Residencia para Inversores en España: Las Alternativas tras la Supresión de la Golden Visa

La modalidad inmobiliaria de la Golden Visa —autorización de residencia para inversores que adquiriesen inmuebles por valor igual o superior a 500.000 euros— fue suprimida por el Real Decreto-Ley 2/2025 con efectos desde abril de 2025, confirmado por la Ley Orgánica 1/2025. Las modalidades de la autorización de residencia para inversores que siguen vigentes conforme a la Ley 14/2013 son: adquisición de deuda pública española por importe igual o superior a 2.000.000 de euros; inversión en acciones o participaciones en empresas españolas o depósitos bancarios por importe igual o superior a 1.000.000 de euros; inversión en fondos de inversión o capital riesgo por importe igual o superior a 1.000.000 de euros; y proyecto empresarial de interés general que genere empleo o suponga un impacto socioeconómico relevante. No existe requisito de residencia mínima anual para mantener la autorización.

El fin de la Golden Visa inmobiliaria: qué cambió en abril de 2025

Durante más de una década, la Golden Visa inmobiliaria fue la vía de residencia de referencia para inversores internacionales que querían establecer vínculos con España: la compra de un inmueble por valor igual o superior a 500.000 euros libres de cargas daba acceso a una autorización de residencia para el inversor y su familia. El mercado residencial de lujo en Madrid, Barcelona, Málaga y las islas Baleares se convirtió en el destino preferido de inversores de Latinoamérica, Oriente Medio y Asia.

La Ley Orgánica 1/2025, preparada por el Real Decreto-Ley 2/2025 de medidas urgentes, suprimió esta modalidad con efecto desde abril de 2025, en respuesta a las presiones sobre el mercado de vivienda en las zonas más demandadas y al cuestionamiento de la compatibilidad del programa con los objetivos de política de vivienda. Las solicitudes en trámite antes de la entrada en vigor del decreto se tramitaron conforme a la normativa anterior; las nuevas solicitudes ya no pueden basarse en inversión inmobiliaria.

El resultado es que miles de inversores internacionales que tenían previsto seguir esta vía se han encontrado sin ella. Pero las alternativas existían antes de la supresión y siguen vigentes, y en muchos casos son más adecuadas para el perfil del inversor moderno que el propio inmueble.

Modalidad 1: Inversión en deuda pública española (2.000.000 €)

La adquisición de deuda pública española —Letras del Tesoro, Bonos del Estado u Obligaciones del Estado— por importe igual o superior a 2.000.000 de euros da derecho a la autorización de residencia para inversores, conforme al artículo 63.1.a) de la Ley 14/2013.

Esta modalidad tiene ventajas operativas relevantes frente a otras alternativas:

Gestión remota. La inversión en deuda pública puede realizarse desde el exterior a través de una entidad financiera española o extranjera que opere en los mercados de deuda soberana española, sin necesidad de estar físicamente en España para ningún paso del proceso.

Liquidez. La deuda pública española es un activo líquido, negociable en el mercado secundario. El inversor puede deshacer la posición en cualquier momento, sujeto a las condiciones del mercado. Esta liquidez es superior a la de cualquier activo inmobiliario.

Acreditación objetiva. La inversión en deuda pública es fácilmente acreditable mediante certificados de la entidad depositaria, lo que simplifica la documentación para la autorización de residencia y para las renovaciones bienales.

Rendimiento. En el entorno de tipos actual, la deuda pública española a largo plazo ofrece rendimientos que no existían hace unos años. La rentabilidad de la inversión —aunque sea el criterio secundario respecto al de la residencia— es un factor relevante en comparación con la rentabilidad bruta de un inmueble de lujo en mercados tensionados.

Modalidad 2: Inversión en empresas españolas o depósitos bancarios (1.000.000 €)

La Ley 14/2013 permite también obtener la autorización de residencia para inversores mediante la realización de una inversión de capital igual o superior a 1.000.000 de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o en depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

Para la inversión en empresas, la norma distingue entre dos supuestos:

Inversión en empresas cotizadas. Adquisición de acciones de empresas cotizadas en mercados regulados españoles por importe igual o superior a 1.000.000 de euros. La acreditación es objetiva: bastará el certificado del intermediario financiero acreditando la titularidad de las acciones.

Inversión en empresas no cotizadas. La inversión en participaciones de una SL española por el importe mínimo requiere que la empresa tenga actividad real en España y no sea una mera sociedad de cartera. La administración puede analizar la naturaleza de la inversión para verificar que no es una estructura artificial diseñada exclusivamente para la obtención de la residencia.

Esta modalidad es especialmente interesante para inversores que quieren combinar la obtención de residencia con la inversión en un negocio en España o con el apoyo al ecosistema emprendedor español. En muchos casos, la inversión en una empresa española de crecimiento o en una startup certificada bajo la Ley Startups cumple a la vez los criterios de la autorización de residencia para inversores y genera un retorno potencial superior al de la deuda pública.

Modalidad 3: Proyecto empresarial de interés general (sin mínimo fijo)

La modalidad de proyecto empresarial de interés general es la más flexible —no tiene un umbral de inversión mínimo establecido legalmente— pero también la que requiere mayor análisis previo. El proyecto debe cumplir al menos uno de estos criterios:

Creación de empleo de calidad en España. Un proyecto que genere puestos de trabajo con contratos indefinidos y salarios superiores al SMI cumple ordinariamente este criterio. La cantidad de empleo que se considera «relevante» no está fijada normativamente; en la práctica, proyectos que comprometan la creación de 5-10 empleos directos en el corto plazo tienen buenas posibilidades de obtener informe favorable.

Impacto socioeconómico relevante. Un proyecto que desarrolle actividad en zonas económicamente desfavorecidas, que ponga en marcha infraestructuras relevantes, o que genere un impacto sectorial significativo puede cumplir este criterio aunque no cree un número elevado de empleos.

Aportación relevante a la innovación científica y tecnológica. Para proyectos de base tecnológica, este criterio se superpone con los criterios de evaluación del visado de emprendedor. La diferencia práctica es que en el caso del inversor el capital disponible es mayor, lo que aumenta la credibilidad del proyecto ante el evaluador.

En la práctica, los proyectos con una inversión en el entorno del millón de euros que combinen generación de empleo con componente tecnológico tienen la mayor probabilidad de obtener informe favorable. Pero el análisis previo de viabilidad es imprescindible: la tramitación de esta modalidad es más compleja que las de deuda pública o inversión en empresa cotizada, y un expediente mal preparado puede resultar en una denegación que cierra el camino durante meses.

Fiscalidad de la residencia: residente o no residente, una decisión estratégica

La autorización de residencia para inversores no implica automáticamente la residencia fiscal en España. Esta distinción es fundamental y debe ser uno de los primeros temas de análisis cuando el inversor plantea la solicitud.

Inversor no residente fiscal. Si el inversor utiliza la autorización de residencia pero no permanece en España más de 183 días al año ni tiene aquí el núcleo principal de sus intereses económicos, continúa tributando como no residente. Las rentas de fuente española tributarán por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), con los tipos previstos en el Convenio de Doble Imposición (CDI) aplicable o en la normativa interna española. Esta modalidad no requiere la presentación del Modelo 720 ni del Impuesto sobre el Patrimonio por bienes en el extranjero.

Inversor que se convierte en residente fiscal. Si el inversor elige establecer su residencia principal en España, pasa a tributar como residente por su renta mundial. En este caso, el Modelo 720 (declaración de bienes en el extranjero), el Impuesto sobre el Patrimonio y el análisis de los CDIs aplicables son elementos críticos de la planificación fiscal. Para inversores que llegan a España por primera vez y cumplen los requisitos, el régimen especial de la Ley Beckham puede ser muy ventajoso durante los primeros 6 años.

Impuesto de Grandes Fortunas y Patrimonio. Los inversores que se conviertan en residentes fiscales en España con patrimonio neto superior a 3.000.000 de euros deben considerar también el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que puede complementar al Impuesto sobre el Patrimonio en función de la comunidad autónoma de residencia.

No requisito de residencia mínima: la diferencia clave

Una de las características más atractivas de la autorización de residencia para inversores —y que la distingue radicalmente de las autorizaciones de residencia ordinarias— es la ausencia de requisito de residencia mínima anual para su mantenimiento. Mientras que las autorizaciones ordinarias exigen acreditar una residencia efectiva en España y pueden extinguirse si el titular pasa un número excesivo de días fuera del país, la autorización de residencia para inversores solo exige que la inversión se mantenga.

Esto la convierte en una solución idónea para inversores que desean tener la libertad de vivir en España cuando quieran, sin comprometerse a hacerlo como residencia habitual: pueden pasar 6 meses en España y 6 meses en otro país sin perder su autorización, siempre que la inversión esté activa.

Reagrupación familiar: traiga a toda su familia

El titular de la autorización de residencia para inversores puede reagrupar a su cónyuge o pareja de hecho y a sus hijos menores de edad o mayores dependientes. Los familiares reagrupados obtienen una autorización de residencia propia, vinculada a la del titular, y no necesitan acreditar actividad laboral o ingresos propios: el requisito de recursos económicos se cumple en función de los del titular.

Gestionamos la reagrupación familiar de forma simultánea con la tramitación de la autorización del titular, para que toda la unidad familiar llegue a España en situación regular desde el primer día.

Resultados que puede esperar

• Análisis previo de la alternativa más adecuada a su perfil patrimonial, horizonte temporal y objetivos de residencia
• Estructuración fiscal y societaria de la inversión, considerando los CDIs aplicables y las implicaciones del Impuesto sobre el Patrimonio y el Modelo 720
• Tramitación completa ante la UGE-CE con plazo legal de 20 días hábiles
• Ausencia de requisito de residencia mínima anual para mantener la autorización
• Reagrupación familiar gestionada en paralelo con la autorización del titular
• Seguimiento del calendario de renovaciones bienales y verificación del mantenimiento de la inversión

La supresión de la Golden Visa inmobiliaria no ha cerrado España a los inversores internacionales: ha reorientado las vías hacia modalidades que, en muchos casos, ofrecen mejor combinación de liquidez, rendimiento y seguridad jurídica que la inversión inmobiliaria. El análisis previo de la alternativa más adecuada para cada perfil es el primer paso.