La Administración tributaria puede comprobar la vigencia de la representación voluntaria

La Dirección General de Tributos ha emitido un criterio relevante sobre la capacidad de la Administración para verificar la validez de la representación voluntaria en los procedimientos tributarios. Esta resolución aborda la incertidumbre sobre la vigencia temporal de los poderes otorgados para actuar ante la Hacienda Pública.

Qué ha resuelto la DGT

La consulta planteada se centraba en la acreditación y la vigencia temporal del poder otorgado para representar a un tercero. Ante la ausencia de una regulación específica en el Derecho tributario que determine cuánto tiempo es válido un poder de representación voluntaria, la DGT ha dictaminado lo siguiente:

• La Administración tributaria es plenamente competente para comprobar la acreditación de la representación voluntaria.
• Al no existir normas tributarias concretas sobre el régimen de vigencia de esta representación, se debe aplicar el Derecho supletorio.
• Dicha aplicación se fundamenta en el artículo 7.2 de la Ley General Tributaria (LGT).

Qué significa para ti

Este criterio tiene un impacto directo en las personas físicas que actúan mediante representación voluntaria ante la Administración. Significa que la validez de un poder no es una cuestión que la Administración deba aceptar sin examen, sino que tiene la facultad de verificar si la representación sigue siendo legítima y vigente en el momento de la actuación.

Para el contribuyente, esto implica que la documentación que acredita la facultad de actuar en nombre de otro debe cumplir con los requisitos de vigencia establecidos en el Derecho supletorio, evitando así posibles defectos de representación que puedan invalidar trámites o comunicaciones.

Qué conviene hacer

Es necesario asegurar que los poderes otorgados para la gestión de asuntos tributarios se encuentren actualizados y cumplan con la normativa aplicable. Dado que la Administración puede cuestionar la vigencia de la representación, es fundamental verificar la documentación antes de realizar cualquier actuación en nombre de terceros. Se recomienda valorar la situación particular de cada representación para evitar contingencias en los procedimientos administrativos.