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V1064-25 25 de junio de 2025 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterio vigente
IRPF · Renta · indemnización por despido

La exención de la indemnización por despido puede perderse si se vuelve a trabajar en la misma empresa o vinculada

La consultante pregunta si la exención de su indemnización por despido se mantendría si es contratada por una empresa del mismo grupo. La DGT responde que existe una presunción de que no hay desvinculación real si se vuelve a prestar servicios a la misma empresa o a una vinculada en los tres años siguientes.

La cuestión planteada

Existencia de desvinculación real y efectiva de la consultante con la empresa a efectos del disfrute de la exención prevista en el artículo 7 e) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en caso de que en un futuro sea contratada por una empresa del mismo grupo.

El criterio de la DGT

La exención del artículo 7.e) de la LIRPF requiere una real y efectiva desvinculación del trabajador con la empresa. Se presume que no existe dicha desvinculación si, en los tres años siguientes al despido, el trabajador presta servicios a la misma empresa o a otra vinculada según la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Esta presunción admite prueba en contrario para acreditar que la nueva relación no anula la desvinculación original.

Implicaciones prácticas

  • La contratación por una empresa del mismo grupo dentro de los tres años posteriores al despido activa una presunción de falta de desvinculación real.
  • La exención de la indemnización por despido queda sujeta a la capacidad de demostrar que la nueva relación laboral es independiente de la anterior.
  • El incumplimiento de la desvinculación efectiva conlleva la pérdida del beneficio fiscal previsto en el artículo 7.e) de la LIRPF.

Puntos de planificación

  • Valorar la existencia de vínculos societarios entre la empresa de origen y la nueva entidad empleadora.
  • Analizar la naturaleza de la nueva relación laboral para determinar si permite desvirtuar la presunción de continuidad.

Checklist

  • Verificar si la nueva empresa pertenece al mismo grupo según la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
  • Comprobar si el tiempo transcurrido desde el despido es inferior a tres años.
  • Recabar pruebas que acrediten la autonomía y realidad de la nueva relación laboral.
  • Evaluar la vinculación societaria entre las entidades empleadoras mediante el análisis de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V1064-25 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 25/06/2025 Normativa LIRPF. Ley 35/2006. Art. 7.e). RIRPF. Real Decreto 439/2007. Art. 1. Descripción de hechos La empresa en la que trabaja la consultante ha sido declarada en concurso de acreedores, en el cual se ha abierto la fase de liquidación. La consultante manifiesta lo siguiente: "me van a despedir a lo largo de este año 2025 con una indemnización de 20 días por año trabajado con tope de 12 mensualidades". Según el escrito de consulta, existe la posibilidad de que la consultante sea contratada posteriormente, dentro de este año, en una empresa del mismo grupo al que pertenece la empresa en concurso de acreedores. Cuestión planteada Existencia de desvinculación real y efectiva de la consultante con la empresa a efectos del disfrute de la exención prevista en el artículo 7 e) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en caso de que en un futuro sea contratada por una empresa del mismo grupo. Contestación completa El artículo 7 e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante LIRPF, establece que se encuentran exentas: “Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. (…)”. Asimismo, el artículo 1 del del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por Real Decreto 439/ 2007, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo), en adelante RIRPF, condiciona la aplicación de la mencionada exención, en los términos siguientes: “El disfrute de la exención prevista en el artículo 7.e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio quedará condicionado a la real efectiva desvinculación del trabajador con la empresa. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se da dicha desvinculación cuando en los tres años siguientes al despido o cese el trabajador vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a otra empresa vinculada a aquélla en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades”. El precepto reglamentario alude al hecho en sí de que se produzca una nueva contratación del trabajador despedido o cesado en las condiciones expuestas (que se trate de la misma empresa u otra vinculada y que se efectúe dentro de los tres años siguientes a la efectividad del despido o cese) sin que, a estos efectos, se especifique el tipo o naturaleza jurídica que deba adoptar el contrato, es decir, resulta indiferente tanto su duración como que los servicios prestados por el trabajador despedido dentro de los tres años siguientes deriven de una nueva relación laboral o de la realización de una actividad empresarial o profesional. En el caso que nos ocupa, de producirse dicha contratación dentro del plazo de tres años siguientes al despido, resultará de aplicación la presunción contemplada en el artículo 1 del Reglamento del Impuesto. En todo caso debe precisarse que la prestación de servicios dentro del citado plazo de tres años constituye una presunción, que admite prueba en contrario, de la inexistencia de una real efectiva desvinculación del trabajador despedido con la empresa, requisito imprescindible para el mantenimiento de la exención. En consecuencia, la consultante podrá acreditar, por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, que corresponde valorar a los órganos encargados de las actuaciones de comprobación e investigación tributaria, que en su día se produjo dicha desvinculación, y que los servicios que ahora presta, por la naturaleza y características de los mismos o de la propia relación de la que derivan, no enervan dicha desvinculación. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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