Impuesto sobre el Patrimonio 2026 — Guía completa: mínimos exentos, tipos y diferencias autonómicas

El Impuesto sobre el Patrimonio en España: un tributo con 50 años de historia y una vigencia permanente

El Impuesto sobre el Patrimonio fue establecido por la Ley 19/1991, de 6 de junio, y grava el patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre de cada año. Aunque en 2008 se suspendió temporalmente mediante una bonificación estatal del 100%, fue restablecido en 2011 y desde entonces ha estado en vigor de forma ininterrumpida, con la particularidad de que las comunidades autónomas tienen amplia capacidad normativa para modularlo: pueden modificar el mínimo exento, la tarifa y las bonificaciones sobre la cuota.

Esta capacidad normativa autonómica ha generado una enorme divergencia territorial: mientras en la Comunidad de Madrid la bonificación autonómica del 100% hace que el IP sea efectivamente cero para sus residentes, en Cataluña los contribuyentes con patrimonio significativo pagan tipos que pueden llegar al 2,75% sobre el tramo más elevado. La movilidad de contribuyentes de alta renta entre CCAA para optimizar la carga del IP fue uno de los argumentos que motivó la creación del Impuesto Solidario de las Grandes Fortunas en 2022.

Mínimo exento y estructura básica del impuesto

La base imponible del IP es el valor del patrimonio neto del contribuyente: activos menos pasivos (deudas deducibles). Sobre la base imponible se aplica la reducción por mínimo exento y la exención por vivienda habitual para calcular la base liquidable.

Mínimo exento general: 700.000 euros

El mínimo exento estatal es de 700.000 euros por contribuyente. En el régimen de tributación individual, cada cónyuge o contribuyente dispone de su propio mínimo exento. En comunidades autónomas que han modificado el mínimo exento (como Aragón, que lo elevó a 500.000€ antes de la reforma de 2022), se aplica el importe autonómico.

El mínimo exento opera como una reducción de la base imponible, no como un tipo cero en el primer tramo. Esto significa que si el patrimonio neto es de 800.000 euros, la base liquidable es de 100.000 euros, sobre los que se aplica la tarifa progresiva desde el primer escalón.

Exención por vivienda habitual: hasta 300.000 euros

La vivienda habitual del contribuyente está exenta en el IP hasta un valor de 300.000 euros. La exención se aplica sobre el valor del inmueble que entra en la base imponible del IP (el mayor de: valor catastral, valor de referencia del Catastro, precio de adquisición), con independencia de si existe hipoteca o no. Si la vivienda habitual vale 400.000€, los primeros 300.000€ están exentos y los 100.000€ restantes entran en la base imponible.

Esta exención es complementaria al mínimo exento general: un contribuyente con una vivienda habitual de 250.000€ y otros activos por valor de 650.000€ tiene una base imponible de (650.000 + 0) - 700.000 = 0€ (la vivienda se excluye íntegramente de la base y el resto de activos queda dentro del mínimo exento).

La tarifa estatal: tipos del 0,2% al 3,5%

La tarifa estatal del Impuesto sobre el Patrimonio (Ley 19/1991) es progresiva y tiene ocho tramos:

Las comunidades autónomas pueden aprobar tarifas propias. Cataluña tiene una tarifa ligeramente superior al estatal en los tramos altos. Extremadura tiene la tarifa más elevada de todas las CCAA de régimen común.

Diferencias autonómicas: quién paga y quién no paga IP en 2026

La divergencia territorial en el IP es uno de sus rasgos más llamativos:

CCAA con bonificación del 100% (IP efectivo = 0)

• Comunidad de Madrid: bonificación del 100% de la cuota íntegra autonómica. Vigente desde 2008, sostenida de forma continuada.
• Andalucía: bonificación del 100% desde 2022 (la Junta la aplicó coincidiendo con la creación del ISGF).
• Galicia: bonificación del 100%.
• Cantabria: bonificación del 100%.

Para los residentes en estas CCAA, el IP es cero. Pero si su patrimonio supera los 3 millones de euros, el Impuesto Solidario de las Grandes Fortunas actúa como suelo nacional.

CCAA donde el IP se paga

• Cataluña: sin bonificación general de la cuota autonómica; tarifa autonómica aprobada por el Parlament.
• Baleares: sin bonificación completa; contribuyentes con patrimonio significativo tributan efectivamente.
• Valencia: bonificación parcial que ha variado según los gobiernos autonómicos.
• Extremadura: la CCAA con la tarifa más elevada del régimen común.
• País Vasco y Navarra: normativa foral propia; el IP se paga en función de sus normas específicas.

El caso especial del País Vasco y Navarra

Los territorios forales tienen plena competencia normativa en IP. El País Vasco recauda el IP a través de las Haciendas Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, con tarifas y exenciones propias. En Navarra, el Impuesto sobre el Patrimonio también está regulado por normativa foral. Los contribuyentes que trasladen su residencia fiscal a los territorios forales pueden beneficiarse de condiciones diferentes a las del régimen común.

Exenciones clave: empresa familiar y actividades económicas

Dos exenciones del IP tienen especial relevancia para empresarios y profesionales:

Exención por bienes afectos a actividades económicas (art. 4.Cinco LIP)

Los bienes y derechos del contribuyente necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional (ejercida de forma habitual, personal y directa) están exentos del IP. Esta exención aplica sobre los activos del propio contribuyente afectos a la actividad, no sobre participaciones societarias.

Exención de participaciones en entidades (art. 4.Ocho.Dos LIP): la exención “empresa familiar”

Las participaciones en entidades —incluyendo empresas familiares, holdigs y sociedades de inversión— están exentas del IP cuando se cumplen todos los requisitos:

1. Porcentaje de participación: el contribuyente (solo o con el grupo familiar) tiene al menos el 5% del capital (1% si la entidad cotiza en bolsa). El grupo familiar incluye cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado.
2. Funciones de dirección: el contribuyente o algún miembro del grupo familiar ejerce efectivamente funciones de dirección en la entidad.
3. Remuneración significativa: la remuneración por las funciones de dirección representa más del 50% de los rendimientos totales del trabajo y actividades económicas del contribuyente que ejerce esas funciones.
4. Actividad económica real: la entidad debe realizar una actividad económica real; las sociedades cuya principal actividad sea la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario no cumplen este requisito (entidades patrimoniales a efectos del IS).

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos hace que las participaciones queden fuera de la exención y entren en la base imponible del IP al valor de los activos subyacentes o al valor de la cuota de liquidación, según aplique.

Límite conjunto IP/ISGF — IRPF: el freno al 60%

La Ley del IP establece un límite conjunto entre la cuota del IP (o del ISGF) y la cuota del IRPF: la suma de ambas no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF (renta general + renta del ahorro). Si la suma supera ese 60%, la cuota del IP o del ISGF se reduce hasta que la suma conjunta alcance ese límite, con un mínimo de tributación en IP del 20% de la cuota que correspondería sin aplicar el límite.

Este límite tiene una importancia práctica enorme para los patrimonios grandes con baja generación de renta: una persona con un patrimonio muy significativo pero con rendimientos anuales reducidos puede ver limitada su cuota de IP/ISGF si la suma conjunta supera el 60% de su base imponible en el IRPF.

Planificación del Impuesto sobre el Patrimonio: estrategias legales

La planificación del IP se mueve dentro del marco de las exenciones y la normativa autonómica:

Empresa familiar: estructurar adecuadamente las participaciones societarias para que cumplan todos los requisitos del art. 4.Ocho.Dos LIP puede eliminar del IP el valor de las participaciones empresariales, que suelen ser el componente más significativo del patrimonio de los empresarios.

Residencia autonómica: la residencia fiscal en una CCAA con bonificación del 100% elimina el IP autonómico. Para patrimonios inferiores a 3 millones de euros (por debajo del umbral del ISGF), esto elimina completamente la tributación patrimonial.

Planes de pensiones: las aportaciones a planes de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social no se incluyen en la base imponible del IP. Son activos exentos, lo que los convierte en un vehículo de acumulación patrimonial especialmente eficiente desde el punto de vista del IP.

Seguros unit-linked: determinados productos de seguros de vida vinculados a carteras de inversión pueden tener un tratamiento diferente en el IP según su estructura. BMC analiza caso por caso el impacto de estos productos en la base imponible.

Deudas deducibles: solo son deducibles las deudas reales del contribuyente que puedan acreditarse documentalmente. Las garantías y fianzas no reducen la base imponible; sí lo hacen las hipotecas sobre inmuebles incluidos en la base, préstamos para financiar activos incluidos en la base, y deudas tributarias pendientes al 31 de diciembre.

Declaración y plazos del Impuesto sobre el Patrimonio 2026

El plazo de presentación del IP coincide con el del IRPF: entre el 2 de abril y el 30 de junio del año siguiente al ejercicio declarado. Para el ejercicio 2025 (declarado en 2026), el plazo ordinario es de abril a junio de 2026, con domiciliación bancaria disponible hasta el 25 de junio.

La declaración es obligatoria cuando la cuota a ingresar sea positiva, pero también cuando el valor de los bienes y derechos supere los 2.000.000 de euros, aunque no haya cuota a ingresar (porque el contribuyente no supera el mínimo exento o porque reside en una CCAA con bonificación del 100%).

El Impuesto Solidario de las Grandes Fortunas tiene su propia declaración, que se presenta en un período diferente (noviembre del mismo año del devengo), aunque utiliza la misma base imponible que el IP.

Coordinación con el ISGF y tributación efectiva de los grandes patrimonios

Para los contribuyentes con patrimonio neto superior a 3 millones de euros, la tributación efectiva en 2026 viene determinada por la interacción del IP y el ISGF:

• Si la CCAA tiene bonificación del 100% en IP (cuota IP = 0), el contribuyente paga el ISGF íntegramente.
• Si la CCAA no tiene bonificación, el contribuyente paga el IP autonómico y, si la cuota del IP es menor que la del ISGF, paga la diferencia en concepto de ISGF.

El resultado es que para patrimonios superiores a 3 millones de euros, la bonificación autonómica del IP solo genera ahorro fiscal cuando la cuota del IP autonómico supera la cuota del ISGF. Por encima del umbral del ISGF, el incentivo al traslado de residencia autonómica para evitar el IP se reduce significativamente.

BMC elabora para cada cliente un análisis comparativo de la tributación efectiva en IP y en ISGF según su comunidad de residencia y la composición de su patrimonio, identificando las opciones de planificación legal disponibles.