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Asesoramiento de alto nivel para el sector de empleo y RRHH en España

Asesoramos a empresas de trabajo temporal, agencias de colocacion, empresas de outsourcing de RRHH y PEOs en el cumplimiento de la normativa laboral española, la gestión de ERTEs y EREs, la negociación colectiva y el cumplimiento ante la Inspección de Trabajo.

5.894
empresas activas en España
248.176
trabajadores afiliados (SS)
8.5B€
facturación anual (INE)
47,6%
supervivencia a 5 años
3,4%
margen bruto del sector
8,0%
cuota empresarial en la UE

Fuente: cifex · Seguridad Social · INE EEE · INE DIRCE

40+
ETTs y agencias de empleo asesoradas
12.000+
trabajadores cedidos gestionados en nómina
95%
de resoluciones favorables en inspecciones de trabajo

El sector de servicios de empleo en España —que comprende las empresas de trabajo temporal (ETTs), las agencias de colocacion, las empresas de outsourcing de recursos humanos y los Professional Employer Organizations (PEOs)— concentra cerca de 5.900 empresas activas y emplea directamente a más de 248.000 trabajadores en Seguridad Social, cifra que representa solo una fraccion de los millones de empleados que estas companiias gestionan en nombre de sus clientes. Con una facturación agregada de 8.500 millones de euros y una tasa de supervivencia a cinco años del 47,6%, el sector opera con margenes brutos reducidos del 3,4%, lo que convierte el control de costes laborales, fiscales y regulatorios en el principal palanca de rentabilidad. La cuota española en el mercado europeo alcanza el 8,0%, una posición que los grandes grupos nacionales sostienen compitiendo con multinacionales del sector que operan con escala global.

La Inspección de Trabajo ha intensificado las campañas de control sobre la cesión ilegal de trabajadores, las falsas cooperativas de trabajo y la clasificación inadecuada de relaciones laborales, lo que eleva el riesgo para operadores del sector no debidamente asesorados. La Ley 14/1994 de ETTs, la Ley de Empleo (RDL 3/2015), los convenios colectivos sectoriales y la legislación de protección de datos conforman un marco que exige revisión permanente. La presion sobre los máximos de supervivencia del sector se agudiza además con la irrupcion de las plataformas digitales de intermediacion, cuyo modelo de clasificación de trabajadores esta siendo escrutado por los tribunales a raiz de la Ley Rider y de sus extensiones interpretativas.

En BMC acompañamos a ETTs, agencias de seleccion, empresas de BPO y PEOs en el conjunto de sus necesidades legales, laborales y fiscales. Nuestro asesoramiento abarca la obtención y renovación de autorizaciones administrativas para operar como ETT, la negociación y aplicación de convenios colectivos, la gestión de ERTEs y EREs tanto en la empresa de RRHH como en las empresas usuarias clientes, la administración de nóminas para trabajadores en mision y la defensa ante la Inspección de Trabajo y en la jurisdicción social. También apoyamos a operadores internacionales en la estructuracion de su entrada en el mercado español a través del modelo PEO o mediante la constitución de una ETT propia.

El cumplimiento de la normativa de protección de datos es un área crítica en un sector que trata datos laborales y biometricos a gran escala: historiales profesionales, perfiles de candidatos, datos de salud a efectos de prevención de riesgos y datos de rendimiento. Asesoramos en la elaboración de los registros de actividades de tratamiento exigidos por el RGPD, en los contratos con empresas usuarias como encargados del tratamiento, en las transferencias internacionales de datos en grupos multinacionales y en la gestión de brechas de seguridad conforme a los plazos de notificación previstos en la normativa.

Glosario

Términos Clave del Sector

Acción Social de Responsabilidad

La acción social de responsabilidad es el mecanismo previsto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) que permite a la sociedad, a los socios que representen al menos el 5% del capital social o a los acreedores, ejercer acción judicial contra los administradores para exigirles el resarcimiento del daño causado a la sociedad por incumplimiento de sus obligaciones. Es la herramienta principal de responsabilidad civil interna de los administradores en el derecho societario español.

Reglamento de IA (AI Act)

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act) es el primer marco legal completo del mundo sobre inteligencia artificial. Clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo —inaceptable, alto, limitado y mínimo— e impone obligaciones proporcionales a cada categoría, tanto a desarrolladores como a desplegadores de IA.

Administrador Concursal

El administrador concursal es el profesional designado por el juzgado de lo mercantil para supervisar y, en caso de apertura de la fase de liquidación, gestionar el proceso de concurso de acreedores. Está regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) y puede ser un abogado, un economista, un auditor de cuentas o una persona jurídica especializada. Sus funciones incluyen la elaboración del informe de administración concursal, la determinación de la masa activa y pasiva, y la supervisión de los actos de disposición del deudor concursado.

Arbitraje y mediación empresarial

El arbitraje y la mediación son métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR) que permiten a las empresas resolver disputas comerciales fuera de los tribunales ordinarios. El arbitraje produce un laudo con fuerza de cosa juzgada y ejecutivo como una sentencia judicial. La mediación es un proceso voluntario y confidencial facilitado por un tercero neutral, cuyo resultado es un acuerdo de las propias partes.

Auditoría de cuentas

Examen independiente y sistemático de las cuentas anuales de una empresa realizado por un auditor externo titulado, con el objetivo de emitir una opinion técnica sobre si dichas cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa de acuerdo con la normativa contable aplicable.

Trabajador autónomo

Persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo. Esta obligado a cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

FAQ

Preguntas frecuentes

Las empresas de trabajo temporal deben obtener autorización administrativa de la autoridad laboral competente (autonömica o central según ámbito de actuación) conforme a la Ley 14/1994 de ETTs. Los requisitos incluyen la constitución de una garantía financiera equivalente a 25 veces el IPREM, la ausencia de deudas tributarias y de Seguridad Social, y el cumplimiento de los límites de estructura organizativa. El incumplimiento de estos requisitos puede comportar la revocación de la autorización y sanciones muy graves.
El sector dispone de convenio colectivo estatal propio (actualmente el VII Convenio Colectivo Estatal de ETTs) que regula las condiciones de los trabajadores en mision: salario, categorías profesionales, tiempo de trabajo y vacaciones. La aplicación del principio de igualdad retributiva obliga a las ETTs a garantizar que los trabajadores cedidos perciben al menos las condiciones salariales previstas en el convenio de la empresa usuaria. La negociación de convenios de empresa es un proceso que requiere asesoramiento especializado para equilibrar competitividad y cumplimiento.
La empresa usuaria es responsable de las condiciones de ejecución del trabajo: seguridad y salud (debe incluir al trabajador cedido en su plan de prevención), igualdad de trato en materia de salario según el artículo 11 de la Ley de ETTs, información sobre vacantes permanentes, y acceso a los servicios e instalaciones colectivas. La empresa usuaria puede ser declarada responsable solidaria con la ETT ante impagos salariales o incumplimientos en materia de Seguridad Social si no ejercio la diligencia debida en la seleccion de la ETT.
Un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) es una medida temporal de suspensión o reducción de jornada con exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, y puede activarse por causas ETOP o de fuerza mayor. Un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) es la via para extinciones colectivas definitivas, que requiere período de consultas con la representación de los trabajadores, memoria económica y plan social. En las empresas de RRHH con plantillas propias numerosas, la diferencia entre ambos instrumentos y su gestión correcta es determinante para minimizar el coste y el riesgo litigioso.
Las plataformas digitales de intermediacion entre trabajadores y empresas deben cumplir la Ley de Empleo (RDL 3/2015) y, si median en la contratación, deben estar registradas como agencias de colocacion. La ley española presume la laboralidad de los repartidores de plataformas (Ley Rider, art. 12 bis ET), y el criterio se extiende progresivamente a otras figuras de plataforma. Las empresas que operan en este espacio deben auditar periódicamente sus modelos de clasificación de trabajadores para evitar contingencias laborales y tributarias de gran impacto.

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