrador societario

El administrador societario es la persona física o jurídica designada por la sociedad para ejercer las funciones de gestión ordinaria y representación de la entidad frente a terceros. Es el órgano de administración unipersonal o pluripersonal cuyas actuaciones vinculan jurídicamente a la sociedad, y sobre quien recae un conjunto de deberes legales y una responsabilidad personal por los daños causados por su gestión.

Reglamento de IA (AI Act)

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act) es el primer marco legal completo del mundo sobre inteligencia artificial. Clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo —inaceptable, alto, limitado y mínimo— e impone obligaciones proporcionales a cada categoría, tanto a desarrolladores como a desplegadores de IA.

Administrador Concursal

El administrador concursal es el profesional designado por el juzgado de lo mercantil para supervisar y, en caso de apertura de la fase de liquidación, gestionar el proceso de concurso de acreedores. Está regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) y puede ser un abogado, un economista, un auditor de cuentas o una persona jurídica especializada. Sus funciones incluyen la elaboración del informe de administración concursal, la determinación de la masa activa y pasiva, y la supervisión de los actos de disposición del deudor concursado.

Amortización fiscal acelerada

La amortización fiscal acelerada es la posibilidad que ofrece la normativa del Impuesto sobre Sociedades de deducir fiscalmente el deterioro de valor de los activos fijos a un ritmo superior al que correspondería según las tablas de amortización oficiales, lo que permite adelantar gastos y diferir la tributación. La Ley del IS contempla varios métodos de amortización acelerada, entre ellos la amortización libre para determinados activos e inversiones.

Ampliación de capital

Operación societaria mediante la cual una empresa aumenta su capital social, ya sea mediante la emisión de nuevas acciones o participaciones, la elevacion del valor nominal de las existentes, o la conversión de reservas o deudas en capital. Es el mecanismo habitual para captar inversión o reforzar la solvencia de la empresa.

FAQ

Preguntas frecuentes

Los proyectos de energía renovable en España suelen estructurarse a través de sociedades de propósito específico (SPV). Los aspectos fiscales clave incluyen la amortización acelerada de activos, las deducciones por inversiones en energías renovables en el IS, el tratamiento del IVA en la fase de construcción y generacion, y la tributación de los contratos PPA. La estructuracion óptima depende del tipo de inversor y del modelo de financiacion elegido.
El IVPEE grava al 7% el valor de la energía eléctrica producida e incorporada al sistema. Afecta a los productores de todas las fuentes, incluyendo renovables. Es deducible en el IS como gasto. Su planificación es importante en el diseño del modelo financiero de un proyecto, especialmente en contratos PPA a largo plazo donde la rentabilidad debe quedar asegurada.
El project finance para renovables en España se basa típicamente en un ratio de deuda/capital de entre 70/30 y 80/20, con deuda senior garantizada por los activos y flujos del proyecto (SPV). Los prestamistas requieren contratos PPA o acceso a mercado asegurado, due diligence técnica y ambiental, modelo financiero auditado y documentación legal completa. Asesoramos en la estructuracion y negociación de toda esta documentación.
Las empresas de infraestructuras de cierto tamaño están sujetas a la Directiva CSRD de reporte de sostenibilidad. Más alla del cumplimiento obligatorio, los inversores institucionales y las entidades financiadoras exigen cada vez más un robusto marco ESG como condición para la inversión o el crédito. Ayudamos a desarrollar estrategias ESG, reportes de sostenibilidad y marcos de financiacion sostenible (bonos verdes, prestamos sostenibles).
La adquisición de activos energéticos en España requiere analizar las autorizaciones administrativas de construcción y explotación, los registros en la CNMC y en los organismos autonimicos, los regímenes retributivos (mercado libre vs. RECORE), los contratos de acceso a la red, las servidumbres y derechos sobre terrenos, y las posibles contingencias regulatorias. Una due diligence especializada es imprescindible.

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