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Esta Orden establece la distribución territorial de los créditos destinados a la gestión de las políticas de empleo por parte de las comunidades autónomas con competencias asumidas durante el año 2026. La norma se enmarca en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028 y la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. El objetivo es dotar de recursos financieros para la implementación de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los Planes Anuales para el Fomento del Empleo Digno.
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Para las Administraciones de las comunidades autónomas con competencias asumidas, la norma define la dotación presupuestaria estatal que podrán gestionar para ejecutar políticas activas de empleo (art. 1). Esto condiciona la capacidad de implementación de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y la provisión de medios para la formación y el acompañamiento de demandantes de empleo en sus respectivos territorios.
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