Servicios legales integrales para empresas

Cobertura legal completa

Una empresa necesita seguridad jurídica para crecer. Cada contrato firmado, cada empleado contratado, cada operación comercial y cada relación con proveedores y clientes tiene una dimensión legal que, si se descuida, puede convertirse en un problema costoso. Nuestro servicio de asesoramiento jurídico integral cubre todas las áreas críticas del derecho empresarial bajo un único equipo con criterio coherente.

Nos integramos en su operativa como si fueramos su departamento jurídico interno, con la ventaja de aportar la experiencia multisectorial que solo un despacho externo con una cartera diversa puede ofrecer. Conocemos su empresa, su sector y sus objetivos, y eso nos permite dar un asesoramiento contextualizado, no generico.

Áreas de práctica

• Derecho mercantil y societario: Constitución de sociedades, pactos de socios, juntas generales, modificaciones estatutarias, operaciones corporativas, gobierno corporativo
• Derecho laboral: Contratos de trabajo, despidos, ERTEs/EREs, negociación colectiva, planes de igualdad, prevención de riesgos, inspección de trabajo
• Contratación comercial: Redacción, revisión y negociación de contratos de compraventa, distribución, agencia, franquicia, suministro, prestación de servicios y colaboración
• Protección de datos y compliance: Adecuación al RGPD/LOPD, designación de DPD, programas de cumplimiento normativo, canal de denuncias, due diligence de compliance
• Propiedad intelectual e industrial: Registro de marcas y patentes, vigilancia, licencias, defensa frente a infracciones
• Resolución de conflictos: Negociación, mediación, arbitraje y litigacion en todas las jurisdicciones

Modelo de igualas vs. por asunto

Ofrecemos dos modalidades de colaboración adaptadas a las necesidades de cada empresa:

La iguala mensual es la opcion más eficiente para empresas con necesidades jurídicas recurrentes. Proporciona un coste fijo predecible, acceso inmediato al equipo legal y fomenta la consulta preventiva — que es siempre más barata que resolver un conflicto ya materializado.

La facturación por asunto es adecuada para empresas con necesidades puntuales o proyectos jurídicos concretos (una operación de M&A, un litigio específico, una reestructuración). En este caso, presupuestamos cada encargo de forma individualizada con un alcance y honorarios cerrados.

La mayoría de nuestros clientes comienzan con una iguala y presupuestan aparte las actuaciones extraordinarias que exceden la cobertura habitual.

La responsabilidad personal de los administradores: lo que la empresa no puede proteger

Uno de los riesgos más subestimados por los directivos de pymes españolas es la responsabilidad personal de los administradores de la sociedad. La responsabilidad limitada de la sociedad frente a terceros no protege al administrador de su responsabilidad personal derivada de determinadas conductas u omisiones.

El artículo 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores responden solidariamente de las deudas sociales contraídas a partir del momento en que la sociedad incurre en causa de disolución (pérdidas que reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social) y no convocan junta general para adoptar las medidas necesarias o solicitar el concurso de acreedores en el plazo de dos meses. Esta responsabilidad es personal, ilimitada y solidaria entre todos los administradores que estuvieran en el cargo en el momento de incurrir en causa de disolución.

En materia laboral, el artículo 13 de la Ley General de la Seguridad Social establece la responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas con la Seguridad Social en determinadas circunstancias. La AEAT también puede exigir a los administradores el pago de las deudas tributarias de la sociedad mediante el procedimiento de declaración de responsabilidad del artículo 43 de la Ley General Tributaria si se acredita que el administrador no adoptó las medidas necesarias para que la deuda tributaria se ingresara.

El asesoramiento jurídico preventivo —revisar periódicamente la situación patrimonial de la sociedad, actuar con diligencia ante señales de deterioro financiero, documentar adecuadamente las decisiones del órgano de administración— es la mejor protección de la que dispone un administrador frente a estos riesgos.

La contratación comercial: los errores más frecuentes en pymes españolas

La mayor parte de los conflictos empresariales que acaban en litigios tienen su origen en contratos mal redactados, contratos verbales o contratos con condiciones generales no negociadas. Las pymes españolas pierden cada año millones de euros en litigios que podían haberse evitado con una redacción contractual más cuidadosa.

Los errores más frecuentes son: la ausencia de cláusulas de resolución de disputas (qué tribunales o árbitros conocerán de los conflictos, ley aplicable, idioma del procedimiento); la inexistencia de cláusulas de limitación de responsabilidad (sin límite, cada incumplimiento puede derivar en una reclamación desproporcionada respecto al valor del contrato); la falta de condiciones generales de venta o compra que establezcan las reglas aplicables a todas las operaciones con clientes o proveedores; y la ausencia de mecanismos de modificación y terminación del contrato (qué ocurre si las circunstancias cambian, cómo se gestiona el fin de la relación).

La revisión de contratos antes de su firma es el servicio jurídico de mayor retorno sobre la inversión para una empresa: el coste de detectar y corregir un problema en la fase contractual es entre diez y cien veces inferior al de resolver el mismo problema en un litigio.

El cumplimiento de la normativa de protección de datos en empresas: obligaciones prácticas

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales (LOPDGDD) establecen un marco de obligaciones que afectan a prácticamente todas las empresas, independientemente de su tamaño. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar el 4% de la facturación anual global del ejercicio anterior o 20 millones de euros (el importe que sea mayor).

Las obligaciones más relevantes para las pymes son: el registro de actividades de tratamiento (documento interno que describe qué datos personales trata la empresa, con qué finalidad, durante cuánto tiempo y qué medidas de seguridad se aplican); las bases de legitimación para cada tratamiento (consentimiento, contrato, obligación legal, interés legítimo); las cláusulas de información a los interesados en contratos, formularios y políticas de privacidad; los contratos de encargo de tratamiento con los proveedores que acceden a datos personales de la empresa (gestoría, software HR, plataforma de email marketing); y la gestión de brechas de seguridad (notificación a la AEPD en 72 horas si la brecha puede afectar a derechos y libertades de las personas).

BMC realiza auditorías de protección de datos, elabora la documentación de cumplimiento (registro de actividades, políticas de privacidad, contratos de encargo) y asiste a las empresas en la gestión de incidentes y brechas de seguridad.

Litigación empresarial: estrategia y gestión de costes

Cuando el conflicto no se puede resolver por la vía negociada o mediada, el litigio judicial o arbitral es la última herramienta de resolución. Sin embargo, muchas empresas afrontan los litigios sin una estrategia clara, lo que conlleva costes descontrolados y resultados insatisfactorios.

En BMC, la gestión de litigios sigue un protocolo estructurado: análisis de probabilidades de éxito antes de iniciar cualquier procedimiento (evaluación honesta de la posición jurídica del cliente); estimación de costes totales del procedimiento (honorarios de abogado, procurador, peritos, tasas judiciales) versus el importe en disputa; estudio de las alternativas a la via judicial (mediación, arbitraje de la Cámara de Comercio, procedimiento monitorio, arbitraje de consumo); y definición de la estrategia procesal con hitos y plazos claros.

La jurisdicción mercantil en España es competente para los conflictos entre empresas, los litigios de sociedades mercantiles, la propiedad industrial y los concursos de acreedores. La jurisdicción laboral conoce de los conflictos entre empresas y trabajadores. El arbitraje es especialmente útil en contratos internacionales y disputas de alta complejidad técnica donde la confidencialidad y la especialización del árbitro aportan valor. BMC selecciona el foro y la estrategia más adecuados para cada conflicto.

La propiedad intelectual e industrial de la empresa: activos que hay que proteger

Las marcas, los diseños, los nombres de dominio, los desarrollos de software y las creaciones originales son activos intangibles que pueden representar una parte muy significativa del valor de una empresa. Sin embargo, muchas pymes españolas no protegen adecuadamente su propiedad intelectual e industrial, asumiendo riesgos que pueden materializarse en litigios costosos o en la pérdida del derecho exclusivo de uso de su marca o diseño.

El registro de marca en España ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) proporciona protección en todo el territorio nacional por un período de diez años renovable. Para empresas con actividad en la UE, el registro de marca de la Unión Europea ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) proporciona protección en los 27 estados miembros con una única solicitud. BMC gestiona el registro de marcas, la vigilancia frente a solicitudes conflictivas y la defensa frente a infracciones en España y en la UE.

Un aspecto frecuentemente olvidado es la propiedad intelectual en los contratos laborales y de prestación de servicios: los desarrollos realizados por empleados en el marco de su contrato de trabajo pertenecen por ley al empleador (artículo 51 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, LPI), pero los trabajos realizados por freelancers o contratistas independientes pertenecen al autor salvo pacto expreso en contrario. Sin una cláusula de cesión de derechos en el contrato de prestación de servicios, la empresa puede descubrir que el software o el diseño que ha encargado y pagado no le pertenece legalmente.

Resolución alternativa de conflictos: mediación y arbitraje empresarial

El arbitraje es el mecanismo de resolución de conflictos empresariales más utilizado en contratos internacionales y en sectores de alta complejidad técnica (construcción, ingeniería, finanzas). Ofrece ventajas significativas sobre la jurisdicción ordinaria: confidencialidad, rapidez (plazos de seis meses a dos años frente a los cuatro a ocho años habituales en los juzgados españoles), especialización del árbitro y posibilidad de ejecutar el laudo en más de 160 países gracias al Convenio de Nueva York de 1958.

La mediación empresarial es un proceso voluntario en el que un tercero neutral facilita la negociación entre las partes para alcanzar un acuerdo. En España, la mediación civil y mercantil está regulada por la Ley 5/2012 y su Reglamento. La mediación no requiere que las partes lleguen a un acuerdo (es voluntaria y confidencial), pero cuando se llega a un acuerdo, este tiene fuerza ejecutiva si se eleva a escritura pública ante notario. Es especialmente útil en conflictos entre socios de una misma empresa o entre empresa y cliente habitual donde la relación comercial merece preservarse.

BMC asesora a sus clientes sobre cuál es el mecanismo de resolución más adecuado para cada conflicto (negociación directa, mediación, arbitraje o jurisdicción ordinaria) y representa a sus intereses en cualquiera de estos foros, con el objetivo de obtener la mejor solución al menor coste y en el menor tiempo posible.