La Resolución de 26 de febrero de 2026 ordena la publicación de la derogación del Real Decreto-ley 2/2026, que establecía medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad social en materia tributaria. Se deja sin efecto también la modificación del art. 83 del RDLE 1/2025 y la relación con el art. 11 del RDLE 6/2024, cuya ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026 se cancela (art. 2). Este cambio afecta directamente a las bases tributarias y a los plazos de aplicación de ciertos regímenes fiscales.
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Las empresas y particulares que dependían de las medidas tributarias del RDLE 2/2026 pierden su aplicación desde la fecha de derogación. Las comunidades autónomas y administraciones locales que contaban con esos recursos de financiación territorial pierden su base legal. Los asesores fiscales deben revisar las bases tributarias afectadas y ajustar las declaraciones o planes de financiación. Los afectados deben actuar con urgencia para evitar incumplimientos o sanciones derivadas de la pérdida de efecto de normas previas.
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