El sector logístico español cerró 2024 con unos ingresos de aproximadamente 104.000 millones de euros, lo que representa el 7,8% del PIB nacional. La transformación en curso —impulsada simultáneamente por la digitalización, la presión para descarbonizar las cadenas de transporte y un marco regulatorio europeo profundamente revisado— crea un panorama de oportunidades y riesgos que los operadores de todos los tamaños deben gestionar con rigor.
El Nuevo Marco Regulatorio Europeo: CSDDD y Sus Implicaciones
La Directiva (UE) 2024/1760 sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD) es, posiblemente, la norma con mayor impacto estructural sobre las cadenas de suministro europeas desde la creación del mercado único. Adoptada en junio de 2024, exige a las grandes empresas identificar, prevenir, mitigar y remediar los impactos adversos reales y potenciales de sus operaciones y cadenas de valor sobre los derechos humanos y el medioambiente.
Para el sector logístico, el impacto es bidireccional: los grandes operadores logísticos son sujetos directos de la norma cuando superan los umbrales (1.000 empleados y 450 millones de euros de cifra de negocios a partir de 2027), pero también son sujetos indirectos como proveedores en las cadenas de suministro de empresas industriales ya obligadas. Las implicaciones prácticas incluyen:
- Mapeo de la cadena de suministro: identificación de todos los proveedores de primer y segundo nivel, con evaluaciones de riesgo sobre derechos laborales, impacto medioambiental y gobernanza.
- Contratos con cláusulas de diligencia debida: los contratos con subcontratistas de transporte, almacenamiento y distribución deben incorporar cláusulas que exijan el cumplimiento de estándares ESG y permitan la auditoría.
- Sistema de gestión de reclamaciones: las empresas obligadas deben establecer un mecanismo para que los afectados por las operaciones puedan presentar reclamaciones. Este mecanismo puede solaparse con el canal de denuncias exigido por la Ley española 2/2023, si se diseña correctamente.
Descarbonización del Transporte: Fit for 55 y Ajuste en Frontera por Carbono
El paquete legislativo europeo Fit for 55 —que persigue una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990— incluye medidas con impacto directo en el transporte de mercancías:
Extensión del RCDE al transporte por carretera. A partir de 2027, el RCDE2 (el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión para edificios y transporte por carretera) entrará en vigor, fijando un precio a las emisiones del diésel en carretera. El sector del transporte por carretera, que representa el 27% de las emisiones de CO₂ del transporte en España, verá aumentar sus costes operativos en función del precio de los derechos de emisión.
Normas de emisiones para vehículos pesados. El Reglamento (UE) 2019/1242, reforzado en 2023, establece que los fabricantes de camiones deben reducir las emisiones medias de CO₂ de su flota en un 45% para 2030 y en un 90% para 2040. Esto está acelerando la transición hacia vehículos de cero emisiones (eléctricos o de hidrógeno) en las flotas de transporte urbano y de corto recorrido.
Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). El Reglamento (UE) 2023/956 establece un gravamen sobre las importaciones de determinados productos (acero, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno, electricidad) en función de su huella de carbono. Los operadores logísticos que gestionan importaciones de estos productos deben adaptar sus sistemas de información para capturar y declarar los datos de emisiones incorporadas necesarios para los cálculos del CBAM.
Digitalización Obligatoria: eCMR y Trazabilidad Electrónica
España ratificó en 2023 el Protocolo Adicional al Convenio CMR sobre la Nota de Porte Electrónica (eCMR). La adopción de la eCMR elimina la documentación en papel en el transporte internacional de mercancías por carretera y facilita el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad de la CSDDD y el CBAM. Sin embargo, la interoperabilidad entre los sistemas de las distintas partes de la cadena de transporte (cargador, transportista, destinatario, autoridades aduaneras) sigue siendo el principal obstáculo para la adopción masiva.
El Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) de la AEAT, obligatorio para las empresas con una cifra de negocios superior a 6 millones de euros, ya exige la declaración inmediata (en cuatro días) de las facturas emitidas y recibidas. Para los operadores logísticos que gestionan miles de facturas mensuales con clientes y proveedores multinacionales, la integración del SII con los Sistemas de Gestión del Transporte (TMS) es un requisito operativo ineludible.
Contratación Pública y Logística Verde
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y las directivas europeas de contratación pública incorporan criterios de sostenibilidad medioambiental que favorecen a los operadores logísticos con flotas de vehículos de bajas emisiones, certificación ISO 14001 o gestión acreditada de residuos. La Directiva (UE) 2019/1161 sobre la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios establece objetivos mínimos de contratación de vehículos de bajas o cero emisiones que los organismos públicos españoles deben cumplir en los contratos de transporte.
Para los operadores logísticos que trabajan con la Administración pública —transporte sanitario, distribución postal, logística de defensa—, la adaptación a estos requisitos es ya una condición para acceder a los contratos, no una opción.
Impacto en el Reporte Financiero
El creciente peso de las obligaciones ESG también se refleja en la información financiera. El Reglamento de Taxonomía de la UE (Reglamento 2020/852) clasifica las actividades económicas según su contribución a los objetivos medioambientales europeos. Las actividades de transporte y almacenamiento cuentan con sus propias categorías de Taxonomía, y las empresas sujetas al reporte de sostenibilidad (CSRD) deben calcular y publicar qué porcentaje de sus ingresos, capex y opex proviene de actividades alineadas con la Taxonomía.
Para los operadores logísticos integrados en la cadena de valor de grandes grupos industriales, la presión para calcular y comunicar la huella de carbono de sus servicios (emisiones de Alcance 3 del cargador) es ya una realidad contractual que anticipa la obligación regulatoria.
Recomendaciones para los Operadores Logísticos en 2025
La adaptación al nuevo entorno regulatorio y competitivo requiere actuaciones concretas en varios frentes:
- Mapa de riesgo de la cadena de suministro: identificar los proveedores con mayor exposición al riesgo ESG (países con alto riesgo de trabajo forzoso, proveedores sin certificaciones medioambientales) y establecer un plan de mejora o sustitución.
- Digitalización de la documentación: implantar la eCMR y conectar los sistemas TMS con el SII para reducir el trabajo manual y los errores de conciliación.
- Estrategia de descarbonización de la flota: evaluar la electrificación de las rutas urbanas y de corto recorrido como medida que combina la reducción de costes operativos (precio de la electricidad frente al diésel) con la preparación para el RCDE2.
- Revisión de contratos con clientes y proveedores: incorporar cláusulas de diligencia debida, compromisos de reducción de emisiones y derechos de auditoría alineados con los requisitos de la CSDDD.
- Actualización del reporte financiero: comenzar a calcular los indicadores de Taxonomía de la UE y la huella de carbono de los servicios (Alcances 1, 2 y 3) para estar preparados cuando los clientes lo exijan contractualmente.
En BMC, nuestro equipo de operaciones ayuda a las empresas logísticas a navegar el cumplimiento ESG, la diligencia debida en la cadena de suministro y las obligaciones de reporte financiero. Conozca nuestros servicios empresariales.
