El Tribunal Constitucional admite en trámite el conflicto entre órganos constitucionales por la decisión de la Mesa del Congreso de no concluir inmediatamente los plazos de enmiendas en propuestas de ley del Senado que hayan superado una única prórroga (art. 91 del Reglamento del Congreso). Este reconocimiento abre un espacio jurídico para que el Senado exija la conclusión inmediata de esos plazos, pudiendo afectar la dinámica de tramitación legislativa en el Congreso.
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El Senado puede exigir la conclusión inmediata de plazos de enmiendas en propuestas que superen una prórroga, lo que podría acelerar el proceso legislativo en su favor. El Congreso enfrenta una presión por la interpretación de su propio reglamento. Los asesores de políticas legislativas deben monitorear el desarrollo del conflicto y preparar argumentos jurídicos para cada órgano. El Tribunal Constitucional no dicta una resolución, solo admite el conflicto en trámite.
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