Tratamiento fiscal de la pérdida patrimonial por amortización de acciones

La Dirección General de Tributos ha clarificado el momento en que debe computarse la pérdida patrimonial derivada de la amortización de la totalidad de las acciones de una sociedad. Este criterio resulta fundamental para las personas físicas que se encuentran en situaciones de alteración patrimonial por reducción de capital.

Qué ha resuelto la DGT

El organismo ha establecido que la amortización de la totalidad de las acciones de una sociedad constituye una pérdida patrimonial por el valor de adquisición de las mismas. El punto clave de la resolución es la temporalidad: esta pérdida debe imputarse al ejercicio fiscal en el que tuvo lugar la alteración patrimonial, es decir, en el momento en que se produjo la reducción de capital.

Asimismo, la DGT aborda la incidencia de las resoluciones judiciales. Se determina que la existencia de una sentencia que condena a indemnizar no altera el cómputo de la pérdida si dicha resolución es revocada posteriormente. Al no materializarse la indemnización, no se produce una ganancia patrimonial que deba compensar el escenario inicial.

Qué significa para ti

Si eres una persona física que ha sufrido la amortización de sus acciones, el momento para declarar la pérdida no es necesariamente cuando se obtiene una resolución judicial o una indemnización, sino cuando se produce la reducción de capital efectiva. Este criterio se fundamenta en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) y la Ley General Tributaria.

Para los contribuyentes, esto implica que el cómputo de la pérdida patrimonial está vinculado al hecho imponible de la alteración del patrimonio y no a eventos posteriores que puedan modificar la situación económica, como la revocación de sentencias.

Qué conviene hacer

Es necesario analizar con precisión el momento exacto en que se produjo la reducción de capital en su caso particular. Dado que la imputación de la pérdida depende de la fecha de la alteración patrimonial, se debe verificar la documentación que acredite dicha operación para asegurar que el cómputo se realiza en el ejercicio correcto según la normativa vigente.