El SMI para 2026 se enmarca en un contexto singular: es el primer año en que la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales es plenamente operativa, lo que modifica el denominador de la ecuación del coste laboral por hora. Además, 2026 es el año de plena entrada en vigor de las obligaciones sustantivas del AI Act para sistemas de alto riesgo, lo que introduce nuevos vectores de coste de compliance que deben valorarse junto con la presión salarial.
El SMI en el ciclo de negociación colectiva 2026
El proceso de fijación anual del SMI previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores requiere consulta previa con las organizaciones sindicales y patronales más representativas. En los últimos años, la negociación del SMI ha estado condicionada por la posición del Gobierno de acercarlo progresivamente al 60% del salario medio, en línea con la Directiva (UE) 2022/2041 de salarios mínimos adecuados.
Para 2026, el punto de partida es el SMI de 2025 (1.184 euros/mes). Los criterios del artículo 27 ET —IPC, productividad media nacional e incremento de la participación del trabajo en la renta— señalan a un incremento moderado, que los analistas laborales cifran en el entorno del 3-5%, lo que situaría el SMI entre 1.220 y 1.243 euros mensuales. Sin embargo, la negociación tripartita puede modificar estas estimaciones en función de la coyuntura económica y política.
El doble impacto de la reducción de jornada y el SMI
La reducción de la jornada máxima ordinaria de 40 a 37,5 horas semanales, en vigor desde 2025, tiene un efecto multiplicador sobre el coste del trabajo por hora efectiva. Para un trabajador remunerado al SMI, el coste por hora efectiva en 2026 es superior al de 2024 por dos razones simultáneas: el incremento del SMI nominal y la reducción de las horas anuales computables.
Tomando como base un SMI de 1.184 euros/mes (2025) y una jornada de 37,5 horas/semana (1.712 horas anuales), el coste por hora efectiva es de 8,30 euros/hora, frente a los 7,46 euros/hora que resultaban del SMI de 2023 (1.080 euros/mes) con jornada de 40 horas (1.826 horas anuales). Este incremento del 11,3% en el coste horario efectivo en dos años tiene un impacto directo sobre los modelos de negocio intensivos en mano de obra, especialmente en sectores donde la jornada media efectiva se acerca al máximo legal.
Gestión de la estructura salarial: recomendaciones prácticas
Las empresas con plantillas amplias en sectores con altas proporciones de trabajadores en el entorno del SMI deben abordar en 2026 una auditoría de estructura salarial que contemple los siguientes elementos:
Análisis de compresor salarial. A medida que el SMI sube, los salarios de las categorías más bajas se acercan a los de categorías intermedias, reduciendo el diferencial retributivo que actúa como incentivo para la cualificación y la promoción interna. Este fenómeno —denominado compresor salarial— requiere en muchas empresas una revisión global de la estructura de bandas salariales, no solo del mínimo.
Revisión de complementos salariales ligados al SMI. Algunos complementos de convenio se calculan como porcentaje del SMI o del salario base mínimo del convenio. Cuando el SMI sube, estos complementos arrastran su propio incremento, con un efecto multiplicador sobre el coste total que debe cuantificarse antes de la negociación colectiva.
Impacto sobre contratos de duración determinada y fijos discontinuos. Los contratos de temporada y los fijos discontinuos, especialmente frecuentes en hostelería, agricultura y turismo, se ven particularmente afectados por la coincidencia del incremento del SMI con la entrada en vigor de la jornada de 37,5 horas, ya que sus retribuciones suelen estar calculadas sobre tablas de convenio que deben actualizarse simultáneamente por ambas causas.
Reflexión de fondo: competitividad y costes laborales
El debate sobre el impacto del SMI en el empleo y la competitividad sigue abierto en España. Los estudios del Banco de España (2019, 2022) han encontrado efectos estadísticamente significativos —aunque de magnitud moderada— de las subidas del SMI sobre el empleo de los trabajadores con menor cualificación, especialmente en regiones con mercados laborales más débiles. Los sindicatos y varios economistas académicos señalan, por el contrario, que el impacto en el empleo es marginal y que el efecto neto sobre la demanda interna y la reducción de la desigualdad es positivo.
Lo que resulta claro para las empresas es que la tendencia alcista del SMI es estructural y seguirá operando en los próximos años. La planificación de los costes laborales a medio plazo debe incorporar esta variable como factor permanente, y las inversiones en productividad —automatización, digitalización, formación— son la respuesta estratégica más robusta para mantener la competitividad en un entorno de costes laborales al alza.
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