La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve un recurso interpuesto por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) contra la calificación de un registrador de la propiedad. El conflicto surge por la suspensión de la inscripción de diversos pactos en una escritura de préstamo hipotecario destinado a la construcción de viviendas de alquiler social (art. II). El recurso impugna específicamente cláusulas sobre tasación para subasta, definiciones de términos financieros y fórmulas de cálculo de intereses (art. III).
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art. II
Para las entidades de crédito (en este caso el ICO), la resolución afecta a la seguridad jurídica de los pactos contractuales en préstamos hipotecarios de carácter empresarial destinados a programas de vivienda social (art. II). La disputa sobre la inscripción de cláusulas de tasación para subasta y fórmulas de interés impacta en la capacidad de ejecución de las garantías hipotecarias. Para las sociedades promotoras, la calificación registral determina la eficacia de los términos financieros pactados en sus préstamos de construcción (art. II).
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