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Asesoramiento integral para el sector de la construcción en España

Asesoramos a promotores inmobiliarios, constructoras y empresas de ingenieria civil en España en materia fiscal, laboral, legal y corporativa, con especial atención al régimen de IVA de inversión del sujeto pasivo, la normativa de subcontratacion y la prevención de riesgos laborales.

367.869
empresas activas en España
1.484.372
trabajadores afiliados (SS)
10,6%
cuota empresarial en la UE

Fuente: cifex · Seguridad Social

120+
promotoras y constructoras asesoradas
800M€+
en proyectos inmobiliarios y de obra civil gestionados
15+
años de experiencia en el sector de la construcción

El sector de la construcción en España es uno de los pilares de la economía productiva del país. Con más de 367.000 empresas activas y cerca de 1,5 millones de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, concentra el 10,6% de la cuota de mercado de la Union Europea en su sector, una posición que refleja tanto el tamaño del mercado español como su relevancia dentro del proyecto europeo de transición energética y renovation del parque edificado. El sector atraviesa un momento de intensa actividad impulsada por la demanda residencial, la rehabilitación energética de edificios con el respaldo de los fondos NextGenerationEU, y la licitacion de grandes proyectos de infraestructura pública.

La atomizacion del tejido empresarial —más de tres de cada cuatro empresas son micropymes o autónomos— convierte al sector en uno de los más expuestos a contingencias laborales, fiscales y regulatorias. La normativa urbanistica es autonómica y municipal, el régimen de IVA contiene reglas específicas de inversión del sujeto pasivo que difieren del resto de sectores, la Ley de Subcontratacion impone límites y obligaciones documentales estrictos, y la normativa de prevención de riesgos laborales es de aplicación particularmente exigente en obra. Gestionar bien estos vectores es la diferencia entre un proyecto rentable y uno que acumula contingencias.

En BMC asesoramos a promotores inmobiliarios, constructoras de obra civil, empresas de instalaciones y mantenimiento, y subcontratas especializadas en todos los aspectos fiscales, legales y laborales de su actividad. Nuestros servicios incluyen la estructuracion del vehículo promotor (sociedad ad hoc, joint venture, UTE), la planificación fiscal del proyecto de promocion desde la compra del suelo, la revisión del impacto del IVA de inversión del sujeto pasivo en la cadena de pagos, la due diligence urbanistica y registral de suelo, y la gestión de contratos de obra (llave en mano, por unidades de obra, colaboración público-privada). También acompañamos en licitaciones públicas y en la redacción de los pliegos contractuales con subcontratistas.

En el ámbito laboral, la construcción es uno de los sectores con mayor exposición a la responsabilidad solidaria por deudas de las subcontratas, a sanciones por incumplimiento del Libro de Subcontratacion y a accidentes de trabajo con consecuencias penales. Nuestro equipo de derecho laboral asesora en la elaboración del plan de seguridad y salud, la coordinación de actividades empresariales, los convenios colectivos sectoriales aplicables (Convenio General de la Construcción) y la gestión de ERTEs estacionales frecuentes en el sector. Complementariamente, gestionamos la obtención de ayudas y subvenciones para rehabilitación energética, digitalización de obra y formación profesional.

Glosario

Términos Clave del Sector

Acción Social de Responsabilidad

La acción social de responsabilidad es el mecanismo previsto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) que permite a la sociedad, a los socios que representen al menos el 5% del capital social o a los acreedores, ejercer acción judicial contra los administradores para exigirles el resarcimiento del daño causado a la sociedad por incumplimiento de sus obligaciones. Es la herramienta principal de responsabilidad civil interna de los administradores en el derecho societario español.

Administrador societario

El administrador societario es la persona física o jurídica designada por la sociedad para ejercer las funciones de gestión ordinaria y representación de la entidad frente a terceros. Es el órgano de administración unipersonal o pluripersonal cuyas actuaciones vinculan jurídicamente a la sociedad, y sobre quien recae un conjunto de deberes legales y una responsabilidad personal por los daños causados por su gestión.

Reglamento de IA (AI Act)

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act) es el primer marco legal completo del mundo sobre inteligencia artificial. Clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo —inaceptable, alto, limitado y mínimo— e impone obligaciones proporcionales a cada categoría, tanto a desarrolladores como a desplegadores de IA.

Administrador Concursal

El administrador concursal es el profesional designado por el juzgado de lo mercantil para supervisar y, en caso de apertura de la fase de liquidación, gestionar el proceso de concurso de acreedores. Está regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) y puede ser un abogado, un economista, un auditor de cuentas o una persona jurídica especializada. Sus funciones incluyen la elaboración del informe de administración concursal, la determinación de la masa activa y pasiva, y la supervisión de los actos de disposición del deudor concursado.

Amortización fiscal acelerada

La amortización fiscal acelerada es la posibilidad que ofrece la normativa del Impuesto sobre Sociedades de deducir fiscalmente el deterioro de valor de los activos fijos a un ritmo superior al que correspondería según las tablas de amortización oficiales, lo que permite adelantar gastos y diferir la tributación. La Ley del IS contempla varios métodos de amortización acelerada, entre ellos la amortización libre para determinados activos e inversiones.

Ampliación de capital

Operación societaria mediante la cual una empresa aumenta su capital social, ya sea mediante la emisión de nuevas acciones o participaciones, la elevacion del valor nominal de las existentes, o la conversión de reservas o deudas en capital. Es el mecanismo habitual para captar inversión o reforzar la solvencia de la empresa.

FAQ

Preguntas frecuentes

La regla de inversión del sujeto pasivo en construcción (art. 84.Uno.2f LIVA) obliga al destinatario empresario o profesional a autoliquidar el IVA cuando recibe servicios de ejecución de obra, incluyendo albañileria, instalaciones y acabados. Esto aplica tanto en contratas como subcontratas. La correcta identificación de cada operación como sujeta a este régimen es crítica para evitar sanciones e ingresos indebidos ante la AEAT.
La Ley 32/2006 de subcontratacion limita a tres los niveles de subcontratacion en obra, exige el Libro de Subcontratacion en cada centro de trabajo, y requiere que las empresas cuenten con organización productiva propia y trabajadores con formación en PRL (Prevención de Riesgos Laborales). El incumplimiento puede derivar en responsabilidad solidaria del contratista principal por deudas laborales y de Seguridad Social de la subcontrata.
Los pagos a contratistas y subcontratistas personas físicas o entidades en estimación objetiva (módulos) en el IRPF están sujetos a retenciones del 1% o 2% sobre el importe de la factura. Además, cuando la contratista es una sociedad, el promotor que sea persona física arrendador de inmueble tiene obligación de retener si concurren determinados requisitos. La gestión correcta de estos flujos evita contingencias con Hacienda en inspecciones de rentas del capital.
La promocion inmobiliaria genera un ciclo fiscal complejo: IVA en la adquisición del suelo y en la construcción (con derecho a deducción), Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalia municipal) en la transmisión, IS sobre el margen promotor y posibles tributaciones especiales en herencias o donaciones de activos. Estructurar correctamente el vehículo promotor y la financiacion desde el inicio del proyecto puede generar ahorros fiscales muy relevantes.
Antes de iniciar cualquier actuación edificatoria es necesario verificar la clasificación y calificación del suelo, obtener la licencia de obras o la declaración responsable según el municipio, inscribir la obra nueva en el Registro de la Propiedad (cuando proceda) y cumplir los requisitos del Código Técnico de la Edificacion (CTE). La falta de alguno de estos elementos puede paralizar la obra, generar responsabilidad penal urbanistica o impedir la posterior venta de las unidades.

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