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V2145-15 14 de julio de 2015 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterio vigente
IRPF · Renta · alteración patrimonial

La disolución de una comunidad de bienes no genera ganancia patrimonial si la adjudicación respeta la cuota de titularidad

Se consulta si la división de cuatro fincas rústicas heredadas entre tres hermanos constituye una alteración patrimonial. La DGT responde que no hay alteración si la adjudicación se ajusta a la cuota de cada comunero.

La cuestión planteada

Existencia de alteración patrimonial.

El criterio de la DGT

La disolución de una comunidad de bienes y la adjudicación de la participación correspondiente no constituye alteración patrimonial. Los bienes conservan su valor y fecha de adquisición originarios. Solo existe alteración patrimonial si se adjudican bienes por un valor superior a la cuota de titularidad de un comunero, lo que generaría una ganancia o pérdida en los demás. El valor de mercado para la adjudicación es el precio acordado entre sujetos independientes.

Implicaciones prácticas

  • La adjudicación de bienes en la disolución de la comunidad no tributa si se mantiene la proporción de la cuota de cada comunero.
  • Se mantienen los valores y fechas de adquisición originales de los bienes para futuros cálculos de ganancias patrimoniales.
  • La adjudicación de bienes por valor superior a la cuota de titularidad activa la obligación de tributar por la diferencia.

Puntos de planificación

  • Valoración de la cuota de participación de cada comunero frente al valor de mercado de los bienes adjudicados.
  • Análisis de la posible generación de ganancias o pérdidas en los demás comuneros ante adjudicaciones desiguales.

Checklist

  • Verificar que el valor de los bienes adjudicados coincide con la cuota de titularidad de cada comunero.
  • Comprobar que el valor de mercado utilizado para la adjudicación es el precio acordado entre sujetos independientes.
  • Confirmar que no se han asignado bienes con valor superior a la participación correspondiente para evitar alteraciones patrimoniales.
  • Asegurar la correcta aplicación de los valores y fechas de adquisición originales en la contabilidad o declaraciones futuras.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V2145-15 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 14/07/2015 Normativa Ley 35/2006, art. 33 Descripción de hechos El consultante y sus dos hermanas son propietarios de la nuda propiedad de cuatro fincas rústicas adquiridas por herencia. Tienen intención de disolver el condominio entre ellos para lo que procederán a valorar las fincas a valor de mercado y a la formación de lotes equivalentes. Cuestión planteada Existencia de alteración patrimonial. Contestación completa El artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), establece que “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”. El apartado 2 del mismo precepto dispone que “Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio: En los supuestos de división de la cosa común. En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación. En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros. Los supuestos a los que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos.” Conforme con lo dispuesto en el citado precepto, la disolución de una comunidad de bienes y la posterior adjudicación a cada uno de los comuneros de su correspondiente participación en la comunidad no constituye ninguna alteración en la composición de sus respectivos patrimonios que pudiera dar lugar a una ganancia o pérdida patrimonial, siempre y cuando la adjudicación se corresponda con la respectiva cuota de titularidad. En estos supuestos no se podrán actualizar los valores de los bienes o derechos recibidos, que conservarán los valores de adquisición originarios, y, a efectos de futuras transmisiones, las fechas de adquisición originarias. Solo en el caso de que se atribuyesen a alguno de los comuneros bienes o derechos por mayor valor que el correspondiente a su cuota de titularidad existiría una alteración patrimonial en los otros, generándose en estos últimos una ganancia o pérdida patrimonial, independientemente de que exista o no exista compensación en metálico, cuyo importe se determinará, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Impuesto, por diferencia entre los valores de adquisición y de transmisión, valores que vienen definidos en los artículos 35 y 36 de la Ley del Impuesto, para las transmisiones onerosas y lucrativas, respectivamente. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no existiría alteración patrimonial con motivo de la disolución de la comunidad de bienes que van a efectuar el consultante y sus dos hermanas siempre que los valores de adjudicación de las fincas se correspondan con su respectivo valor de mercado y que los valores de las adjudicaciones efectuadas se correspondan con la respectiva cuota de titularidad, conservando los bienes adjudicados los valores y fechas de adquisición originarios. En lo que respecta al valor de mercado correspondiente a las fincas adjudicadas, es el que correspondería al precio acordado para su venta entre sujetos independientes en el momento de la adjudicación. En cualquier caso, la fijación de dicho valor es una cuestión de hecho, ajena por tanto a las competencias de este Centro Directivo y que podrá acreditarse a través de medios de prueba admitidos en derecho, cuya valoración corresponderá efectuar a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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