Asesoramiento especializado para el sector asegurador y de preision social

El sector asegurador español concentra 341 entidades activas que emplean a cerca de 60.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social y que exhiben una solidez estructural poco comun: la tasa de supervivencia a cinco años alcanza el 82,6%, una de las más altas de cualquier sector financiero o de servicios en España. Con una cuota del 17,0% en el mercado asegurador europeo, España ocupa una posición de peso en el mapa continental del riesgo, respaldada por grupos de escala global y por un tejido de mutuas y compañías regionales con arraigo local. La Directiva Solvencia II —plenamente aplicable desde 2016 y actualmente en proceso de revisión con la propuesta Solvencia II Review— impone requerimientos de capital basados en el riesgo, un sistema de gobernanza con cuatro funciones clave y una política de remuneración que la DGSFP supervisa con creciente rigor. A esto se anade la aplicación del Reglamento DORA desde enero de 2025, que exige marcos de resiliencia operativa digital a todo el sector.

En BMC asesoramos a compañías de seguros de vida y no vida, mutuas de seguros, corredores y corredurias, gestoras de fondos de pensiones y reaseguradoras en todos los aspectos fiscales, legales y de cumplimiento de su actividad. Nuestros servicios incluyen la revisión y optimización del tratamiento fiscal de las provisiones técnicas, la asistencia en los procesos de autorización administrativa ante la DGSFP para nuevas entidades o para la extensión del ramo autorizado, el asesoramiento en fusiones y adquisiciones de carteras de seguro o de entidades completas, y la implantación de programas de cumplimiento AML/PBC adaptados a la naturaleza del riesgo asegurador. También asesoramos en el diseño de las políticas de datos bajo el RGPD para los tratamientos específicos del sector —suscripcion, peritos, fraude, telemática.

La tasa de supervivencia del 82,6% a cinco años no es casual: refleja la estabilidad de los modelos de negocio asegurador, pero también la intensidad del esfuerzo regulatorio que sostiene esa solidez. Las entidades que operan en este sector no pueden permitirse improvisation en materia de gobierno corporativo ni en sus relaciones con el supervisor. Las funciones clave exigidas por Solvencia II deben ser cubiertas por personas con idoneidad aprobada por la DGSFP, los conflictos de interés en la distribución de seguros están regulados por la Directiva IDD, y la política de remuneración variable debe supeditarse a criterios de solvencia a largo plazo. Acompañamos a los consejos de administración y a los comités de auditoría y riesgos de entidades aseguradoras en estas obligaciones, así como en las relaciones con el supervisor durante inspecciones y procesos de control especial.