El consultante pregunta si el dinero perdido en una estafa puede computarse como pérdida patrimonial en el IRPF. La DGT responde que si no se identifica al autor, es una pérdida patrimonial inmediata, pero si hay un deudor identificado, debe cumplirse el plazo de un año en ejecución judicial o la quita en concurso.
Cuestión planteada
Si el autor del engaño es desconocido, se produce una pérdida patrimonial en el momento del hecho. Si se identifica al autor y existe un derecho de crédito, la pérdida solo es imputable cuando el crédito sea judicialmente incobrable. Para créditos vencidos y no cobrados, se requiere la eficacia de una quita en concurso o que transcurra un año desde el inicio de un procedimiento judicial de ejecución.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V1286-26 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 25/05/2026 Normativa LIRPF, ley 35/2006, artículos 14.2.k), 33 y disposición adicional 21ª. Descripción de hechos El consultante fue objeto de una estafa bancaria el día 6 de marzo de 2025. Suplantaron la identidad del banco para obtener sus datos y sustraerle con dos operaciones el mismo día un montante total de 15.500 euros de la cuenta de la que es titular en la entidad bancaria. Al día siguiente acudió a su banco para obtener extractos bancarios e interponer denuncia ante la Policía Nacional. El 12 de marzo de 2025 acudió a informarse a una oficina de la AEAT donde le comunicaron la importancia de interponer la correspondiente demanda judicial. El 16 de diciembre de 2025 interpone la citada demanda contra su banco al que le reclama el importe que le sustrajeron. La demanda ha sido admitida a trámite el 25 de marzo de 2026. Cuestión planteada Posibilidad de considerar existente una pérdida patrimonial en la declaración de IRPF del año 2025. Contestación completa La determinación legal del concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales se recoge en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio donde se establece que “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”. A continuación, los apartados siguientes de este mismo artículo 33 se dedican a matizar el alcance de esta configuración, apartados de los que procede referir aquí el número 5, donde se establece lo siguiente: “No se computarán como pérdidas patrimoniales las siguientes: · Las no justificadas. · Las debidas al consumo. · Las debidas a transmisiones lucrativas por actos ínter vivos o a liberalidades. · Las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período impositivo que excedan de las ganancias obtenidas en el juego en el mismo período. En ningún caso se computarán las pérdidas derivadas de la participación en los juegos a que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de esta Ley. · (…)”. Con esta configuración legal, el importe dinerario objeto del engaño o estafa sufrido por un contribuyente del IRPF —cuando no se puede identificar a su autor, lo que impide determinar la existencia de un derecho de crédito en favor del consultante contra aquel— dará lugar en el momento en que se produzca a una pérdida patrimonial, pues respondería al concepto que de estas variaciones recoge el reproducido apartado 1 del artículo 33; es decir: conceptualmente habría existido una pérdida patrimonial. Por el contrario, de considerarse existente un derecho de crédito en los términos referidos en el párrafo anterior —por conocerse la identidad de su autor—, cabe indicar que la falta de pago por un deudor a su acreedor de un importe adeudado no da lugar de forma automática a la existencia de una pérdida patrimonial, dada la consideración de existencia de un derecho de crédito que la parte acreedora tiene contra la parte deudora. En tal caso, el criterio que sobre el particular venía manteniendo este Centro directivo es que solo cuando ese derecho de crédito resulte judicialmente incobrable será cuando tenga sus efectos en la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entendiéndose que será en ese momento y período impositivo cuando se habrá producido una variación en el valor del patrimonio del contribuyente (pérdida patrimonial) por el importe no recuperado. A este respecto, procede señalar que el carácter de judicialmente incobrable se venía entendiendo referido tanto a las resoluciones judiciales firmes dictadas en un concurso de acreedores que determinasen la imposibilidad jurídica de cobrar, como a las resoluciones judiciales dictadas en procedimientos de ejecución forzosa dirigidos al cobro del derecho de crédito que de hecho pusieran de manifiesto la imposibilidad de cobro. A partir de 1 de enero de 2015, se introdujo en la normativa del Impuesto una regla especial de imputación temporal para estos supuestos de créditos no cobrados. Así, la letra k) del artículo 14.2 de la Ley del Impuesto, añadida por el apartado ocho del artículo primero de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, determina lo siguiente: “Las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al período impositivo en que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.º Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologable a los que se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, o en un acuerdo extrajudicial de pagos a los cuales se refiere el Título X de la misma Ley. 2.º Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en el que se acuerde una quita en el importe del crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en cuyo caso la pérdida se computará por la cuantía de la quita. En otro caso, que concluya el procedimiento concursal sin que se hubiera satisfecho el crédito salvo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas a las que se refieren los apartados 1.º, 4.º y 5.º del artículo 176 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 3.º Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los de concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que este haya sido satisfecho. Cuando el crédito fuera cobrado con posterioridad al cómputo de la pérdida patrimonial a que se refiere esta letra k), se imputará una ganancia patrimonial por el importe cobrado en el período impositivo en que se produzca dicho cobro”. A su vez, la disposición adicional vigésima primera de la misma ley determina que “a efectos de la aplicación de la regla especial de imputación temporal prevista en la letra k) del artículo 14.2 de esta Ley, la circunstancia prevista en el número 3.º de la citada letra k) únicamente se tendrá en cuenta cuando el plazo de un año finalice a partir de 1 de enero de 2015”. xpuesto lo anterior, en el supuesto consultado —de considerarse existente un derecho de crédito en los términos expuestos— no podría entenderse producida una pérdida patrimonial, pues el derecho de crédito correspondiente al dinero objeto de la estafa no se encontraría en situación que pudiera determinar para el consultante una pérdida patrimonial en los términos recogidos en el artículo 14.2.k), pues no se habría producido ninguna de las circunstancias en él recogidas. En este punto, procede indicar que la circunstancia referida en el número 3º de la referida letra k) se concreta en el procedimiento de ejecución forzosa. Por tanto, no existiendo procedimiento concursal que pudiera dar lugar a la existencia de alguna de las circunstancias previstas en los números 1º y 2º del artículo 14.2. k), ni habiéndose iniciado tampoco un procedimiento judicial de ejecución del que hubiera transcurrido el plazo de un año desde su inicio (14.2.k.3º) no procedería (de conocerse la identidad del autor) computar ninguna pérdida patrimonial en 2025. En cuanto a la justificación de esta pérdida (cuando esta pueda entenderse concurrente), procede indicar que “en los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa”, tal como dispone el artículo 106.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Por tanto, el consultante podrá acreditar a través de los medios de prueba admitidos en Derecho la existencia de la pérdida patrimonial, siendo los órganos de gestión e inspección tributaria a quienes corresponderá —en el ejercicio de sus funciones y a efectos de la liquidación del impuesto— la valoración de las pruebas que se aporten como elementos suficientes para determinar su existencia y su imputación temporal. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003 General Tributaria.