Un trabajador del SERMAS que también imparte cursos para la Dirección General de Función Pública pregunta si tiene uno o dos pagadores. La DGT determina que existen dos pagadores debido a la personalidad jurídica propia de cada entidad.
Cuestión planteada Existencia de uno o dos pagadores.
Para determinar la existencia de varios pagadores en la Administración Pública, se debe acudir a la personalidad jurídica del órgano o entidad pagadora. El SERMAS es un ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia, distinto de la Administración de la Comunidad de Madrid a través de su Dirección General de Función Pública. Por tanto, se consideran dos pagadores.
Esta consulta establece criterio vinculante para supuestos similares. A continuación, el impacto específico por perfil de contribuyente.
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS Consultas Vinculantes Documento 1 de 1 Documento seleccionado Nº de consulta V1322-25 Órgano SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Fecha salida 15/07/2025 Normativa LIRPF. Ley 35/2006. Art. 96. Descripción de hechos Indica el consultante trabajar como auxiliar administrativo en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) e impartir, en el mismo hospital donde trabaja, cursos correspondientes a la Dirección general de Función Pública de la Comunidad de Madrid. Cuestión planteada Existencia de uno o dos pagadores. Contestación completa La regulación de la obligación de declarar se recoge en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que en el ámbito que aquí interesa —referido únicamente a los rendimientos del trabajo y a la existencia de más de un pagador— exime de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyos rendimientos no excedan de 22.000 euros anuales, salvo que procedan de más de un pagador, en cuyo caso el límite anterior será de 15.876 euros siempre que las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales, si no se supera esta cantidad el límite se mantiene en los 22.000 euros. Para determinar, a efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la existencia de uno o más pagadores se hace preciso acudir a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reguladora de las retenciones. Tanto la Ley del Impuesto (artículo 99.2) como el Reglamento del Impuesto (artículo 76.1) al establecer quiénes están obligados a retener o ingresar a cuenta incluyen en primer lugar a “las personas jurídicas y demás entidades”, siendo este supuesto el que determina la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta en el supuesto de las Administraciones Públicas. Tal obligación se establece en relación con las propias personas jurídicas o entidades y no con respecto a los empleados, unidades administrativas... que pudieran gestionar los pagos que aquéllas realizan. Por su parte, para determinar —en el ámbito de las Administraciones Públicas— cuándo interviene un solo pagador o varios pagadores, se hace necesario acudir a la personalidad jurídica del órgano o entidad pagadora. Ello comporta distinguir entre: - La Administración General del Estado. - Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. - Las entidades que integran la Administración Local. - Las entidades, entes u organismos con personalidad jurídica propia que estén vinculados o dependan de las anteriores. De acuerdo con lo expuesto, en el caso consultado, nos encontramos con dos pagadores: el SERMAS — ente de Derecho Público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con personalidad jurídica propia—, por un lado, y la Administración de la Comunidad de Madrid a través de su Dirección General de Función Pública, por otro. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.