Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas los días 6 a 9 de junio de 2024 produjeron el resultado previsto por los sondeos: el desplazamiento del equilibrio de poder hacia el centro-derecha y la derecha conservadora, con ganancias del Partido Popular Europeo (PPE), de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, grupo de Giorgia Meloni) y de Identidad y Democracia (ID). La izquierda y los verdes perdieron escaños, aunque la coalición pro-UE (PPE + S&D + Renew) mantiene la mayoría necesaria para elegir a Ursula von der Leyen para un segundo mandato al frente de la Comisión.
El nuevo equilibrio político y sus implicaciones regulatorias
El resultado electoral inaugura una nueva fase en la política regulatoria europea caracterizada por una tensión entre los compromisos ya adquiridos (Green Deal, regulación digital, agenda social) y la presión de una mayoría parlamentaria más escéptica respecto al ritmo e intensidad de la regulación. Las implicaciones para las empresas se concretan en varios ámbitos:
Agenda verde: ralentización, no reversión
La nueva Comisión Von der Leyen II ha mantenido los objetivos climáticos del Green Deal (reducción de emisiones del 55% para 2030, neutralidad climática para 2050) pero ha incorporado la “competitividad” como quinto objetivo transversal junto a la descarbonización, la biodiversidad, la economía circular y la alimentación sostenible.
El ejemplo más claro de este cambio de enfoque fue el Omnibus Simplification Package presentado en febrero de 2025, que propone retrasar dos años la aplicación de la CSRD para el segundo y tercer grupo de empresas (de 2025 a 2027 y de 2026 a 2028, respectivamente) y elevar los umbrales de aplicación de la CSRD para excluir a las pymes cotizadas. También propone reducir significativamente el alcance de la CS3D (Directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad), limitando la obligación de due diligence de sostenibilidad en la cadena de valor a los proveedores directos de primer nivel.
Regulación digital: AI Act y Data Act sin cambios
La agenda digital —AI Act (Reglamento 2024/1689), Data Act (Reglamento 2023/2854), Reglamento de Mercados Digitales (DMA) y Ley de Servicios Digitales (DSA)— mantiene sus plazos sin modificación. El nuevo Parlamento no ha cuestionado estos instrumentos, que gozan de amplio consenso político transversal. Para las empresas, esto significa que los plazos del AI Act siguen vigentes y que la inversión en compliance digital es irreversible.
Política comercial: mayor proteccionismo selectivo
La nueva composición del Parlamento favorece una política comercial más defensiva frente a China y, en menor medida, frente a Estados Unidos. El Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), que entró en fase de transición en octubre de 2023, mantiene su calendario de aplicación plena a partir de 2026, imponiendo un precio de carbono sobre las importaciones de acero, cemento, aluminio, abonos, electricidad e hidrógeno de países sin precio de carbono equivalente. Para las empresas importadoras de estos productos, el impacto económico del CBAM es significativo a partir de 2026.
El informe Draghi y la respuesta de la Comisión
En septiembre de 2024, Mario Draghi presentó a la Comisión Europea el informe “El futuro de la competitividad europea”, encargado por Von der Leyen. El informe diagnostica una brecha de productividad creciente entre Europa y Estados Unidos y China, identificando como causas la fragmentación del mercado único, la escasez de financiación privada para la innovación y la carga regulatoria acumulada.
Entre sus recomendaciones de mayor impacto para las empresas destacan: la necesidad de una unión de mercados de capitales real que movilice ahorro privado europeo hacia la inversión en innovación (lo que implica avanzar en la unión bancaria y el mercado único de capitales), la reducción del coste energético industrial (estimado en el doble o triple del norteamericano), y la simplificación del marco regulatorio (el informe estima que la carga regulatoria cuesta a la economía europea un 2-3% del PIB anual).
La Comisión respondió al informe Draghi con el Compass for Competitiveness, publicado en febrero de 2025, que articula las prioridades de la nueva Comisión en torno a: reducir la dependencia energética, fortalecer la base industrial europea en sectores estratégicos (semiconductores, defensa, sectores industriales intensivos en energía) y simplificar la regulación empresarial.
Implicaciones para la agenda de M&A y de inversión
El entorno político-regulatorio post-electoral europeo de 2025 tiene implicaciones directas para las decisiones de inversión y M&A de las empresas españolas:
Mercado de capitales: la agenda de Unión de Mercados de Capitales retoma impulso con el respaldo de la Comisión Von der Leyen II, lo que puede facilitar en los próximos años el acceso de las empresas europeas medianas a los mercados de capitales y reducir la dependencia de la financiación bancaria.
Ayudas de Estado y fondos europeos: la aprobación de nuevos marcos de ayudas de Estado más flexibles (NZIA, Net-Zero Industry Act) y la continuidad del despliegue de los fondos NextGenerationEU hasta 2026 mantienen abiertos importantes canales de financiación pública para proyectos industriales, digitales y energéticos en España.
Política de competencia: la nueva Comisión ha señalado que revisará las directrices de concentración para permitir la creación de campeones europeos en sectores estratégicos. Esto podría suavizar el escrutinio antimonopolio de algunas operaciones de M&A transfronterizas que la Comisión anterior había bloqueado.
Lo que las empresas deben monitorizar en 2025-2026
Los expedientes regulatorios que las empresas deben seguir de cerca en el período 2025-2026 son:
- Omnibus Package: la propuesta de simplificación de la CSRD y la CS3D está en proceso de aprobación legislativa. La posición final del Consejo y del Parlamento determinará los plazos definitivos de ambas directivas.
- Revisión del ETS (mercado de derechos de emisión): la nueva fase del sistema de comercio de emisiones europeo, con la eliminación progresiva de las asignaciones gratuitas para la industria, tiene impacto directo en los costes de las empresas con instalaciones emisoras.
- Reglamento de Empaquetado y Residuos (PPWR): afecta a todas las empresas que colocan en el mercado productos envasados, con obligaciones de reciclabilidad, contenido reciclado y reutilización.
- Directiva de debida diligencia en sostenibilidad (CS3D): pendiente de adopción final, establecerá obligaciones de due diligence de derechos humanos y medioambiente para empresas de más de 1.000 empleados y €450 millones de facturación.
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