Los honorarios por servicios profesionales cobrados tras una sentencia judicial tributan como rendimientos de actividades económicas

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V3372-15 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 02/11/2015 Normativa LIRPF, Ley 35/2006, artículos 14, 28, 33 y 49. RIRPF, Real Decreto 439/2007, artículos 75 y 76. Descripción de hechos El consultante, arquitecto de profesión que imputa sus rendimientos de actividades económicas con arreglo al criterio de devengo, interpuso una demanda de reclamación de cantidades como consecuencia de unos servicios profesionales que prestó entre los años 2005 y 2008 y que no fueron satisfechos por el destinatario de los mismos. En virtud de sentencia judicial de 3 de junio de 2014 se estima parcialmente la reclamación condenándose a la parte deudora al pago de una parte de las cantidades inicialmente reclamadas por el consultante más los correspondientes intereses. Estas cantidades se van a satisfacer de forma fraccionada entre los años 2014 y 2015. Además ha incurrido en gastos de abogados durante el procedimiento judicial. Cuestión planteada Cómo debe declarar las cantidades que va a percibir en el IRPF. Contestación completa Al corresponder las cantidades a pagar en virtud de sentencia a unos rendimientos de actividades económicas que se han dejado de obtener, su calificación — a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas— no puede ser otra que la de rendimientos de actividades económicas, pues equivalen a unos honorarios por servicios profesionales que se han dejado de percibir; no encontrándose amparada por ninguno de los supuestos de no sujeción o de exención establecidos legalmente. En cuanto a su imputación temporal, el artículo 14.1.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, establece que: “Los rendimientos de actividades económicas se imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente puedan establecerse.” Así, el artículo 19.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo), en adelante TRLIS, vigente en el periodo impositivo 2014, señala que: “Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros.” Por su parte, el Reglamento del Impuesto sobre la renta de las Personas físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), en adelante RIRPF, establece en su artículo 7.1: “1. Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas aplicarán a las rentas derivadas de dichas actividades, exclusivamente, los criterios de imputación temporal previstos en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de lo previsto en el siguiente apartado (criterio de cobros y pagos). Asimismo, resultará aplicable lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 14 de la Ley del Impuesto en relación con las rentas pendientes de imputar en los supuestos previstos en los mismos.” Refiriéndose estos dos últimos apartados a las rentas pendientes de imputación cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia y en caso de fallecimiento. De acuerdo con lo dispuesto anteriormente, los rendimientos de actividades económicas se imputarán, con carácter general, al período impositivo del devengo, con independencia del momento en que se abonen, circunstancia que en este caso concurre con la firmeza de la resolución judicial. Por lo tanto, dado que el consultante no se encuentra acogido al criterio de cobros y pagos para la imputación temporal de sus ingresos y gastos, y considerando que la sentencia judicial adquirió firmeza en 2014, será en este periodo impositivo en el que los rendimientos deberán ser imputados. En lo que se refiere en la posibilidad de considerar como rendimiento irregular a las cantidades satisfechas, el artículo 32.1 de la LIRPF, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2014, establece que “los rendimientos netos (de actividades económicas) con un período de generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán en un 40 por 100”. A continuación, este mismo artículo añade lo siguiente: “El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. No resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aún cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos”. Por su parte, en desarrollo de lo anterior, el artículo 25.1 del RIRPF dispone lo siguiente: “A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 32.1 de la Ley del Impuesto, se consideran rendimientos de actividades económicas obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen en único período impositivo: a) Subvenciones de capital para la adquisición de elementos del inmovilizado no amortizables. b) Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas. c) Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este Impuesto. No se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de la cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas. d) Las indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos económicos de duración indefinida”. Los rendimientos objeto de consulta, al corresponder a los honorarios profesionales por la prestación de servicios por parte del consultante, no coinciden con ninguno de los supuestos calificados como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, y al proceder del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtiene este tipo de rendimientos, no les resulta aplicable la reducción prevista en el artículo 32.1 de la Ley del Impuesto. Por otra parte, en el caso planteado, nos encontramos ante un rendimiento de actividad económica de carácter profesional, al estar obligado el consultante a matricularse en un epígrafe de la sección segunda de las Tarifas del IAE. Esta consideración de rendimientos de actividades profesionales conlleva su sometimiento a retención, tal como establece el artículo 75 del RIRPF. Ahora bien, la práctica de las retenciones exige la existencia de un obligado a retener, lo que nos conduce al artículo 76.1 del RIRPF, que establece lo siguiente: “1. Con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación: a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas. b) Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades. c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento permanente. d) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él sin mediación de establecimiento permanente, en cuanto a los rendimientos del trabajo que satisfagan, así como respecto de otros rendimientos sometidos a retención o ingreso a cuenta que constituyan gasto deducible para la obtención de las rentas a que se refiere el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.” Por lo tanto, en la medida en que el pagador de los rendimientos sea un sujeto obligado a retener, estará obligado a practicar retención cuando satisfaga los rendimientos correspondientes. La obligación de retener nacerá en el momento en que se satisfagan o abonen las rentas correspondientes conforme lo dispuesto en el artículo 78 del RIRPF, y los tipos de retención serán, en función de la fecha en que se satisfagan, los siguientes: - Periodo impositivo 2014: a) Con carácter general: el 21 por ciento en 2014. b) Desde 5 de julio de 2014, cuando el volumen de rendimientos íntegros de las actividades profesionales correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio: el 15 por ciento. c) En el periodo impositivo de inicio del ejercicio de actividades profesionales y en los dos siguientes, siempre y cuando no se hubiera ejercido actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades: el 9 por ciento. - Periodo impositivo 2015: De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional trigésima primera de la LIRPF, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico (BOE de 11 de julio de 2015), los tipos de retención serán los siguientes: a) Cuando se trate de rendimientos satisfechos o abonados con anterioridad a 12 de julio, el 19 por ciento. No obstante, dicho porcentaje será del 15 por ciento cuando el volumen de rendimientos íntegros de las actividades profesionales correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio. b) Cuando se trate de rendimientos satisfechos o abonados a partir de 12 de julio, el 15 por ciento. c) En el periodo impositivo de inicio del ejercicio de actividades profesionales y en los dos siguientes, siempre y cuando no se hubiera ejercido actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades: el 9 por ciento. Dicho porcentaje será del 7 por ciento cuando se trate de rendimientos satisfechos o abonados a partir de 12 de julio. Los porcentajes citados en los párrafos precedentes se dividirán por dos cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto (deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla). Por otra parte, en relación a los intereses de demora que se han de abonar al consultante, cabe señalar que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los intereses percibidos por el contribuyente tienen diferente calificación, en función de su naturaleza remuneratoria o indemnizatoria. Los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien de la entrega de un capital que debe ser reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, otorgado por el acreedor o pactado por las partes. Estos intereses tributarán en el impuesto como rendimientos del capital mobiliario, salvo cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, proceda calificarlos como rendimientos de la actividad empresarial o profesional. Por otro lado, los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario. En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en los artículos 25.5 y 33.1 de la misma ley, han de tributar como ganancias patrimoniales. Una vez establecida la calificación de ganancias patrimoniales respecto a los intereses, el siguiente paso es determinar el período de imputación. A la imputación temporal de las ganancias patrimoniales se refiere el artículo 14.1 c) de la Ley del Impuesto estableciendo que “se imputarán al período impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial”. Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que los intereses de demora abarcan el respectivo período que comprende el retraso en el pago, la alteración patrimonial sólo puede entenderse producida cuando los mismos se reconocen, es decir, cuando se cuantifican y se acuerda su abono. A todo lo expuesto hay que añadir que tradicionalmente, con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas anterior a la actualmente vigente, en cuanto estos intereses indemnizaran un período superior a un año, este Centro mantenía como criterio interpretativo que su integración procedía realizarla en la parte especial de la renta del período impositivo; desaparecido este concepto en la Ley 35/2006, el mantenimiento de una continuidad en la aplicación de este criterio interpretativo, unido a la inclusión en la renta del ahorro de los intereses que constituyen rendimientos del capital mobiliario, nos llevan a concluir que los intereses de demora procederá integrarlos en la base imponible del ahorro, en aplicación del artículo 49.1,b) de la Ley del Impuesto. En relación con lo expuesto en el párrafo anterior procede hacer una matización, que resulta aplicable a partir de 1 de enero de 2013 y hasta 1 de enero de 2015, debido a la modificación del artículo 46.b) de la Ley 35/2006, realizada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre): los intereses de demora que indemnicen un periodo no superior a un año formarán parte de la renta general, procediendo su integración en la base imponible general. Por último, y en relación con los gastos de abogado en que ha incurrido el consultante, se debe señalar que el artículo 28.1 de la LIRPF establece que “el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y en el artículo 31 de esta Ley para la estimación objetiva”. Por su parte, el artículo 10.3 del TRLIS, vigente en el periodo impositivo 2014, dispone que “en el régimen de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas”. De acuerdo con lo anterior, la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquéllos respecto de los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que estén relacionados con la obtención de los ingresos, serán deducibles, en los términos previstos en los preceptos legales antes señalados, mientras que cuando no exista esa vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente deducibles de la actividad económica. Además del requisito de que el gasto esté vinculado a la actividad económica desarrollada, deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación temporal, de registro en la contabilidad o en los libros registros que el contribuyente deba llevar, así como estar convenientemente justificados. Conforme con lo expuesto, y en atención al principio de correlación de ingresos y gastos, los gastos objeto de consulta se considerarán fiscalmente deducibles cuando vengan exigidos por el desarrollo de la actividad, siempre que, además, cumplan los demás requisitos legales y reglamentarios. Esta correlación deberá probarse por cualquiera de los medios generalmente admitidos en derecho, siendo competencia de los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria la valoración de las pruebas aportadas. En el caso de que no existiese vinculación o ésta no fuese suficientemente probada, tales gastos no podrán considerarse fiscalmente deducibles de la actividad económica. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.