Impuesto sobre el Patrimonio: el dinero de la venta de un bien privativo no es común

La determinación de la titularidad de los bienes en el Impuesto sobre el Patrimonio es un aspecto crítico para evitar duplicidades o inclusiones indebidas en la base imponible. Recientemente, la Dirección General de Tributos ha clarificado el tratamiento fiscal del dinero obtenido tras la enajenación de un bien que pertenece exclusivamente a uno de los cónyuges.

Qué ha resuelto la DGT

La consulta planteada versaba sobre si un contribuyente debe incluir en su declaración del Impuesto sobre el Patrimonio las cantidades obtenidas por su cónyuge tras la venta de un bien privativo. La DGT ha resuelto que la titularidad de los bienes en este impuesto se rige por las normas de titularidad jurídica, lo que incluye el régimen económico matrimonial vigente.

De acuerdo con el Código Civil, los bienes que se adquieren en sustitución de otros privativos conservan dicha naturaleza. En consecuencia, el dinero resultante de la venta de una vivienda privativa pertenece únicamente al cónyuge que ha realizado la venta. Este importe no integra la base imponible del otro cónyuge, ya que no es un bien común ni de su titularidad jurídica.

Qué significa para ti

Este criterio es relevante para las personas físicas casadas, especialmente aquellas bajo el régimen de gananciales que posean bienes privativos. Significa que la transformación de un activo físico (como una vivienda) en un activo líquido (dinero en cuenta) no altera la naturaleza jurídica del bien original. Si el activo era privativo, el dinero obtenido también lo es, evitando que el cónyuge no propietario deba declarar dicho capital en su propia liquidación del impuesto.

Qué conviene hacer

Es fundamental mantener una correcta documentación que acredite la naturaleza privativa de los bienes y de los fondos obtenidos por su venta. La trazabilidad de los fondos es clave para demostrar ante la Administración que el dinero proviene de una sustitución de un bien privativo y no de la masa común. Se recomienda valorar cada situación patrimonial de forma individual para asegurar que la declaración refleje fielmente la titularidad jurídica de cada activo.