La Ley 6/2026 de Asturias modifica la Ley 3/2021 de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales para proteger a los beneficiarios de ayudas frente a la devolución de prestaciones (art. 18 bis). La norma establece que no se podrá exigir el reintegro de las prestaciones percibidas cuando el error en su concesión o cuantía sea imputable a la Administración (art. 18 bis). Esta medida busca evitar la desprotección de colectivos vulnerables ante fallos administrativos.
Aplica a este perfil
art. 18 bis
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