En febrero de 2026, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias que cambian de forma radical el tratamiento de la deuda pública en los procedimientos de segunda oportunidad. Las Sentencias del Tribunal Supremo (STS) 260/2026 y 254/2026 —ambas de la Sala de lo Civil— establecen que los recargos, intereses de demora y sanciones impuestos por la Agencia Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) son créditos subordinados y, como tales, pueden exonerarse íntegramente en el marco de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI). Esta doctrina supone el mayor avance para los deudores con deuda pública desde la reforma de la Ley 16/2022.
El problema que resolvieron las sentencias
Antes de febrero de 2026, existía una interpretación restrictiva ampliamente extendida entre juzgados de lo mercantil: los límites de exoneración del artículo 491 TRLC —hasta 10.000 euros de deuda con la AEAT y hasta 10.000 euros con la TGSS— se aplicaban a toda la deuda pública sin distinción, fuera principal, recargos, intereses o sanciones. Esta interpretación dejaba a muchísimos deudores en una situación insostenible: tras la segunda oportunidad, seguían debiendo decenas de miles de euros al fisco, lo que hacía ilusoria la exoneración.
El caso que dio lugar a la STS 260/2026 era paradigmático: un autónomo de Murcia había acumulado 4.200 euros de cuotas a la Seguridad Social (principal) más 38.000 euros en recargos de demora y sanciones por la misma deuda. La Administración pretendía que el tope de 10.000 euros se aplicaba al conjunto. El Tribunal Supremo dio la razón al deudor.
Primer pronunciamiento clave: los recargos, intereses y sanciones son crédito subordinado
La STS 254/2026 establece con claridad meridiana la naturaleza jurídica de los distintos componentes de la deuda pública en sede concursal:
- El principal de la deuda tributaria o de seguridad social (cuotas, cuota líquida de impuestos) es crédito ordinario a efectos del concurso, salvo que tenga garantía real.
- Los recargos de apremio (5%, 10%, 20%) son crédito subordinado conforme al artículo 281.1.4º TRLC, al tener naturaleza sancionatoria-coercitiva.
- Los intereses de demora son crédito subordinado conforme al artículo 281.1.3º TRLC.
- Las sanciones tributarias y de Seguridad Social son crédito subordinado por definición legal (art. 281.1.4º TRLC).
Esta distinción no es nueva en el ámbito concursal —ya existía en el tratamiento de los créditos— pero el Supremo la aplica ahora expresamente al artículo 491 TRLC: los topes de exoneración de deuda pública se refieren únicamente a los créditos ordinarios o privilegiados de la AEAT y la TGSS, no a los subordinados.
Segundo pronunciamiento clave: los topes del art. 491 TRLC no alcanzan al crédito subordinado
La STS 260/2026 da un paso más y declara que el artículo 491.2 TRLC —que limita la exoneración de créditos públicos a los umbrales de 10.000 euros por la AEAT y 10.000 euros por la TGSS— debe interpretarse restrictivamente: se aplica a los créditos de naturaleza ordinaria o privilegiada con la Hacienda Pública, no a los créditos subordinados.
La consecuencia práctica es determinante. Veamos un ejemplo:
Deudor con la siguiente deuda con AEAT:
- Principal IRPF (crédito ordinario): 8.500 euros
- Recargo de apremio 20% (crédito subordinado): 1.700 euros
- Intereses de demora (crédito subordinado): 2.300 euros
- Sanción tributaria (crédito subordinado): 12.000 euros
- Total deuda AEAT: 24.500 euros
Con la interpretación anterior, solo se exoneraban 10.000 euros y el deudor seguía debiendo 14.500 euros. Con la doctrina de la STS 260/2026, se exoneran los 10.000 euros de crédito ordinario cubiertos por el tope, y además se exoneran íntegramente los 16.000 euros de crédito subordinado (recargo + intereses + sanción), ya que los subordinados no están sujetos al límite del art. 491. El resultado: el deudor queda libre de toda la deuda con la AEAT.
Segundo ejemplo con deuda a la TGSS:
- Cuotas de autónomo impagadas (crédito ordinario): 11.200 euros
- Recargo de apremio 20% (crédito subordinado): 2.240 euros
- Intereses (crédito subordinado): 1.800 euros
- Total TGSS: 15.240 euros
Con la nueva doctrina: se aplica el tope de 10.000 euros al crédito ordinario, de modo que 1.200 euros de principal quedan sin exonerar. Pero los 4.040 euros de recargo e intereses (subordinados) sí se exoneran íntegramente. La deuda residual es de 1.200 euros, no de 5.240 como hubiera resultado con la interpretación anterior.
Tercer pronunciamiento clave: la derivación de responsabilidad no es veto automático
Uno de los aspectos más relevantes de la STS 260/2026 en el plano práctico es la aclaración sobre la derivación de responsabilidad tributaria. Cuando la AEAT o la TGSS derivan deudas de una sociedad a su administrador o socio persona física —por responsabilidad subsidiaria (art. 43 LGT) o solidaria (art. 42 LGT)—, esa persona puede encontrarse con deudas astronómicas frente al fisco que no ha generado directamente.
El Supremo aclara que la derivación de responsabilidad es un mecanismo de extensión de la responsabilidad tributaria que no altera la naturaleza concursal del crédito: el administrador o socio que ha recibido una derivación puede acceder a la segunda oportunidad con normalidad, y la deuda derivada se clasifica según su naturaleza (principal como ordinario, recargos e intereses como subordinados) a los efectos del artículo 491 TRLC.
Esto es especialmente relevante para administradores de sociedades que cerraron con deudas fiscales y de Seguridad Social. Hasta ahora, muchos de ellos renunciaban a la segunda oportunidad porque consideraban que la deuda derivada los excluía del mecanismo o hacía ilusoria la exoneración. La nueva doctrina les abre la puerta.
Impacto en procedimientos pendientes y futuros
Las sentencias de febrero de 2026 tienen efecto inmediato sobre:
Procedimientos en trámite: Si la EPI aún no ha sido concedida y hay deuda pública clasificada erróneamente, el abogado puede solicitar la revisión de la clasificación crediticia con apoyo en la nueva doctrina. Los juzgados de lo mercantil están aplicando ya la doctrina del Supremo en las resoluciones dictadas desde marzo de 2026.
Procedimientos con EPI denegada: Si la EPI fue denegada por razón del volumen de deuda pública y la resolución no es firme o cabe recurso, la nueva doctrina puede ser el fundamento del recurso. Incluso en resoluciones firmes, conviene analizar si existe algún cauce procesal de revisión.
Procedimientos futuros: Para quien está pensando en iniciar un procedimiento de segunda oportunidad, las sentencias suponen que deudores con grandes deudas por sanciones o recargos fiscales —que antes hacían inviable la segunda oportunidad— pueden ahora obtener una exoneración efectiva.
Qué sigue sin poder exonerarse
Las sentencias de 2026 no alteran las exclusiones absolutas del artículo 491.1 TRLC. Siguen sin poder exonerarse en ningún caso:
- Las deudas por alimentos.
- Las indemnizaciones derivadas de responsabilidad extracontractual por daños a la integridad física o muerte.
- Las multas penales y otras sanciones penales (sí se exoneran las sanciones administrativas, que son crédito subordinado).
- Las deudas contraídas con dolo o fraude.
El principal de la deuda con la AEAT sigue sujeto al tope de 10.000 euros y el principal con la TGSS al tope de otros 10.000 euros. Lo que ahora es exonerable sin límite es el componente subordinado (recargos, intereses, sanciones administrativas).
Cómo afecta esto a tu estrategia procesal
Si tienes deuda con Hacienda o Seguridad Social y estás valorando la segunda oportunidad, el análisis correcto ahora requiere:
- Clasificar cada deuda pública entre sus componentes: principal, recargo, intereses, sanciones.
- Solicitar a la AEAT y a la TGSS un desglose detallado de la deuda (lo que en gestión tributaria se denomina “desglose por conceptos”).
- Calcular el crédito ordinario restante tras aplicar los topes del art. 491, que es la deuda pública residual que no se exonerará.
- Si hay derivación de responsabilidad, obtener copia íntegra del acto de derivación y clasificar sus componentes con el mismo criterio.
En BMC, con el respaldo de Raúl Herrera García como Of Counsel especializado en derecho concursal, analizamos cada caso de segunda oportunidad con el desglose completo de la deuda pública para maximizar la exoneración al amparo de la nueva doctrina del Tribunal Supremo.
