El Real Decreto-ley 28/2026 adopta medidas urgentes para dotar de mayor estabilidad y previsibilidad a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. La norma busca mitigar la tensión entre oferta y demanda, evitando que el vencimiento del contrato sea un mecanismo para la traslación de subidas de precios. El texto se fundamenta en la necesidad de ofrecer un marco temporal estable frente a la realidad de un mercado con alta rotación y costes de transacción elevados.
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Para los arrendatarios (inquilinos), la norma busca reducir la incertidumbre y los costes asociados a la rotación (mudanzas, fianzas, cambios de entorno) al intentar garantizar una mayor permanencia en la vivienda. Para los arrendadores (propietarios), especialmente personas jurídicas, el marco normativo se orienta a limitar la capacidad de fijar nuevas rentas al margen de la evolución contractual tras el vencimiento. El mercado de alquiler se encamina hacia un modelo de mayor estabilidad similar a otros ordenamientos europeos, reduciendo los periodos de desocupación.
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