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La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública analiza la negativa de una registradora a inscribir un decreto de adjudicación de una subasta judicial debido a la falta de pago del impuesto de plusvalía y a un recurso pendiente sobre la liquidación de intereses. El recurrente sostiene que el decreto de adjudicación es un título firme que consuma la transmisión del dominio y que el registrador no puede revisar el fondo de la resolución judicial ni condicionar la inscripción a incidentes económicos accesorios (art. 18 LH y art. 100 RH).
Para las empresas adjudicatarias en subastas judiciales, como Yummy Bites, SL, se reafirma que la transmisión del dominio es efectiva con el decreto de adjudicación firme, independientemente de recursos sobre intereses o deudas tributarias pendientes (art. 19 bis LH). Los registradores deben limitarse a verificar la congruencia formal del mandato judicial sin entrar en la valoración de la aplicación de la ley por parte del juez o del Letrado de la Administración de Justicia.
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