Raúl Herrera

Programas de compliance penal corporativo para eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme al artículo 31 bis del Código Penal.

Asistencia letrada especializada en la defensa de administradores, apoderados y directivos investigados por administración desleal (art. 252 CP). Estrategia integral desde la instrucción hasta el juicio oral, con coordinación de la vía civil societaria.

Defensa penal especializada en blanqueo de capitales (arts. 301-304 CP): asesoramiento técnico en operaciones bancarias sospechosas, comiso de bienes y autoblanqueo. Estrategia procesal ante Policía Judicial, Fiscalía Antidroga y Juzgados Centrales de Instrucción.

Defensa penal por delito contra la Hacienda Pública (art. 305 CP): cuantificación pericial de la cuota tributaria defraudada, regularización extemporánea y compatibilidad con sanciones administrativas. Acompañamiento desde la inspección AEAT hasta el juicio oral.

Investigaciones internas independientes ante denuncias del canal de informante, acoso laboral, fraude, soborno y brechas de datos: metodología forense, cadena de custodia y defensa ante inspecciones.

Calificación concursal (TRLC arts. 442-456): defensa de administradores frente a la sección de calificación. La diferencia entre concurso culpable y fortuito puede implicar responsabilidad personal ilimitada.

Concurso de acreedores para pymes: asesoramiento desde las primeras señales de insolvencia para preservar el negocio y limitar la responsabilidad personal.

Cierre legal de empresa sin activos mediante concurso exprés (art. 37bis TRLC). Para autónomos y administradores garantes, también disponible vía BEPI.

Convenio concursal (TRLC arts. 317-341): el acuerdo de pago con los acreedores dentro del concurso. Asesoramiento en negociación, propuesta anticipada y cumplimiento del convenio para empresas en concurso.

Disolución y liquidación de sociedades: gestión jurídica, fiscal y laboral del proceso completo. Protección del administrador y cierre registral definitivo.

Homologación judicial del plan de reestructuración (art. 639 TRLC): extiende los efectos del plan a acreedores disidentes mediante cram-down. Asesoramiento especializado en procedimiento y defensa.

Negociación deuda AEAT y Seguridad Social: aplazamiento art. 65 LGT, fraccionamiento TGSS y convenio singular para empresas con dificultades de liquidez.

Plan de reestructuración pre-concursal bajo TRLC arts. 616-732: reestructura la deuda de tu empresa antes del concurso con protección judicial y eficacia vinculante para acreedores disidentes.

Comunicación al juzgado mercantil (art. 583 TRLC): escudo protector de 3 meses frente a ejecuciones y negociación con acreedores sin declarar concurso.

Insolvencia para empresas de menos de 10 empleados: procedimiento digital, sin administrador concursal, en 3-6 meses y hasta un 80% más económico.

Planes de reestructuración (Libro I TRLC): negociación de quitas y esperas, cram-down judicial y reestructuración sin concurso para empresas viables.

Rescisión concursal (TRLC arts. 226-239): la administración concursal puede rescindir actos realizados en los 2 años anteriores al concurso que perjudican a la masa activa. Defensa de terceros afectados.

Ley de Segunda Oportunidad para personas físicas: cancelación legal de deudas impagadas, incluidas parcialmente las de Hacienda y Seguridad Social.