La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears ha acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias surgidas respecto a la disposición final trigésimo novena y la disposición final sexagésima sexta de la Ley 4/2026 (Anexo, punto 1). Para ello, se ha designado un grupo de trabajo encargado de proponer soluciones a la Comisión (Anexo, punto 2). El acuerdo ha sido comunicado al Tribunal Constitucional conforme a la Ley Orgánica 2/1979 (Anexo, punto 3).
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Para las empresas y promotores de proyectos estratégicos en las Illes Balears, la resolución de las discrepancias en la Ley 4/2026 es clave para la seguridad jurídica de sus inversiones. El inicio de negociaciones y la creación de un grupo de trabajo buscan destrabar posibles conflictos de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma (Anexo, puntos 1 y 2).
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