El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para desclasificar cualquier asunto, acto, documento, información, dato u objeto relacionado con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Esta medida busca garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a su pasado histórico y responder a las demandas de transparencia de la comunidad académica y periodística. La decisión se fundamenta en la necesidad de un conocimiento riguroso de la historia reciente y en el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el acceso a fuentes documentales para investigación histórica.
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Para la comunidad académica y periodística, la medida elimina las limitaciones de consulta que existían sobre la documentación relativa al 23-F, permitiendo un estudio más profundo y contrastado de los hechos. Los ciudadanos acceden a información que anteriormente se encontraba clasificada como secreta bajo diversas leyes y acuerdos del Consejo de Ministros. No se prevén impactos económicos o regulatorios para empresas o particulares en su actividad cotidiana.
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