Las empresas deberán diferir la deducibilidad de las prestaciones vitalicias a exadministradores

La naturaleza jurídica y económica de los pagos realizados a antiguos miembros de la administración ha generado dudas sobre el momento en que las sociedades pueden aplicar su deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades. La Dirección General de Tributos ha abordado esta cuestión para delimitar el tratamiento fiscal de las prestaciones vitalicias.

Qué ha resuelto la DGT

El órgano consultivo establece que la deducibilidad de una prestación vitalicia a un anterior administrador está condicionada a la naturaleza de la obligación asumida por la entidad. Si la prestación se califica como un compromiso por pensiones o como la cobertura de una contingencia análoga, el tratamiento fiscal debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

Bajo este supuesto, los gastos no son deducibles en el periodo en que se realiza la provisión contable, sino que la deducibilidad se desplaza al periodo en el que efectivamente se abonen las prestaciones. La Administración subraya que la valoración de la realidad económica del gasto, su tratamiento contable y la relación jurídica entre la sociedad y el administrador es materia de comprobación en fase de inspección.

Qué significa para ti

Para las sociedades que mantienen o han pactado este tipo de retribuciones, el impacto principal reside en el calendario fiscal. Si la prestación tiene carácter de compromiso por pensiones, la empresa no podrá reducir su base imponible en el momento en que reconozca la deuda o la provisión, sino que deberá esperar al flujo de caja de los pagos periódicos.

Este criterio implica que una incorrecta clasificación del gasto puede derivar en una diferencia temporal entre el resultado contable y el resultado fiscal, afectando a la gestión de la carga impositiva de la compañía.

Qué conviene hacer

Ante la existencia de estos acuerdos, es necesario realizar un análisis técnico que determine la naturaleza real de la obligación. Se debe evaluar si el pago responde a una retribución por servicios pasados o si encaja en la definición de compromiso por pensiones. Es fundamental asegurar que el tratamiento contable guarde coherencia con la realidad económica de la prestación para evitar contingencias en una eventual fase de comprobación por parte de la Administración.