La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve un recurso interpuesto por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) contra la calificación de un registrador de la propiedad de Alicante. El conflicto surge por la suspensión de la inscripción de diversos pactos en una escritura de préstamo hipotecario empresarial destinada a la construcción de viviendas de alquiler social asequible (art. II). El recurso cuestiona la validez registral de cláusulas sobre tasación para subasta, definiciones contractuales y fórmulas de cálculo de intereses (art. III).
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art. II
Para las entidades financieras y promotoras inmobiliarias que operan con programas de vivienda social (como el Programa ICO Vivienda y Regeneración Urbana y Rural 2022-2025), esta resolución marca un precedente sobre la capacidad de inscribir pactos específicos en hipotecas sobre derechos de superficie (art. II). La disputa técnica sobre la inscripción de cláusulas de tasación, amortización y cálculo de intereses afecta la seguridad jurídica de las garantías hipotecarias empresariales (art. III).
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