España afronta 2026 sin presupuestos propios por octavo año consecutivo. La Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente es la de 2022 —en realidad una prórroga de los de 2018 con ajustes puntuales—, y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha presentado un proyecto de ley de presupuestos desde que el Congreso rechazó los de 2019, precipitando las elecciones de abril de ese año. Esta situación de prórroga presupuestaria indefinida tiene consecuencias tangibles para las empresas y para la economía española, aunque el impacto es diferente del que muchos análisis superficiales sugieren.
Qué significa realmente la prórroga presupuestaria
La prórroga automática de los presupuestos, prevista en el artículo 134.4 de la Constitución Española, no implica que el Estado se paralice. Las obligaciones constitucionales (pensiones, prestaciones desempleo, salarios funcionarios, servicio de la deuda) se ejecutan con normalidad. Las consecuencias reales de la prórroga son más específicas:
Lo que sí se puede hacer sin presupuestos nuevos:
- Ejecutar las partidas de gasto ordinario de los presupuestos prorrogados.
- Gestionar los créditos extraordinarios mediante decretos-ley para gastos urgentes e imprevistos.
- Ejecutar los fondos europeos PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) ya comprometidos, que no dependen de los presupuestos nacionales.
- Modificar el tipo del IBI y otros tributos municipales (competencia local).
Lo que no se puede hacer sin presupuestos nuevos:
- Abrir nuevas líneas de subvenciones directas no contempladas en los presupuestos prorrogados.
- Incrementar significativamente las plantillas de la administración pública o crear nuevos organismos.
- Lanzar grandes programas de obra pública o contratos plurianuales que excedan los créditos disponibles.
- Modificar los tipos impositivos de los principales tributos estatales (IRPF, IS, IVA) sin aprobación del Congreso, aunque esto puede hacerse mediante ley ordinaria.
Ingresos fiscales y reforma tributaria en el horizonte
El Gobierno ha conseguido mantener una recaudación tributaria récord en los últimos años sin necesidad de presupuestos: los ingresos del Estado en 2024 superaron los €300.000 millones por primera vez en la historia, impulsados por la inflación (que eleva las bases imponibles en términos nominales), el empleo (cotizaciones sociales y IRPF de los trabajadores) y el turismo récord. Sin embargo, el déficit estructural permanece, y la Comisión Europea presiona para que España corrija su desequilibrio presupuestario.
El escenario más probable para 2026 es que el Gobierno intente aprobar medidas fiscales puntuales mediante ley ordinaria o decreto-ley. Las reformas más debatidas que podrían materializarse son:
Impuesto de Sociedades: el Gobierno ha señalado su intención de elevar el tipo mínimo efectivo para las grandes empresas al 15%, alineándose con el acuerdo internacional de mínimo global del OCDE/G20 (Pilar 2, ya transpuesto como Directiva UE 2022/2523). Para los grupos multinacionales con presencia en España y tipo efectivo por debajo del 15%, el impacto puede ser significativo. Para las pymes que tributan al tipo general del 25%, el cambio sería neutral.
Nuevos gravámenes sobre rentas altas: el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, ITSGF), introducido por la Ley 38/2022 con carácter “temporal”, se ha prorrogado indefinidamente. El debate sobre su permanencia y posible ampliación de la base continúa.
Reducción de beneficios fiscales empresariales: varios informes de organismos como la AIReF y el Banco de España han señalado que los beneficios fiscales (gastos tributarios) suponen más de €40.000 millones anuales de menor recaudación, y que algunos de ellos tienen una justificación económica discutible. La revisión de deducciones en el IS (I+D, internacionalización, entidades de reducida dimensión) es un área de riesgo regulatorio en el horizonte.
El despliegue de los fondos europeos PRTR en 2026
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) dotado con €163.000 millones para España (de los cuales €77.234 millones son transferencias directas y el resto, préstamos disponibles pero no solicitados inicialmente) es el principal catalizador de inversión pública en el período 2021-2026.
El ritmo de ejecución ha sido más lento de lo previsto inicialmente, pero se ha acelerado significativamente en 2024 y 2025. Las inversiones más relevantes para las empresas en 2026 se concentran en:
- Digitalización e IA: convocatorias del CDTI y de Red.es para proyectos de digitalización empresarial, IA y ciberseguridad. Dotación restante estimada de más de €3.000 millones hasta 2026.
- Energías renovables y eficiencia energética: PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) con €16.000 millones comprometidos.
- Movilidad sostenible: PERTE del Vehículo Eléctrico y subvenciones MOVES III para electrificación de flotas empresariales.
- Agroalimentario y biotecnología: PERTE Agroalimentario con inversiones en modernización de explotaciones y cadena de valor.
Para las empresas, la ejecución de los fondos PRTR en 2026 es una oportunidad de financiación significativa que compensa parcialmente la menor actividad licitadora derivada de la prórroga presupuestaria ordinaria.
Gasto público en 2026: las magnitudes clave
A pesar de la prórroga, el Estado español ejecutará en 2026 un gasto consolidado estimado en torno a €660.000-680.000 millones (incluyendo Seguridad Social y administraciones autonómicas y locales), equivalente a aproximadamente el 48-49% del PIB. Las partidas con mayor relevancia para el tejido empresarial son:
- Contratos públicos: el sector público sigue siendo el mayor comprador de bienes y servicios en España, con una cartera de contratos públicos activos superior a €80.000 millones anuales. La Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) es la fuente de información más actualizada para empresas que quieren identificar oportunidades de licitación.
- Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i): el gasto público en I+D se mantiene en torno al 0,7% del PIB, significativamente por debajo del objetivo del 3% de la Estrategia de Lisboa. Las deducciones fiscales por I+D del Impuesto de Sociedades (artículo 35 LIS: hasta el 42% del gasto en I+D como deducción) siguen siendo el instrumento más relevante para las empresas innovadoras.
Recomendaciones para la planificación empresarial en 2026
La incertidumbre presupuestaria no debe paralizar la planificación empresarial. Las recomendaciones prácticas son:
- Aprovechar los fondos PRTR disponibles antes de que expire el período de ejecución. Las convocatorias de los PERTE tienen plazos estrictos.
- Planificar la carga fiscal con escenario base y escenario de reforma: modelar el impacto de un incremento del tipo mínimo efectivo en IS al 15% y de la eliminación de determinadas deducciones.
- Monitorizar la agenda de contratación pública en la PLACSP para anticipar oportunidades de licitación en sectores afines.
- Evaluar el acceso a financiación del ICO e IGAPE para proyectos de inversión, cuyos recursos no dependen de la aprobación de presupuestos nuevos.
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