La comisión inmobiliaria por una compraventa frustrada no es una pérdida patrimonial

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ha surgido la duda sobre si los gastos derivados de una operación de compraventa que no llega a formalizarse pueden ser tratados fiscalmente como una pérdida patrimonial. La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido un criterio que delimita la naturaleza de estos pagos.

Qué ha resuelto la DGT

La consulta planteada analizaba si la comisión de intermediación pagada a una agencia inmobiliaria, debido al desistimiento de una compra, podía computarse como una pérdida patrimonial no derivada de transmisiones patrimoniales. El órgano consultivo ha dictaminado que no es posible aplicar este tratamiento.

Según el criterio de la DGT, el pago de honorarios por la labor de intermediación en una compraventa que no se concreta se configura como una renta al consumo del contribuyente. Al no existir una transmisión de elementos patrimoniales que genere la pérdida, el gasto no encaja en la definición técnica necesaria para su deducción bajo este concepto.

Qué significa para ti

Este criterio afecta directamente a las personas físicas que, tras haber iniciado un proceso de adquisición de un inmueble, deciden desistir de la operación y deben abonar la comisión pactada con la inmobiliaria. Para estos contribuyentes, el importe pagado no podrá ser utilizado para reducir la base imponible del IRPF mediante la declaración de pérdidas patrimoniales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006.

En términos prácticos, el gasto se considera un coste de consumo personal y no una pérdida derivada de la gestión de activos patrimoniales, lo que impide su integración en la base imponible del ahorro.

Qué conviene hacer

Dado que la naturaleza de este gasto queda definida como una renta al consumo, es fundamental que los contribuyentes comprendan la distinción entre un gasto de gestión patrimonial y un gasto de consumo personal. Ante situaciones de operaciones inmobiliarias fallidas, es necesario valorar la documentación de los contratos de intermediación y los motivos del desistimiento para determinar el tratamiento fiscal aplicable a cada caso particular.