Concurso de acreedores

Qué es el concurso de acreedores

El concurso de acreedores es el procedimiento judicial previsto en la legislación española para situaciones de insolvencia empresarial o personal. Se activa cuando el deudor (empresa o particular) no puede cumplir regularmente con sus obligaciones de pago, con el objetivo de proteger los intereses de todos los acreedores de forma ordenada y equitativa.

Hasta 2004, el sistema español diferenciaba entre suspensión de pagos (para empresas solventes con problemas de liquidez) y quiebra (para empresas insolventes). La Ley Concursal de 2003 (hoy refundida en el Real Decreto Legislativo 1/2020, Texto Refundido de la Ley Concursal) unificó ambos procedimientos en el concurso de acreedores.

Tipos de concurso: voluntario y necesario

Concurso voluntario: el propio deudor lo solicita al juzgado cuando prevé que no podrá cumplir sus obligaciones. Es obligatorio solicitarlo dentro de los 2 meses siguientes al momento en que el deudor conoce o debería haber conocido su estado de insolvencia. Presentarlo a tiempo protege al deudor de presunciones de culpabilidad.

Concurso necesario: lo solicita un acreedor (o varios) cuando el deudor no paga sus deudas. El deudor tiene 10 días para oponerse o adherirse al concurso. Si el deudor no paga ni garantiza la deuda, el juzgado declara el concurso como necesario.

Fases del procedimiento concursal

1. Declaración del concurso: el juzgado de lo mercantil competente dicta el auto de declaración del concurso, nombra a la administración concursal (uno o tres administradores, según la complejidad) y adopta las medidas cautelares pertinentes.

2. Fase común: la administración concursal elabora el inventario de la masa activa (bienes y derechos del deudor), la lista de acreedores (masa pasiva) y el informe concursal. Los acreedores tienen plazo para comunicar sus créditos.

3. Fase de convenio o liquidación: tras el informe, el procedimiento puede derivar en:

• Convenio: acuerdo entre el deudor y la mayoría de acreedores sobre quitas (reducción de deuda) y esperas (aplazamiento de pagos). Si se aprueba y cumple, el deudor sale del concurso con la deuda reestructurada
• Liquidación: cuando el convenio fracasa o el deudor lo solicita directamente. Se venden todos los activos para pagar a los acreedores según el orden de preferencia legal

4. Calificación: el juzgado califica el concurso como fortuito (sin responsabilidad) o culpable (si hubo fraude o negligencia grave). En el concurso culpable, los administradores y directivos pueden ser responsabilizados personalmente de las deudas.

Preconcurso y mecanismos preventivos

La reforma concursal ha potenciado los instrumentos de reestructuración preconcursal para que las empresas puedan resolver sus problemas antes de llegar al concurso:

• Comunicación de negociaciones (art. 583 TRLC): el deudor comunica al juzgado el inicio de negociaciones con sus acreedores y obtiene una moratoria de 3 meses frente a ejecuciones
• Planes de reestructuración: nuevo instrumento introducido en 2022 (transposición de la Directiva Europea de Reestructuración e Insolvencia) que permite homologar judicialmente un acuerdo de reestructuración con una mayoría cualificada de acreedores, vinculando incluso a los acreedores disidentes

La segunda oportunidad para particulares

La Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015, reformada en 2022) permite a las personas físicas insolventes, incluidos autónomos, obtener la exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI): la cancelación de las deudas que no puedan pagarse, permitiendo al deudor empezar de nuevo económicamente. Es un mecanismo pensado para situaciones de sobreendeudamiento personal.