Acción Social de Responsabilidad

Qué es la acción social de responsabilidad

La acción social de responsabilidad es la herramienta que el ordenamiento español pone en manos de la sociedad, sus socios y sus acreedores para reclamar judicialmente a los administradores el daño causado al patrimonio social. Está regulada en el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), reformado en profundidad por la Ley 31/2014 de mejora del gobierno corporativo de las sociedades de capital.

El presupuesto de la acción es triple: existencia de un acto u omisión del administrador contrario a la ley o a los estatutos, o realizado sin la diligencia debida; un daño al patrimonio social causalmente vinculado a ese acto; y que el daño sea atribuible a ese administrador concreto.

Legitimados para ejercer la acción

La LSC establece una cascada de legitimados:

1. La propia sociedad, mediante acuerdo adoptado por la junta general —incluso si no figura en el orden del día cuando la propuesta la formula el 5% del capital— que puede acordar simultáneamente la separación del administrador.
2. Los socios minoritarios que representen el 5% del capital social (1% en sociedades cotizadas), quienes pueden ejercer la acción en nombre y beneficio de la sociedad si la junta no lo hace o si los administradores controlados impiden la convocatoria.
3. Los acreedores sociales, en los casos en que el patrimonio social sea insuficiente para satisfacer sus créditos, como acción subsidiaria y en beneficio de la sociedad.

Relación con el seguro D&O

La proliferación de acciones sociales ha impulsado el mercado del seguro D&O (Directors and Officers Liability Insurance), que cubre la responsabilidad civil personal de los administradores. Sin embargo, el seguro D&O no cubre los daños dolosos ni las multas y sanciones administrativas. Por ello, el compliance penal y el gobierno corporativo sólido son el complemento indispensable del seguro.

Prescripción y caducidad

El plazo de prescripción es de cuatro años desde que la acción pudo ejercitarse (art. 241 bis LSC). La aprobación de la gestión de los administradores por la junta general no extingue la responsabilidad cuando la acción se ejercita por la minoría o los acreedores, ni cuando el acuerdo aprobatorio se adoptó con información falsa o insuficiente.