La Resolución de 16 de junio de 2026 publica un Convenio entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña para actualizar el registro y censo de víctimas previstos en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y en la legislación catalana correspondiente. Este acuerdo establece la coordinación en sus respectivos ámbitos territoriales para garantizar la actualización del registro de víctimas. La publicación en el BOE se realiza conforme al artículo 48.8 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.
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Las administraciones públicas y la Generalitat de Cataluña deben coordinar y actualizar sus registros de víctimas en los plazos acordados, lo que implica un mayor esfuerzo administrativo y una mejora en la precisión territorial del registro. Los responsables de políticas de memoria democrática en ambos territorios deben asumir nuevas obligaciones de colaboración. Los asesores en derechos humanos y organizaciones de víctimas podrán aprovechar la actualización para mejorar la transparencia y la verificación de datos.
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