El marco laboral español continua su proceso de transformación con cambios normativos que afectan directamente a la gestión de recursos humanos en las empresas. Conocer estas novedades y adaptarse a tiempo es fundamental para evitar contingencias y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la legislación.
Reducción de la jornada laboral
Una de las medidas más relevantes de este ejercicio es la consolidación de la reducción progresiva de la jornada laboral máxima. Las empresas deben revisar sus convenios colectivos y contratos individuales para asegurar el cumplimiento de los nuevos límites, prestando especial atención a los sistemas de registro horario y a la organización de turnos.
La reforma, impulsada por el Real Decreto-ley que reduce la jornada máxima ordinaria a 37,5 horas semanales, obliga a revisar no solo los contratos vigentes sino también los acuerdos de distribución irregular de jornada. El incumplimiento puede derivar en infracciones graves con multas de entre 751 y 7.500 euros por trabajador afectado, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).
El impacto de esta medida varia significativamente según el sector. Mientras que para las empresas de servicios profesionales el ajuste puede ser relativamente sencillo, para sectores como la hosteleria, el comercio o la industria manufacturera, la reorganización de horarios requiere una planificación cuidadosa y, en muchos casos, una renegociacion de condiciones con la representación de los trabajadores. Los convenios colectivos sectoriales tienen un papel determinante: en aquellos que ya establecian jornadas inferiores a 37,5 horas, la reforma tiene un impacto neutro; en los demas, la negociación colectiva debe adaptarse en los plazos establecidos.
Registro horario: obligaciones vigentes y nuevas exigencias
El registro diario de jornada, obligatorio desde el Real Decreto-ley 8/2019, sigue siendo uno de los focos principales de la Inspección de Trabajo. Las actas de infracción por ausencia o deficiencias en el registro horario se han incrementado notablemente en los últimos ejercicios. La normativa exige que el registro sea preciso, diario e inalterable, y que los documentos se conserven durante cuatro años.
Con la reducción de jornada, el registro cobra aun mayor importancia como herramienta de verificación del cumplimiento. Las empresas deben asegurarse de que sus sistemas —ya sean fichajes biometricos, aplicaciones móviles o registros en papel— cumplen con los requisitos de fiabilidad e integridad exigidos por la autoridad laboral.
Teletrabajo y desconexion digital
La regulación del teletrabajo sigue madurando con nuevas precisiones sobre los costes que debe asumir la empresa, los derechos de desconexion digital y las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales para trabajadores remotos. Las compañías que aun no han formalizado sus acuerdos de trabajo a distancia deben hacerlo sin demora para evitar sanciones.
La Ley 10/2021 de trabajo a distancia establece que el acuerdo debe formalizarse por escrito antes del inicio del trabajo remoto e incluir: inventario de medios y equipos provistos por la empresa, compensación de gastos, horario y reglas de disponibilidad, y medidas de prevención de riesgos. El incumplimiento del deber de dotar de medios tecnológicos adecuados es responsabilidad de la empresa, incluyendo ergonomia, protección de datos y evaluación de riesgos psicosociales para el trabajador en remoto.
El derecho a la desconexion digital, reconocido en la Ley Orgánica 3/2018, obliga a las empresas a elaborar y comunicar una política interna de desconexion. Esta política debe establecer claramente cuando el trabajador no esta obligado a responder comunicaciones electroncias fuera de su jornada, especialmente relevante en entornos de trabajo hibrido donde las fronteras entre jornada laboral y tiempo personal se difuminan.
Contratación e igualdad
Se refuerzan las obligaciones en materia de planes de igualdad, con umbrales de aplicación más bajos y requisitos de auditoría retributiva más exigentes. Las empresas de más de cincuenta trabajadores deben contar con un plan de igualdad registrado y vigente en el Registro de Planes de Igualdad (RPI), incluyendo medidas concretas de conciliación y protocolos contra el acoso.
La auditoría retributiva, exigida como parte del plan de igualdad, requiere un análisis detallado de las diferencias salariales entre trabajadores de igual valor para identificar y corregir brechas de genero injustificadas. El Ministerio de Igualdad ha reforzado la supervisión de estos planes, con inspecciones específicas que verifican tanto la elaboración como la efectiva aplicación de las medidas.
Nuevas figuras contractuales y extinción de contrato
La reforma laboral de 2021 (Real Decreto-ley 32/2021) ha consolidado el contrato indefinido como la norma general, limitando los contratos temporales a dos supuestos específicos: circunstancias de la producción y sustitución de persona trabajadora. Las empresas deben revisar que sus contratos temporales vigentes tienen una causa justificada, ya que la utilizacion fraudulenta puede implicar la conversión automática en contratos indefinidos y sanciones adicionales.
En materia de despidos colectivos (ERE), el Real Decreto 1483/2012 sigue siendo la norma de referencia, pero los criterios de negociación con la representación de los trabajadores y los umbrales para activar el período de consultas han sido objeto de reinterpretacion judicial en los últimos años. Es imprescindible contar con asesoramiento especializado antes de iniciar cualquier procedimiento de reestructuración.
Recomendaciones prácticas
Desde BMC aconsejamos a las empresas realizar una auditoría laboral integral que identifique áreas de riesgo y oportunidades de mejora. Los principales focos de atención para 2026 son: verificación del cumplimiento de la nueva jornada máxima, revisión de los acuerdos de teletrabajo, actualización del protocolo de desconexion digital, y comprobación de la vigencia y registro del plan de igualdad.
La prevención es siempre más económica que la reaccion. Una infracción grave en materia laboral puede conllevar multas de hasta 225.018 euros en los supuestos más graves (infracciones muy graves reiteradas), además del daño reputacional y los costes de litigacion. Un asesoramiento en derecho laboral proactivo permite no solo cumplir con la normativa, sino también mejorar el clima laboral y la retención de talento, factores que se traducen directamente en productividad y competitividad empresarial. El servicio de cumplimiento laboral garantiza que sus obligaciones periódicas esten siempre al día.
