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V3086-19 4 de noviembre de 2019 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterio vigente
IRPF · Renta · pagador

Se mantiene el límite de 22.000 euros para no declarar si los pagos provienen de una misma Administración

Una empleada de la Administración General del Estado pregunta si debe declarar por tener dos pagadores distintos: el Ministerio y la Subdelegación del Gobierno. La DGT responde que, al ser ambos parte de la misma Administración, se considera un único pagador.

La cuestión planteada

A efectos de determinar la obligación de declarar por el período impositivo 2019, se pregunta sobre la existencia de uno o dos pagadores de rendimientos del trabajo.

El criterio de la DGT

Para determinar la existencia de uno o más pagadores, se debe acudir a la personalidad jurídica del órgano o entidad pagadora. En el ámbito de las Administraciones Públicas, las unidades administrativas que gestionan pagos para una misma persona jurídica no constituyen pagadores distintos. Por tanto, si los rendimientos proceden de la Administración General del Estado, el límite para no declarar es de 22.000 euros anuales.

Implicaciones prácticas

  • La multiplicidad de unidades administrativas dentro de una misma entidad no genera la obligación de declarar por dos pagadores.
  • El límite de 22.000 euros se aplica de forma global si todos los rendimientos provienen de la misma Administración Pública.
  • No se debe aplicar el límite de 15.000 euros por tener distintos órganos pagadores si estos comparten la misma personalidad jurídica.

Puntos de planificación

  • Valorar la totalidad de los rendimientos percibidos de distintas unidades de una misma Administración.
  • Comprobar si la suma de todos los ingresos de la misma entidad jurídica supera el umbral de 22.000 euros.

Checklist

  • Identificar la personalidad jurídica de cada entidad pagadora.
  • Sumar todos los rendimientos del trabajo percibidos de la Administración General del Estado.
  • Verificar si el total de dichos rendimientos excede los 22.000 euros anuales.
  • Confirmar que las distintas unidades administrativas pertenecen a la misma persona jurídica.

Por qué importa

Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.

Texto íntegro de la consulta (fuente: DGT)

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V3086-19 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 04/11/2019 Normativa Ley 35/2006, art. 96 Descripción de hechos A la consultante, personal laboral de la Administración General del Estado con destino en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública (Subdelegación del Gobierno en Almería), le abona sus retribuciones de forma centralizada el referido ministerio. Además, por su participación en 2019 en el desarrollo de su trabajo en la organización de elecciones, ha percibido unas retribuciones que le ha abonado la propia Subdelegación del Gobierno. Cuestión planteada A efectos de determinar la obligación de declarar por el período impositivo 2019, se pregunta sobre la existencia de uno o dos pagadores de rendimientos del trabajo. Contestación completa La regulación de la obligación de declarar se recoge en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), que en el ámbito que aquí interesa —referido únicamente a los rendimientos del trabajo y a la existencia de más de un pagador— exime de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyos rendimientos no excedan de 22.000 euros anuales, salvo que procedan de más de un pagador, en cuyo caso el límite anterior será de 14.000 euros siempre que las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales, si no se supera esta cantidad el límite se mantiene en los 22.000 euros. Para determinar, a efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la existencia de uno o más pagadores se hace preciso acudir a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reguladora de las retenciones. Tanto la Ley del Impuesto (artículo 99.2) como el Reglamento del Impuesto (artículo 76.1) al establecer quiénes están obligados a retener o ingresar a cuenta incluyen en primer lugar a “las personas jurídicas y demás entidades”, siendo este supuesto el que determina la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta en el supuesto de las Administraciones Públicas. Tal obligación se establece en relación con las propias personas jurídicas o entidades y no con respecto a los empleados, unidades administrativas... que pudieran gestionar los pagos que aquéllas realizan. Para determinar —en el ámbito de las Administraciones Públicas— cuándo interviene un solo pagador o varios pagadores, se hace necesario acudir a la personalidad jurídica del órgano o entidad pagadora. Ello comporta distinguir entre: - La Administración General del Estado. - Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. - Las entidades que integran la Administración Local. - Las entidades, entes u organismos con personalidad jurídica propia que estén vinculados o dependan de las anteriores. Por tanto, en cuanto los rendimientos del trabajo obtenidos por la consultante proceden —a efectos de retenciones— de un único pagador (en este caso la Administración General del Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y las unidades administrativas que gestionan los pagos), el límite excluyente de la obligación de presentar declaración en relación con la obtención de rendimientos del trabajo será el recogido en el párrafo a) del referido artículo 96.2 de la Ley del Impuesto, es decir: 22.000 euros anuales. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

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