La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha asumido las conclusiones del informe de fiscalización sobre las ayudas de acción social concedidas por ayuntamientos de más de 100.000 habitantes en 2021 (punto 1). La resolución insta al Gobierno a definir indicadores de eficiencia, dotar de recursos adicionales para la gestión y diseñar herramientas informáticas para los ayuntamientos (punto 3). Asimismo, se solicita ajustar la Ley de Contratos del Sector Público a la realidad municipal y asegurar que la concurrencia competitiva sea el procedimiento ordinario (punto 3).
Esta normativa no afecta directamente al perfil pyme.
Esta normativa no afecta directamente al perfil autonomo.
Aplica a este perfil
punto 1
Esta normativa no afecta directamente al perfil gran empresa.
Para los ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes, la resolución señala deficiencias en la representatividad de sus ayudas y la necesidad de mejorar la planificación mediante planes estratégicos a tres años, especialmente en Badajoz y Albacete (punto 5). Los ayuntamientos de Logroño y Santander son instados a implementar aplicaciones informáticas para el seguimiento integral de subvenciones (punto 6). El Gobierno deberá revisar la financiación de la Administración local y los criterios de concesión directa frente a la concurrencia competitiva para evitar irregularidades (punto 3).
| Acción | Referencia | Plazo |
|---|---|---|
| Establecer mecanismos de planificación mediante planes estratégicos de subvenciones a tres años (Badajoz y Albacete) | punto 5 | |
| Implantar aplicaciones informáticas para la gestión integral de subvenciones (Logroño y Santander) | punto 6 |
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