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V0920-17 11 de abril de 2017 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterio vigente
IRPF · Renta · salarios de tramitación

Los salarios de tramitación se imputan al ejercicio en que la sentencia adquiere firmeza

Una trabajadora consultó sobre la tributación de los salarios de tramitación tras la nulidad de su despido y el tratamiento de la devolución de las prestaciones por desempleo cobradas. La DGT señala que estos salarios se declaran cuando la sentencia es firme y que las prestaciones devueltas deben excluirse de las declaraciones donde se incluyeron indebidamente.

La cuestión planteada

Se pregunta respecto de la tributación en el IRPF, imputación temporal, de los salarios de tramitación y de los descuentos realizados por la prestación de desempleo.

El criterio de la DGT

Los salarios de tramitación son rendimientos del trabajo y se imputan al período impositivo en que la sentencia judicial que establece su percepción adquiere firmeza. Respecto a las prestaciones por desempleo reintegradas por ser incompatibles con los salarios, su incidencia se produce en la declaración donde se incluyeron, debiendo excluirse dichos importes al no haberse producido el hecho imponible de obtención de renta. La regularización se realiza mediante la rectificación de las autoliquidaciones.

Implicaciones prácticas

  • La imputación de los salarios de tramitación se desplaza al ejercicio en que la sentencia judicial adquiere firmeza.
  • Las prestaciones de desempleo reintegradas deben excluirse de la base imponible de los ejercicios en que se declararon.
  • La corrección de la base imponible por prestaciones devueltas requiere la rectificación de las autoliquidaciones correspondientes.

Puntos de planificación

  • Valorar el impacto de la firmeza de la sentencia en la carga fiscal del ejercicio corriente.
  • Analizar la necesidad de rectificar declaraciones de años anteriores por prestaciones de desempleo reintegradas.

Checklist

  • Verificar la fecha de firmeza de la sentencia judicial para determinar el ejercicio de imputación.
  • Identificar los importes de prestaciones de desempleo reintegradas por incompatibilidad.
  • Comprobar si dichas prestaciones fueron incluidas indebidamente en declaraciones de IRPF previas.
  • Tramitar la rectificación de las autoliquidaciones mediante el procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V0920-17 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 11/04/2017 Normativa Ley 35/2006. LIRPF. Arts. 14 y 17. Descripción de hechos La consultante expone que fue despedida de la empresa en el ámbito de un ERE, el 30 de septiembre de 2012. Disconforme con el despido, presentó la correspondiente demanda de despido. En junio de 2016 se dictó sentencia por la que se calificaba el despido como nulo, sentencia que adquirió firmeza en dicho período 2016. El 18 de julio de 2016 fue readmitida en su puesto de trabajo y en la nómina de octubre de 2016 le fueron abonados los salarios de tramitación, descontando la empresa el importe de la prestación por desempleo. Cuestión planteada Se pregunta respecto de la tributación en el IRPF, imputación temporal, de los salarios de tramitación y de los descuentos realizados por la prestación de desempleo. Contestación completa El artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, define los rendimientos íntegros del trabajo como “todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas”. Conforme con el señalado precepto, las cantidades a satisfacer por la consultante por salarios de tramitación, tendrán la calificación de rendimientos del trabajo. En cuanto a su imputación temporal, el artículo 14.1 a) de la LIRPF, establece, como regla general, que los rendimientos del trabajo se imputan al período impositivo en que son exigibles por su perceptor. Junto a esta regla general, el apartado 2 de dicho artículo contiene ciertas reglas especiales, entre ellas, dispone que: “a) Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza. (…)”. Conforme con esta regla especial, procederá imputar los salarios de tramitación al período impositivo en el que adquirió firmeza la sentencia judicial estableciendo su percepción: período 2016. Por lo que respecta a la devolución de las prestaciones por desempleo, debido a su incompatibilidad con los salarios de tramitación (artículo 268 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), su incidencia en el IRPF se produce, por su carácter de indebidas, en la declaración del Impuesto en el que las mismas se hubieran incluido. Por tanto, los ingresos percibidos en su día por tal concepto y que se reintegran minorándolos de los salarios de tramitación procede excluirlos de aquella declaración, al considerarse que no se han obtenido, no habiéndose producido respecto a los mismos el hecho imponible del impuesto: obtención de renta por el contribuyente (artículo 6 de la LIRPF). Por tanto, la regularización de la situación tributaria (excluyendo los importes indebidamente percibidos y declarados) podrá efectuarse instando el consultante la rectificación de las autoliquidaciones, tal como establece el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria: “Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente. Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta Ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación. Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta Ley”. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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