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V2854-14 22 de octubre de 2014 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterio vigente
IRPF · Renta · responsabilidad civil

La indemnización por no ser llamada a un puesto de trabajo tributa como rendimiento del trabajo

Se consulta si una indemnización de 7.000 € pactada en un acta de conciliación por no ser llamada a un puesto de trabajo está exenta de IRPF. La DGT responde que no es exenta porque no compensa daños personales, sino perjuicios económicos.

La cuestión planteada

Sometimiento a retención de la referida indemnización.

El criterio de la DGT

Para que una indemnización sea exenta por responsabilidad civil debe ser por daños personales (físicos, psíquicos o morales) y tener cuantía judicialmente reconocida. La indemnización consultada compensa la falta de percepción de rendimientos del trabajo, por lo que se califica como rendimiento del trabajo y está sujeta a retención. La cuantía se considera judicialmente reconocida al existir una aproximación voluntaria de las partes con intervención judicial.

Implicaciones prácticas

  • Las indemnizaciones que compensen la pérdida de ingresos económicos no califican como exentas por responsabilidad civil.
  • El pago por no ser llamado a un puesto de trabajo constituye rendimiento del trabajo sujeto a retención.
  • La existencia de un acta de conciliación judicial no convierte automáticamente la cuantía en exenta si el concepto es económico.

Ejemplo

Una indemnización de 7.000 € pactada en un acta de conciliación por falta de llamada al puesto de trabajo tributa como rendimiento del trabajo.

Puntos de planificación

  • Valorar el impacto fiscal de las cuantías pactadas en actas de conciliación sobre la base imponible del IRPF.
  • Diferenciar la naturaleza de las indemnizaciones recibidas para distinguir entre daños personales y perjuicios económicos.

Checklist

  • Verificar si la indemnización compensa daños físicos, psíquicos o morales.
  • Comprobar si la cuantía tiene un origen de perjuicio económico o falta de percepción de rentas.
  • Confirmar si el concepto de la indemnización en el acta de conciliación es estrictamente por responsabilidad civil personal.
  • Determinar la aplicación de retención en origen según la calificación del rendimiento.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V2854-14 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 22/10/2014 Normativa Ley 35/2006. Art. 7 Descripción de hechos Con fecha 23 de junio de 2014, la diputación consultante suscribe ante un juzgado de lo social un acta de conciliación poniendo fin al procedimiento iniciado por una demanda interpuesta por una persona al no haber sido llamada para un puesto de trabajo que se cubría con una bolsa de empleo. En el acta se pacta que la diputación indemnice con 7.000 € a la demandante por los daños causados. Cuestión planteada Sometimiento a retención de la referida indemnización. Contestación completa La consulta formulada se delimita en torno a si la indemnización pactada en el acto de conciliación ante un juzgado de lo social, como consecuencia de la vulneración del derecho que asistía a la indemnizada para ser llamada a un puesto de trabajo, puede considerarse una indemnización por responsabilidad civil exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Con un carácter general, la regulación de las rentas exentas se recoge en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), artículo que en su párrafo d) declara rentas exentas “las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida”. Conforme con esta configuración legal, para que la indemnización objeto de consulta pueda encontrarse amparada por la exención del artículo 7:d) resulta necesario que se trate de una indemnización por responsabilidad civil por daños personales (concepto que incluye los daños físicos, psíquicos o morales) y que su cuantía se fije judicialmente. En este punto, procede indicar que en la expresión “cuantía judicialmente reconocida” se entienden comprendidos tanto los supuestos de cuantificación fijada por un juez o tribunal mediante resolución judicial como las fórmulas intermedias: aquellos casos en los que existe una aproximación voluntaria en las posturas de las partes en conflicto, siempre que haya algún tipo de intervención judicial. En el presente caso, y con los pocos datos aportados, la indemnización (si bien su cuantía cabe calificarla como judicialmente reconocida) no parece corresponderse con la indemnización exenta del artículo 7,d), que (como hemos visto) se delimita a los daños personales (físicos, psíquicos y morales), sino que apunta en la dirección de perjuicios económicos causados por no haber sido llamada la demandante para cubrir un puesto de trabajo que le reportaría unos rendimientos del trabajo, rendimientos que ante la falta de contratación no llegará a percibir, es decir, daños patrimoniales pero no los daños personales que ampara la exención. Por tanto, considerando que la indemnización objeto de consulta no se encuentra amparada por la exención, su tributación en el impuesto se realiza desde su calificación como rendimientos del trabajo (dado su carácter sustitutorio de las retribuciones de un trabajo que no se pudo desarrollar), lo que comporta su sometimiento a retención a cuenta, pues se trata de rentas sujetas a esta modalidad de pagos a cuenta que son satisfechas por un obligado a retener o ingresar a cuenta; así resulta de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31). Lo que comunico a ustedes con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

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