La crisis de investidura de 2023 —con el Congreso de los Diputados incapaz de investir a un candidato durante meses tras las elecciones generales de julio— generó una prolongada incertidumbre política que afectó de forma tangible al entorno empresarial español. La parálisis legislativa y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado condicionaron las decisiones de inversión y la planificación estratégica de numerosas empresas.
Impacto en la inversión
Los índices de confianza empresarial mostraron un deterioro durante el período de mayor incertidumbre. Algunas operaciones de M&A que dependían de claridad normativa —especialmente en sectores regulados como la energía, las infraestructuras y los medios de comunicación— se pospusieron a la espera de conocer la composición del nuevo gobierno y sus prioridades legislativas.
La inversión extranjera directa también experimentó una pausa de cautela. Los inversores institucionales internacionales, especialmente en private equity e infraestructuras, tienden a aplazar compromisos de capital en entornos de incertidumbre regulatoria. España, que venía de un ciclo positivo de atracción de inversión, vio cómo algunas decisiones se trasladaban a 2024.
Las empresas que necesitaban financiación bancaria para proyectos de expansión también encontraron mayor resistencia por parte de los prestamistas, que endurecieron sus criterios de análisis ante la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés y el marco regulatorio.
Riesgos normativos en el horizonte
La investidura finalmente de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, con el apoyo de partidos independentistas mediante la concesión de la amnistía, abrió un nuevo ciclo político con implicaciones para el marco normativo empresarial. Las empresas con exposición al marco autonómico y a sectores regulados debían anticipar posibles cambios en la fiscalidad, la regulación laboral y las políticas de inversión pública.
Entre los riesgos normativos más relevantes para las empresas figuraban: la posible extensión del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, la evolución de los gravámenes temporales a banca y energía, las modificaciones al Estatuto de los Trabajadores en materia de jornada laboral, y los cambios en la regulación del alquiler con impacto en el sector inmobiliario. Las empresas del sector público y aquellas con contratos de licitación debían vigilar también la capacidad ejecutiva del gobierno en minoría para aprobar el presupuesto.
El efecto sobre la contratación pública
La prórroga indefinida de los Presupuestos Generales del Estado tiene consecuencias directas para la contratación pública. Sin nuevos presupuestos, la inversión pública queda limitada a los importes del ejercicio anterior prorrogado, lo que ralentiza la adjudicación de nuevos contratos y proyectos de infraestructura. Las empresas constructoras, de ingeniería civil y tecnología que dependen de licitaciones del sector público son las más afectadas.
Además, la incertidumbre en la tramitación parlamentaria de reformas normativas —desde la transposición de directivas europeas hasta cambios en la regulación sectorial— puede retrasar o modificar las condiciones de contratación pública en sectores clave.
Estrategias de adaptación
En un contexto de incertidumbre política, las empresas bien asesoradas adoptan estrategias de escenario múltiple, identificando los cambios normativos con mayor probabilidad y preparando planes de contingencia. La planificación fiscal flexible y la estructura jurídica adaptable son herramientas esenciales.
Las principales acciones recomendadas incluyen:
- Diversificación de mercados: reducir la dependencia de contratos públicos o de sectores muy regulados en España, ampliando la base de clientes privados e internacionales.
- Revisión de cláusulas contractuales: incorporar cláusulas de adaptación normativa en contratos de larga duración que puedan verse afectados por cambios legislativos.
- Estructura fiscal flexible: evitar compromisos fiscales irreversibles a corto plazo mientras persiste la incertidumbre sobre posibles cambios en tipos y deducciones.
- Vigilancia regulatoria activa: monitorizar el calendario legislativo del Congreso y las iniciativas de la Comisión Europea con impacto en el sector.
Lecciones para la planificación estratégica
La crisis de investidura de 2023 confirma una lección que las empresas españolas ya conocen de ciclos anteriores: la incertidumbre política es una variable estructural del entorno de negocios en España, no una anomalía. La experiencia de los bloqueos presupuestarios de 2018-2019 mostró que las empresas con mayor capacidad de adaptación son aquellas que habían diversificado sus fuentes de ingresos y habían construido estructuras organizativas y fiscales suficientemente flexibles.
Para las empresas con horizontes de inversión a tres o cinco años, el consejo es no subestimar el coste de la inacción. Posponer indefinidamente la toma de decisiones estratégicas a la espera de certeza política total raramente es la respuesta óptima: el diseño de estrategias robustas bajo incertidumbre, apoyadas en un asesoramiento profesional riguroso, permite avanzar con confianza.
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