Disolución y liquidación de sociedades

La extinción de las sociedades de capital

Las sociedades mercantiles no son eternas. Por diversas razones (voluntad de los socios, pérdidas, imposibilidad de continuar el negocio), pueden iniciarse los trámites para su extinción. Este proceso comprende tres fases sucesivas y bien diferenciadas: disolución, liquidación y cancelación registral.

La regulación se encuentra en los artículos 360 a 400 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que distingue entre causas de disolución de pleno derecho (que operan automáticamente), causas legales (que requieren acuerdo de la Junta) y la disolución voluntaria por decisión de los socios.

Causas de disolución

Causas de pleno derecho

La sociedad se disuelve de pleno derecho, sin necesidad de acuerdo de la Junta, cuando:

• Transcurre el plazo de duración fijado en los estatutos (si se fijó un plazo determinado).
• Se cumple la condición resolutoria a la que estaba sometida la sociedad.

En estos casos, el administrador debe solicitar la anotación de la disolución en el Registro Mercantil.

Causas legales de disolución (requieren acuerdo de la Junta)

El artículo 363 LSC establece las causas por las que la Junta General debe acordar la disolución:

• Patrimonio neto negativo o inferior a la mitad del capital social: si las pérdidas reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital y no se adoptan medidas de saneamiento (ampliación de capital, reducción de capital, conversión de deuda). Esta es la causa más frecuente en la práctica.
• Paralización de los órganos sociales: cuando no se puede adoptar ningún acuerdo por bloqueo entre los socios.
• Imposibilidad de cumplir el objeto social: el negocio para el que se constituyó la sociedad ya no puede desarrollarse.
• Capital social por debajo del mínimo legal (3.000 € en la SL, 60.000 € en la SA) sin ampliación en el plazo legal.
• Reducción de socios por debajo del mínimo legal durante más de seis meses.

Cuando concurre una causa legal de disolución, los administradores tienen la obligación de:

1. Convocar la Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución, o bien para que adopte medidas de saneamiento que eliminen la causa.
2. Si la Junta no adopta el acuerdo o no lo puede adoptar, los administradores deben solicitar la disolución judicial.

El incumplimiento de esta obligación genera la responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas sociales posteriores (artículo 367 LSC).

Disolución voluntaria

La Junta General puede acordar la disolución de la sociedad en cualquier momento, por decisión libre de los socios, aunque no concurra ninguna causa legal. Se requieren las mayorías reforzadas previstas para las modificaciones estructurales.

La fase de liquidación

Una vez acordada la disolución, la sociedad entra en el período de liquidación. Durante este período:

• La sociedad mantiene su personalidad jurídica pero añade a su denominación social las palabras “en liquidación”.
• Los administradores cesan en sus funciones de representación y son sustituidos por los liquidadores (que pueden ser los mismos administradores, salvo que los estatutos o la Junta designen personas distintas).
• La sociedad no puede realizar nuevas operaciones de negocio, solo las necesarias para la liquidación.

Funciones del liquidador

Los liquidadores tienen amplias facultades para:

• Formular el inventario y el balance inicial de liquidación.
• Cobrar los créditos y las deudas pendientes.
• Enajenar los activos de la sociedad (inmuebles, maquinaria, cartera de clientes, marcas).
• Pagar a los acreedores, respetando el orden de preferencia legal.
• Distribuir el remanente entre los socios en proporción a su participación.
• Representar a la sociedad en litigios y negociaciones durante la liquidación.

Orden de pagos

El liquidador debe pagar primero a los acreedores antes de repartir el remanente entre los socios. Si el activo no alcanza para satisfacer a todos los acreedores, el liquidador debe solicitar el concurso de acreedores, no proceder a un reparto parcial entre socios.

El haber social restante (si lo hay) se distribuye entre los socios en proporción a su participación en el capital, salvo que los estatutos o el pacto de socios establezcan otro criterio de distribución.

Balance final de liquidación

Al término de las operaciones de liquidación, los liquidadores formulan el balance final de liquidación, que debe ser aprobado por la Junta General. El balance incluye el detalle del activo realizado, las deudas pagadas y el remanente disponible para los socios.

Este balance debe depositarse en el Registro Mercantil junto con la escritura de extinción de la sociedad.

Cancelación registral y extinción

La sociedad se extingue jurídicamente en el momento en que se inscriben en el Registro Mercantil la escritura de extinción y la cancelación de todos sus asientos registrales. A partir de ese momento, la sociedad deja de existir como persona jurídica.

Sin embargo, la cancelación registral no extingue las responsabilidades frente a terceros que pudieran derivarse de las operaciones realizadas antes de la extinción. Los socios que hubieran recibido el haber social responden solidariamente de las deudas no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran percibido. Los liquidadores pueden ser también responsables si no actuaron con la diligencia debida.

Disolución y liquidación vs. concurso de acreedores

Si la sociedad está en situación de insolvencia (no puede atender regularmente sus obligaciones), el camino no es la disolución y liquidación voluntaria, sino el concurso de acreedores. La liquidación concursal sigue procedimientos distintos, bajo supervisión judicial, y puede coexistir con la responsabilidad concursal de los administradores si el concurso se califica como culpable.