Business Judgment Rule (Regla de la Discrecionalidad Empresarial)

Qué es la business judgment rule

La business judgment rule (regla de la discrecionalidad empresarial) fue incorporada expresamente al ordenamiento español por la reforma de la Ley de Sociedades de Capital operada por la Ley 31/2014 de mejora del gobierno corporativo. Su redacción actual, en el artículo 226 LSC, establece que los tribunales no interferirán con las decisiones de negocio de los administradores cuando estos cumplan determinados requisitos de procedimiento y ausencia de conflicto de interés.

El fundamento de la regla es doble: los jueces no disponen de la información ni de la perspectiva temporal necesarias para evaluar decisiones empresariales ex ante, y una revisión judicial excesiva de las decisiones de negocio desincentiva la toma de riesgos necesaria para la actividad empresarial. El derecho no exige al administrador garantizar el éxito de sus decisiones; le exige actuar con diligencia en el proceso de adoptarlas.

Requisitos de la regla

Para que la protección opere, el artículo 226 LSC exige que el administrador:

1. Actúe de buena fe: ausencia de intención de perjudicar a la sociedad o a sus socios.
2. Sin interés personal: el administrador no puede estar en situación de conflicto de interés no gestionado. Si existe conflicto, debe abstenerse y comunicarlo al órgano de gobierno.
3. Con información suficiente: la decisión debe estar precedida de la obtención y análisis de la información razonablemente disponible. Los consejeros pueden y deben pedir informes a expertos independientes en decisiones de alta complejidad.
4. Con procedimiento adecuado: la decisión debe adoptarse con el proceso deliberativo que corresponde a su importancia: análisis previo, debate en el seno del órgano, votación y documentación en acta.
5. En el marco de la política empresarial idónea: la decisión debe enmarcarse dentro de una política de negocio coherente con el objeto y la estrategia de la empresa.

Límites de la regla

La business judgment rule no protege a los administradores en supuestos de:

• Incumplimiento de la ley o los estatutos sociales.
• Decisiones adoptadas con conflicto de interés no revelado ni gestionado.
• Conducta dolosa o gravemente negligente (entendida como la inobservancia de la diligencia más elemental).
• Transacciones con partes vinculadas sin seguir el procedimiento de las operaciones vinculadas (art. 529 ter LSC para cotizadas).

La regla opera como puerto seguro procesal: desplaza la carga de la prueba. Si el demandante no acredita que el administrador actuó con conflicto de interés o sin información suficiente, la mera discrepancia con el resultado de la decisión no basta para generar responsabilidad.