El sector logístico español cerró 2024 con una facturación de aproximadamente 104.000 millones de euros, representando el 7,8% del PIB nacional. La transformación que está experimentando el sector —impulsada simultáneamente por la digitalización, la presión para descarbonizar las cadenas de transporte y un marco regulatorio europeo en profunda revisión— configura un escenario de oportunidades y riesgos que los operadores de todos los tamaños deben gestionar con rigor.
El nuevo marco regulatorio europeo: CSDDD y sus implicaciones
La Directiva (UE) 2024/1760 sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Empresarial (CSDDD, por sus siglas en inglés) es posiblemente la norma con mayor impacto estructural en las cadenas de suministro europeas desde la creación del mercado único. Aprobada en junio de 2024, exige que las grandes empresas identifiquen, prevengan, mitiguen y corrijan los impactos adversos reales y potenciales de sus operaciones y cadenas de valor sobre los derechos humanos y el medioambiente.
Para el sector logístico, el impacto es bidireccional: los grandes operadores logísticos son sujetos directos de la norma cuando superan los umbrales (1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación desde 2027), pero también son sujetos indirectos como proveedores de cadenas de suministro de empresas industriales ya obligadas. Las implicaciones prácticas incluyen:
- Mapeo de la cadena de suministro: identificación de todos los proveedores de primer y segundo nivel, con evaluación de riesgos en materia de derechos laborales, impacto ambiental y gobernanza.
- Contratos con cláusulas de diligencia debida: los contratos con subcontratistas de transporte, almacenamiento y distribución deben incorporar cláusulas que obliguen al cumplimiento de los estándares ESG y permitan la auditoría.
- Sistema de gestión de quejas: las empresas obligadas deben establecer un mecanismo para que las partes afectadas por las operaciones puedan presentar denuncias. Este mecanismo puede solaparse con el canal de denuncias de la Ley 2/2023 si se diseña correctamente.
Decarbonización del transporte: Fit for 55 y el CBAM logístico
El paquete legislativo europeo Fit for 55 —que busca reducir las emisiones de GEI un 55% para 2030 respecto a 1990— incluye medidas con impacto directo en el transporte de mercancías:
Extensión del ETS al transporte por carretera. A partir de 2027 entrará en vigor el ETS2 (Sistema de Comercio de Emisiones para edificios y transporte por carretera), que pondrá precio a las emisiones del gasóleo de automoción. El sector del transporte por carretera, que representa el 27% de las emisiones de CO2 del sector transporte en España, verá incrementados sus costes operativos en función del precio de los derechos de emisión.
Estándares de emisiones para vehículos pesados. El Reglamento (UE) 2019/1242, reforzado en 2023, establece que los fabricantes de camiones deben reducir las emisiones medias de CO2 de su flota en un 45% para 2030 y en un 90% para 2040. Esto está acelerando la transición hacia vehículos de cero emisiones (eléctricos o de hidrógeno) en las flotas de transporte urbano y de corta distancia.
Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). El Reglamento (UE) 2023/956 establece un gravamen sobre las importaciones de determinados productos (acero, aluminio, cemento, fertilizantes, hidrógeno, electricidad) en función de su huella de carbono. Los operadores logísticos que gestionan importaciones de estos sectores deben adaptar sus sistemas de información para capturar y reportar los datos de emisiones incorporadas necesarios para el cálculo del CBAM.
Digitalización obligatoria: eCMR y trazabilidad electrónica
España ratificó en 2023 el Protocolo Adicional al Convenio CMR relativo a la carta de porte electrónica (eCMR). La adopción del eCMR elimina la documentación en papel en el transporte internacional de mercancías por carretera y facilita el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad de la CSDDD y del CBAM. Sin embargo, la interoperabilidad entre los sistemas de las distintas partes de la cadena de transporte (cargador, transportista, destinatario, autoridades aduaneras) sigue siendo el principal obstáculo para su adopción masiva.
El sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) de la AEAT, obligatorio para empresas con facturación superior a 6 millones de euros, ya requiere la declaración inmediata (en un plazo de cuatro días) de las facturas emitidas y recibidas. Para los operadores logísticos que gestionan miles de facturas mensuales con clientes y proveedores de múltiples países, la integración del SII con los sistemas de gestión de transporte (TMS) es un requisito operativo ineludible.
Contratación pública y logística verde
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y las directivas europeas de contratación pública incorporan criterios de sostenibilidad ambiental que favorecen a los operadores logísticos con flota de vehículos de bajas emisiones, certificaciones ISO 14001 o gestión de residuos acreditada. La Directiva (UE) 2019/1161 sobre la promoción de vehículos limpios establece objetivos mínimos de contratación pública de vehículos de bajas o cero emisiones que los organismos públicos españoles deben cumplir en sus licitaciones de transporte.
Para los operadores logísticos que trabajan con la administración pública —transporte de material sanitario, distribución postal, logística militar— la adaptación a estos requisitos es ya una condición para acceder a contratos, no una opción.
Impacto en la contabilidad y el reporting financiero
El peso creciente de las obligaciones ESG se traslada también a la información financiera. El Reglamento de Taxonomía de la UE (Reglamento 2020/852) clasifica las actividades económicas según su contribución a los objetivos medioambientales europeos. Las actividades de transporte y almacenamiento tienen categorías propias en la Taxonomía, y las empresas sujetas a reporting de sostenibilidad (CSRD) deben calcular y publicar el porcentaje de su facturación, capex y opex que procede de actividades alineadas con la Taxonomía.
Para los operadores logísticos que forman parte de la cadena de valor de grandes grupos industriales, la presión para calcular y comunicar la huella de carbono de sus servicios (emisiones de alcance 3 para el cargador) es ya una realidad contractual que anticipa la obligación regulatoria.
Recomendaciones para operadores logísticos en 2025
La adaptación al nuevo entorno regulatorio y competitivo requiere actuaciones concretas en varios frentes:
- Mapa de riesgos de cadena de suministro: identificar los proveedores con mayor exposición a riesgos ESG (países con alto riesgo de trabajo forzoso, proveedores sin certificaciones ambientales) y establecer un plan de mejora o sustitución.
- Digitalización de la documentación: implementar eCMR y conectar los sistemas TMS con el SII para reducir el trabajo manual y los errores de conciliación.
- Estrategia de descarbonización de flota: evaluar la electrificación de rutas urbanas y de corta distancia como medida que combina reducción de costes operativos (precio del kWh vs. gasóleo) con preparación para el ETS2.
- Revisión de contratos con clientes y proveedores: incorporar cláusulas de diligencia debida, compromisos de reducción de emisiones y derechos de auditoría alineados con los requisitos de la CSDDD.
- Actualización del reporting financiero: iniciar el proceso de cálculo de indicadores de Taxonomía UE y de huella de carbono de los servicios (alcance 1, 2 y 3) para estar preparado cuando los clientes lo exijan contractualmente.
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