El Tribunal Constitucional suspende desde el 4 de febrero de 2026 la aplicación de varios artículos de la Ley 5/2024 de Galicia, incluyendo artículos sobre asistencia social, discapacidad y energía eólica. Esta medida se toma por inconstitucionalidad y se aplica a las partes legitimadas. La suspensión se extiende hasta el 30 de septiembre de 2025 para ciertos casos, según el análisis del recurso. La decisión se basa en la Providencia de 12 de febrero de 2026.
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Las administraciones gallegas pierden efectividad en la aplicación de las normas afectadas, lo que genera incertidumbre en procesos fiscales y sociales. Los ciudadanos afectados por las normas sobre asistencia social o discapacidad no podrán acceder a sus derechos mientras dure la suspensión. Los asesores fiscales deben ajustar sus procedimientos y comunicar a sus clientes la suspensión de las normas. Las empresas de energía y sectores vinculados a la producción de energía enfrentan interrupciones en sus procesos administrativos.
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